Por Redacción
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Una jueza federal de Colorado ha ordenado a la Administración de Donald Trump notificar con al menos 21 días de antelación y en su idioma nativo a los migrantes que serán deportados, marcando un nuevo revés legal para el expresidente y sus controvertidas políticas migratorias.
La jueza Charlotte Sweeney, del Distrito de Colorado, emitió el fallo este martes en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que representa a migrantes venezolanos deportados recientemente a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Según la orden, el Gobierno federal debe notificar no solo a los migrantes, sino también a sus abogados, y ofrecerles tiempo suficiente para apelar judicialmente cualquier expulsión. Esta medida se produce tras el caso de 238 migrantes catalogados como “criminales” y enviados en marzo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, en un acuerdo con el presidente Nayib Bukele que incluye pagos de hasta $20,000 por persona albergada en la megacárcel.
Hasta ahora, los migrantes eran informados de su deportación apenas 24 horas antes del vuelo, y solo mediante formularios en inglés. La ACLU argumentó ante la Corte Suprema que estos traslados violaban el debido proceso, dejando a los deportados sin la oportunidad de apelar ni de contactar a sus abogados.
“Trasladar a una persona a una posible cadena perpetua sin juicio, con un formulario en inglés que no explica sus derechos, es inadmisible”, denunció la organización en su presentación judicial.
La jueza Sweeney no solo impuso la restricción temporal a estas deportaciones, sino que ordenó que las notificaciones se emitan “en un idioma que el individuo entienda”, subrayando el derecho de los migrantes a ser informados de manera clara y con tiempo suficiente.
“El debido proceso es fundamental para el estado de derecho en este país”, dijo Tim Macdonald, director legal de la ACLU de Colorado, a CBS News. “El Gobierno ha mostrado un desprecio flagrante por este derecho civil esencial”, afirmó, al tiempo que advirtió que el intento de evadir el proceso judicial “es una amenaza para todos”.
La política migratoria de Trump ha buscado acelerar deportaciones en masa, enfocándose particularmente en migrantes vinculados a organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Sin embargo, activistas y organizaciones internacionales han señalado graves irregularidades legales.
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló que su organización ha documentado deportaciones efectuadas pese a órdenes judiciales que las prohibían, y denunció casos de expulsiones “por error”, como la del salvadoreño Kilmar Abrego García, cuyos abogados exigen su repatriación inmediata.
“Cuando movemos la línea del debido proceso para los migrantes, corremos el riesgo de moverla para todos”, dijo Pappier.
Añadió que los migrantes detenidos en El Salvador no pueden comunicarse con sus familias ni con representación legal, y que muchos no tienen forma de apelar su detención.
El expresidente Trump no ha ocultado su intención de acelerar las deportaciones sin intervención judicial. En su red Truth Social escribió esta semana que sería “imposible juzgar a todos” los casos de deportación, y que “tomaría 200 años procesarlos a todos legalmente”.
La decisión de la jueza Sweeney representa el primer fallo judicial que regula directamente el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la nueva administración. De momento, detiene temporalmente los vuelos de deportación hacia El Salvador, mientras el caso avanza en tribunales.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han celebrado la medida como un freno necesario ante lo que consideran una política que atenta contra los principios legales fundamentales de Estados Unidos.
