Inmigración

Por Abbe Kingston
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La acción ejecutiva del presidente Obama que beneficia a unos 5 millones de personas indocumentadas ha sido objeto de ataques, tanto del Juez de una Corte Federal de Texas, Andrew Handen, como de los congresistas republicanos.

En el Congreso, la oposición a la orden ha dado como resultado el posible cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El pasado viernes 27 de febrero, el Senado aprobó a última hora un proyecto de ley bipartidista para darle dinero al DHS sólo por una semana.

La prórroga de una semana es un esfuerzo para presionar a la Cámara de Representantes a actuar después que un primer intento para financiar la agencia fuese rechazado en votación.

En respuesta a la decisión del juez de Texas, el Departamento de Justicia (DOJ) sometió una moción de suspensión de emergencia de la medida cautelar.

Si la moción es concedida por la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Nuevo Orleans, el DSH será capaz de recibir las solicitudes para la versión ampliada del del Programa de acción diferida “DACA” como estaba previsto originalmente.

La Casa Blanca mantiene su compromiso con la implementación de dicho programa (para Llegados en la Infancia) y del “DAPA (para Padres de Ciudadanos y Residentes Permanentes).

Si el Congreso no aprueba el presupuesto anual del DHS, más de 200 mil empleados del DHS quedarán en un limbo, pero la mayoría estaría obligado a trabajar sin paga, ya que protegen las fronteras y puertos de la nación y ejecutan programas del USCIS, de Aduanas y brindan seguridad en aeropuertos.

El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeb Johnson, ha advertido que trabajar sin un cheque de pago podría causar dificultades para muchos en el DHS, y alterar en gran medida su funcionamiento.

El apoyo al programa de acción diferida ha ido creciendo, por ejemplo la Junta de Supervisores de Los Ángeles ha votado a favor de la creación de un grupo de trabajo para ayudar a implementar el DACA del gobierno del Presidente Obama.

La propuesta de crear un nuevo grupo experto de apoyo a los gobiernos condales para trabajar juntos en la “aplicación óptima de la orden de inmigración ejecutiva de Obama”.

Específicamente departamentos declarados como asuntos de los consumidores, el del Registro Civil y otros que están dirigidos a ayudar a los inmigrantes con información y todo lo que necesiten para aplicar a los programas y ayuda pública.

Así, un programa similar de asistencia a solicitantes que califican bajo la orden ejecutiva sería un paso lógico y bienvenido en los condados de la Costa Central.

En la actualidad sigue habiendo una gran confusión con respecto a las prioridades de control actuales ejecutados por el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Como parte de la orden ejecutiva, el presidente eliminó el polémico programa “Comunidades Seguras” y lo reemplazó con otro programa conocido como el “Programa de Cumplimiento de Ley Primario” (PEP).

Bajo el Programa de Comunidades Seguras” se garantizaba que casi todos, si no todos, los individuos en la cárcel del condado fueran entrevistados por agentes del ICE para ponerlos en “orden de detención”, incluso por delitos menores.

Bajo el PEP propuesto, se centrará en personas condenadas por delitos graves o delitos menores “significativos”, es decir, bajo esta propuesta la orden de detención del ICE sería eliminada excepto cuando se den delitos graves.

Hasta antes del fallo del juez Handen, los agentes del ICE locales no detenían a las personas que cometieron delitos menores si aparecían elegibles para el programa DAPA.

Con el presente bloqueo a los programas del DAPA y DACA, se prevé que el ICE volverá a centrarse en “Comunidades Seguras”, emitiendo órdenes de detención por delitos, incluidos aquellos leves.

Las personas elegibles para los nuevos permisos de conducir de la ley AB60 deben aprovecharla y sacar una licencia de conducir válida, sin embargo, aquellos individuos con delitos anteriores, incluyendo violaciones a ordenes de deportación deberían proceder con cautela antes de aplicar a los permisos de manejo.

Es recomendable para todos aquellos que potencialmente califiquen para el DAPA, conseguir lo más pronto posible todos los documentos necesarios para aplicar.

En particular, los individuos con récord criminal deben obtener copias de todos los documentos judiciales oficiales, mientras que las personas con órdenes de deportación anteriores u otras sanciones del USCIS deben conseguir copias de los archivos del USCIS mediante la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Obtener documentos de apoyo lo más pronto posible es ideal para evitar retrasos innecesarios en el proceso de aplicación a uno de los programas, en caso que el Tribunal de Apelaciones revoque la medida cautelar emitida en Texas. ν

Abbe Kingston es un abogado en ley migratoria con más de 35 años de experiencia y uno de los socios del bufete, Kingston, Martínez & Hogan LLP Kingston, Martinez & Hogan LLP.