Por Agencias
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La Corte Suprema de Estados Unidos extendió este martes la suspensión temporal de la aplicación de la polémica ley de inmigración de Texas, la cual permite a las fuerzas del orden del estado arrestar y detener a personas sospechosas de entrar ilegalmente en el país.
Sin esta decisión del alto tribunal, la ley de Texas habría entrado en vigor el miércoles. Ahora, con las nuevas órdenes administrativas en curso, su aplicación permanecerá en pausa hasta el lunes.
El juez Samuel Alito emitió las recientes órdenes administrativas, que darán a la Corte tiempo adicional para revisar la información del caso y no indican necesariamente hacia qué lado se inclinan los jueces sobre la petición de fondo.
El Gobierno de Joe Biden y otros presentaron una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema el 4 de marzo pidiendo a los jueces que bloquearan la aplicación de la ley.
La Ley 4 del Senado, promulgada por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en diciembre, suscitó de inmediato la preocupación de los defensores de los migrantes por el aumento de los perfiles raciales, así como de las detenciones e intentos de deportación por parte de las autoridades estatales en Texas, donde los latinos representan el 40% de la población.
El Departamento de Justicia argumentó que la ley alteraría «profundamente» el estado de las cosas «que ha existido entre Estados Unidos y los Estados en el contexto de la inmigración durante casi 150 años».
Un juez federal de Austin, Texas, había bloqueado la aplicación de la ley por parte del Gobierno estatal. Pero un tribunal federal de apelaciones concedió una suspensión temporal de la decisión del tribunal inferior y dijo que entraría en vigor el 10 de marzo si la Corte Suprema no actuaba.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, y otros funcionarios dijeron el lunes a la Corte Suprema que la «Constitución reconoce que Texas tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el Estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad».
Los funcionarios estatales describieron a Texas en los documentos judiciales como «la defensa de primera línea de la nación contra la violencia transnacional» y dijeron que el estado se ha visto «obligado a hacer frente a las consecuencias mortales de la incapacidad o falta de voluntad del Gobierno federal para proteger la frontera».
El caso representa el más reciente ejemplo de cómo el Gobierno de Biden recurre a la Corte Suprema en su actual batalla con Texas en materia de inmigración. A principios de este año, el alto tribunal otorgó una victoria temporal al Gobierno al anular una orden de un tribunal inferior que prohibía a los agentes federales retirar el alambre de espino que las autoridades de Texas habían desplegado a lo largo de una parte de la frontera entre Estados Unidos y México.
