Por Redacción
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Un juez federal ordenó a la administración del presidente Donald Trump actualizar el sitio web de inmigración para reflejar que más de 600,000 venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) cuentan con permiso legal para vivir y trabajar en Estados Unidos.
El juez de distrito Edward Chen emitió la orden el jueves, indicando que su fallo del 5 de septiembre a favor de los beneficiarios del TPS entró en vigor de inmediato. Según abogados de los demandantes, muchos venezolanos con ese estatus permanecían detenidos o no podían regresar a sus empleos porque el portal oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) no había sido actualizado.
Antecedentes del fallo
El 5 de septiembre, Chen dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, canceló ilegalmente las extensiones de TPS otorgadas previamente por la administración de Joe Biden a 1.1 millones de venezolanos y haitianos.
El TPS es una protección temporal que el secretario de Seguridad Nacional puede conceder a ciudadanos extranjeros si sus países de origen atraviesan crisis políticas, desastres naturales o condiciones que los hacen inseguros para regresar.
William Weiland, abogado del Departamento de Justicia, argumentó que el fallo no entraba en vigor de inmediato a menos que el juez lo ordenara expresamente, y que Chen nunca exigió la actualización del sitio web gubernamental.
Pero el juez respondió que la regla citada por el gobierno no aplicaba en este caso. También rechazó una moción de la administración Trump que buscaba suspender la decisión mientras se desarrolla el proceso de apelación.
Impacto en la comunidad venezolana
Los abogados de los demandantes señalaron que los beneficiarios del TPS corren riesgo de perder sus empleos y enfrentar detenciones innecesarias.
En una declaración judicial, un venezolano detenido en San Antonio relató que no sería liberado hasta que la información en el portal de USCIS se actualizara. Otro testimonio provino de un trabajador de un almacén de Amazon con tres años de empleo, a quien recursos humanos le informó que una copia de la orden judicial y una carta de su abogado no eran suficientes para validar su autorización laboral.
El caso resalta el efecto inmediato que las decisiones judiciales pueden tener sobre comunidades migrantes y plantea un nuevo punto de tensión entre la administración Trump y los tribunales federales en torno a la política migratoria.
