Por Redacción
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Un operativo anunciado por la Administración de Control de Drogas (DEA) como un “golpe histórico” contra el Cartel de Sinaloa en Nueva Inglaterra ha generado dudas entre expertos y funcionarios locales, luego de que varias detenciones resultaran ser parte de una investigación simulada sin órdenes judiciales ni respaldo de cortes federales. El anuncio, realizado a finales de octubre, afirmaba que 171 presuntos “miembros de alto rango” habían sido arrestados en una operación coordinada con agencias estatales y municipales. Sin embargo, documentos revisados y declaraciones posteriores ponen en entredicho la veracidad de la información.
La oficina de la DEA en Boston aseguró que el operativo formaba parte de una estrategia nacional de la administración de Donald Trump para “desmantelar las redes logísticas y financieras” de los cárteles de la droga que operan en Estados Unidos. El comunicado, difundido a través de la plataforma X, fue replicado por medios oficiales y citado como uno de los mayores éxitos en la lucha contra el narcotráfico. Pero en los días siguientes, autoridades judiciales en Massachusetts y Maine informaron que no existían registros de los supuestos arrestos ni órdenes de detención emitidas por jueces federales.
Fallas de coordinación y ausencia de registros oficiales
De acuerdo con funcionarios de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional consultados por The Boston Globe, el anuncio fue producto de una “mala comunicación interna” entre equipos de inteligencia y oficinas de campo. La DEA habría contabilizado como “arrestos” a 171 individuos que habían sido objeto de interrogatorios informales, redadas fallidas o simulaciones de entrenamiento en zonas portuarias. Ninguna de las personas mencionadas se encuentra actualmente bajo custodia federal, y la mayoría de los supuestos involucrados nunca fueron acusados formalmente.
“Fue una presentación precipitada de resultados que no existían”, señaló un funcionario judicial bajo condición de anonimato. “El informe se elaboró antes de que se completaran las verificaciones de identidad y el cruce de datos con las agencias estatales”.
El Departamento de Justicia no ha emitido comentarios públicos sobre las inconsistencias, mientras que la DEA se limitó a declarar que “revisará los procedimientos internos” para evitar errores en futuras operaciones. Aun así, la controversia ha suscitado críticas sobre la transparencia de las agencias federales y el uso político de las cifras relacionadas con el narcotráfico.
La Casa Blanca, por su parte, defendió la actuación de la DEA, indicando que el operativo “forma parte de un esfuerzo sostenido para proteger la frontera sur y reducir el flujo de fentanilo hacia comunidades estadounidenses”. Portavoces de la administración Trump aseguraron que “cualquier revisión posterior no invalida la gravedad de las amenazas” que enfrenta el país.
Reacciones en América Latina y cuestionamientos diplomáticos
El gobierno de México reaccionó con cautela ante los informes contradictorios. La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información oficial a Washington sobre la identidad de los supuestos detenidos y la naturaleza de las acusaciones. “De confirmarse que no hubo detenciones reales, estaríamos ante un caso de manipulación informativa que afecta la cooperación bilateral”, indicó un diplomático mexicano con conocimiento del caso.
Analistas en temas de seguridad señalaron que el operativo se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Trump para mostrar resultados tangibles en materia de narcotráfico antes de las elecciones de medio término. “El discurso de ‘mano dura’ contra los cárteles es una herramienta política eficaz, pero cuando se basa en cifras infladas o procedimientos irregulares, se erosiona la credibilidad de las instituciones”, afirmó la investigadora Emily Hansen, del Centro de Estudios de Política de Seguridad de Harvard.
El caso también ha sido seguido de cerca por legisladores demócratas en el Congreso, quienes solicitaron la comparecencia de altos funcionarios de la DEA y del Departamento de Justicia para aclarar los hechos. El senador por Massachusetts, Ed Markey, pidió una “auditoría urgente” sobre la operación, mientras que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez calificó la situación como “un ejemplo peligroso de desinformación institucional”.
En el ámbito internacional, la Unión Europea expresó preocupación por la falta de transparencia en las acciones antinarcóticos de Estados Unidos. Durante la reciente cumbre CELAC-UE en Santa Marta, Colombia, varios mandatarios latinoamericanos mencionaron el caso como una señal de los “riesgos de la militarización de la lucha antidrogas sin mecanismos de control civil”.
Mientras tanto, la opinión pública en Estados Unidos se ha polarizado. Algunos sectores conservadores respaldan la versión oficial, insistiendo en que los detalles operativos no deben divulgarse por razones de seguridad nacional. Otros, incluidos antiguos agentes de la DEA, reconocen que el manejo del caso ha sido “un error de comunicación que podría costar años de credibilidad”.
Expertos en derecho internacional advierten que, de confirmarse irregularidades, podrían surgir demandas civiles por detenciones arbitrarias o difamación contra ciudadanos que fueron erróneamente vinculados con organizaciones criminales. Hasta el momento, no se ha divulgado la identidad de los supuestos “detenidos”, ni las jurisdicciones en las que habrían ocurrido las operaciones.
Fuentes del Congreso confirmaron que el Comité de Supervisión y Reforma planea abrir una investigación formal antes de fin de mes para determinar si la DEA violó protocolos de información pública o incurrió en abuso de autoridad al difundir datos sin verificación judicial.
El escándalo recuerda episodios previos en los que agencias federales fueron cuestionadas por exagerar cifras de detenciones o incautaciones. En 2019, un informe interno del Departamento de Justicia reveló que más del 20% de las operaciones reportadas como “éxitos” por la DEA no habían culminado en arrestos efectivos ni procesos judiciales.
Aunque la administración Trump mantiene que la operación en Nueva Inglaterra “fue legítima y necesaria”, la falta de evidencias concretas y la ausencia de registros judiciales continúan generando dudas en el ámbito político y diplomático.
La comunidad internacional sigue a la espera de un informe oficial que aclare si el operativo fue una acción real, una simulación fallida o una estrategia de comunicación política.
