Por Agencias
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El Gobierno de Biden solicitó el viernes a la Corte Suprema que le permita implementar una guía que priorice la deportación de personas ilegales en el país que representan el mayor riesgo para la seguridad pública.
La solicitud de emergencia al tribunal sigue a las decisiones contradictorias de los tribunales federales de apelaciones en los últimos días sobre una directiva de septiembre del Departamento de Seguridad Nacional que detuvo la deportación a menos que las personas hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
La corte federal de apelaciones de Cincinnati anuló la orden de un juez de distrito que suspendió la política en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.
Pero en una demanda separada presentada por Texas y Luisiana, un juez federal de Texas ordenó que se suspendiera a nivel nacional la guía y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.
La administración recurrió a la Corte Suprema en este último caso, solicitando que se permitiera implementar la política en todo el país, o al menos, en todas partes fuera de Texas y Louisiana.
La orden del juez “está interrumpiendo los esfuerzos del DHS para concentrar sus recursos limitados en los no ciudadanos que representan la amenaza más grave para la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad de las fronteras de nuestra nación”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en la presentación de la Corte Suprema.
