Por Redacción
Redaccion@latinocc.com
El Gobierno del presidente Donald Trump decidió este jueves impugnar la Proposición 50 de California, una medida aprobada por los votantes que permitiría rediseñar los mapas electorales antes de las elecciones intermedias de 2026. La intervención coloca al Departamento de Justicia en el centro de una batalla clave por el control de la Cámara de Representantes.
La iniciativa, aprobada la semana pasada, autoriza a los legisladores demócratas a reemplazar las líneas electorales trazadas por la comisión independiente del estado. Las nuevas líneas volverían competitivos cinco distritos actualmente en manos republicanas. En respuesta, el Partido Republicano de California y grupos aliados acudieron de inmediato a los tribunales para frenar el proceso de redistribución.
La decisión del Gobierno federal de sumarse a la demanda representa una escalada significativa del conflicto legal. Si la acción prospera, podría descarrilar la estrategia demócrata de contrarrestar los esfuerzos republicanos —impulsados por Trump— para asegurar su mayoría mediante maniobras de redistribución a mitad de década en varios estados.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron ante un juez federal del distrito central de California que la Proposición 50 no se presentó a los votantes como un plan basado en criterios raciales, cuando, aseguran, ese era el verdadero enfoque. Sostienen que el uso de la raza para trazar distritos es inconstitucional.
“Nuestra Constitución no tolera este manipuleo racial de distritos”, escribió el Departamento de Justicia. “Debido a que el mapa de la Proposición 50 sí lo hace, Estados Unidos solicita respetuosamente que este tribunal prohíba su uso en las elecciones de 2026 y en procesos futuros”.
El gobernador Gavin Newsom, promotor de la medida, reaccionó a la demanda mediante su portavoz, Brandon Richards. “Estos perdedores perdieron en las urnas y pronto también perderán en la corte”, afirmó.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, calificó el plan de California como una “descarada toma de poder que pisotea los derechos civiles y se burla del proceso democrático”. Según Bondi, el esfuerzo de Newsom busca “silenciar a millones de californianos”.
El 64% de los votantes aprobó la medida
La Proposición 50 fue aprobada por más del 64% de los votantes. Los demócratas argumentan que la redistribución es necesaria para contrarrestar el nuevo mapa congresional de Texas, donde los republicanos, por orden política de Trump, redibujaron distritos para intentar ganar cinco escaños adicionales.
Mientras Texas pudo modificar sus mapas mediante legislación, California requirió una enmienda constitucional para suspender, de manera temporal, la labor de su comisión independiente. Newsom se convirtió en el rostro de la campaña, acompañado por figuras como el expresidente Barack Obama.
El esfuerzo demócrata fue ampliamente financiado y presentado como clave para las aspiraciones del partido de recuperar la Cámara en 2026.
No es común que el Gobierno federal intervenga en casos electorales. Bajo la administración Biden, el Departamento de Justicia participó principalmente en litigios sobre depuración de registros de votantes y restricciones de voto en estados liderados por republicanos. La participación en el caso de California marca un giro notable hacia disputas de redistribución.
Por ahora, el proceso judicial se mantiene en sus primeras etapas. Newsom y los demás funcionarios estatales acusados aún no han respondido formalmente a las alegaciones y el juez no ha establecido un calendario de audiencias. A la Comisión de Campaña Congresional Demócrata se le permitió intervenir para defender la Proposición 50.
Trump impulsa maniobras similares en otros estados
La intervención del Gobierno en el caso coincide con el llamado de Trump a legisladores estatales republicanos para reajustar sus mapas antes del próximo otoño. Su objetivo es fortalecer una mayoría republicana reducida en la Cámara.
La participación del Departamento de Justicia tampoco es inédita este año. En julio, altos funcionarios federales enviaron una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, y al fiscal general Ken Paxton, expresando “serias preocupaciones” sobre la legalidad de varios distritos del nuevo mapa estatal. Un mes después, varios de esos distritos fueron modificados.
El litigio en California podría definir el alcance del poder de los estados —y del Gobierno federal— en la redistribución de distritos, así como influir de forma directa en el equilibrio de poder en las elecciones intermedias de 2026.
