Por Redacción
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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a casi 200,000 personas en los primeros siete meses de la administración del presidente Donald Trump, según un alto funcionario de Seguridad Nacional. La agencia se encamina a registrar su nivel más alto de deportaciones en al menos una década, aunque todavía por debajo de la meta establecida por la Casa Blanca.
En total, el gobierno ha contabilizado cerca de 350,000 deportaciones desde enero, incluyendo las realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Guardia Costera y casos de autodeportaciones. Antes de que Trump asumiera, ICE ya había registrado 71,400 deportaciones entre octubre y diciembre de 2024, lo que sitúa a la agencia en camino a superar las 300,000 expulsiones en el año fiscal 2025, que concluye el 30 de septiembre. La última vez que ICE alcanzó una cifra similar fue en 2014, bajo el gobierno de Barack Obama.
Deportaciones y frustración interna
La CBP registró más de 132,000 deportaciones este año, mientras que las autodeportaciones sumaron unas 17,500. Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró en un comunicado que estas cifras reflejan “un progreso histórico” en la promesa de Trump de endurecer la política migratoria.
No obstante, altos cargos de la administración reconocen frustración con ICE, debido a que los arrestos en el interior del país se mantienen entre 1,000 y 2,000 diarios, por debajo del objetivo presidencial de 3,000. A pesar de que las detenciones se han duplicado respecto al gobierno de Joe Biden, el cumplimiento de las metas enfrenta limitaciones de personal y recursos.
Financiamiento sin precedentes
Trump prometió durante su campaña una deportación masiva y un millón de expulsiones anuales. Aunque el ritmo actual representa un aumento significativo, la administración ha tenido que reforzar operaciones en ciudades como Los Ángeles y Washington para acercarse a ese objetivo.
El ICE recibirá casi 75,000 millones de dólares hasta 2029, de los cuales 45,000 millones se destinarán a ampliar la capacidad de los centros de detención migratoria. Los 30,000 millones restantes se usarán para operaciones de arresto y traslado de inmigrantes.
El DHS también ha invertido en campañas publicitarias para promover la salida voluntaria del país, ofreciendo incentivos financieros. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó en una reunión del Gabinete que las cifras reflejan el “contundente mensaje” del presidente Trump.
