Por Agencias
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció este lunes que eliminará el “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para los nicaragüenses, con una demora de 12 meses, hasta enero de 2019, y dará una extensión de 6 meses para los hondureños, tirando al techo del Congreso la pelota para una solución permanente.
La decisión, anunciada durante una conferencia telefónica con periodistas organizada a último minuto, inicia el repliegue escalonado de un programa creado por el Congreso en 1990 y que ha amparado de la deportación a poco más de 320 mil inmigrantes indocumentados de 10 países.
Funcionarios de alto rango de la Administración Trump explicaron que la secretaria interina del DHS, Elaine Duke, tomó esa determinación tras evaluar las condiciones sobre el terreno y realizar consultas con diversas agencias gubernamentales.
Según los funcionarios, que pidieron el anonimato, la decisión no se debe interpretar como una eliminación gradual del “TPS” sino que el “mensaje” de la Administración es que ha evaluado “cuidadosamente” las condiciones sobre el terreno para cada país beneficiado.
La realidad es que en el caso de los nicaragüenses, los permisos que vencían el 5 de enero de 2018 ahora vencerán el 5 de enero de 2019, y así el DHS está dando esta “ventana” de tiempo para fomentar una “transición ordenada” hacía el fin de la designación del “TPS” para este grupo.
Eso les dará tiempo para buscar alternativas legales para permanecer en el país, si no surgen esas opciones, preparar su salida del país y ayudar al gobierno de Managua a facilitar su reintegración civil, explicaron.
En el caso de los cerca de 57 mil hondureños, Duke aún no ha tomado una determinación final sobre si extender o retirarles el “TPS”, aunque por el momento dará una extensión de seis meses hasta el 5 de julio de 2018.
En ambos casos, los “amparados” tendrán que reinscribirse en el “TPS” a través de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) para recibir esa última prórroga.
El “TPS” es un beneficio migratorio en pie desde 1990 que protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países de origen por conflictos civiles, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias.
De acuerdo a datos del “Congressional Research Service” (CRS), en la actualidad, son 10 los países beneficiados por el “TPS” (El Salvador, Honduras, Haití, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, y el Yemen), pero los tres primeros son tienen los mayores números de sus ciudadanos bajo el programa.
CONTRADICCIONES
Curiosamente, las cifras que maneja la Administración son distintas a las de los gobiernos afectados. Mientras USCIS dice que hay poco más de 5,300 nicaragüenses bajo el “TPS”, el gobierno de Nicaragua sitúa la cifra en poco más de 2,500, debido a que muchos ajustaron su estatus, no renovaron sus permisos, les fueron revocados, o fueron deportados.
Los funcionarios precisaron que el gobierno de Nicaragua no hizo una solicitud formal para extender el TPS y que, en todo caso, las condiciones causadas por el huracán “Mitch” en 1999 “ya no existen” y no se justifica la continuidad del alivio migratorio.
Según los funcionarios, el DHS hará una determinación final sobre Haití, que ya había recibido mayo pasado una prórroga de seis meses, para finales de este mes, mientras que la decisión final para los salvadoreños se prevé para el próximo 8 de enero. Esto se debe a que, por ley, el gobierno debe anunciar su decisión 60 días antes de que venzan los permisos.
¿ARREGLO PERMANENTE?
Sólo el Congreso puede ofrecer una solución permanente para los “beneficiados del TPS”, y la Administración está dispuesta a cooperar con los legisladores para lograr esa meta, afirmaron.
Un grupo de legisladores demócratas, entre estos Nydia Velázquez, presentó la semana pasada una iniciativa para proteger a los “beneficiados del TPS” que queden expuestos a la deportación cuando termine su “TPS”, pero, en el clima político actual, ésta tiene casi nulas posibilidades de ser debatida.
El anuncio de la Administración confirmó los temores de activistas de la comunidad inmigrante y de los propios “amparados”, quienes llevaban meses apostados frente a la Casa Blanca, los pasillos del Congreso y la sede del DHS en Washington, en busca de una nueva prórroga.
Si algo queda claro del anuncio de esta semana es que la Administración ha abandonado el enfoque humanitario en su política migratoria, al insistir en que el “TPS” siempre fue un parche “temporal” y sus beneficiarios deben ahora levantar ancla y preparar su salida.
Poco han servido los argumentos económicos y morales sobre las contribuciones de estas miles de personas, tomando en cuenta además de que han hecho sus vidas en Estados Unidos, tienen en su conjunto 273 mil hijos nacidos en este país, han comprado casas, establecido negocios y son una fuerza laboral vital. ν
