Por Redacción
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La Corte Suprema de Estados Unidos mostró señales de inclinarse a favor de ampliar el poder presidencial para destituir a funcionarios de agencias federales independientes, una decisión que podría redefinir la estructura del gobierno y dar más control directo al presidente Donald Trump sobre organismos clave.
Durante la audiencia del lunes, los jueces conservadores parecieron receptivos a la petición de la administración para invalidar un fallo de 1935 que limita la capacidad presidencial para remover a miembros de juntas directivas sin causa justificada. El debate judicial abrió un nuevo capítulo en la disputa sobre la autoridad ejecutiva y la independencia burocrática.
Debate sobre una doctrina de casi un siglo
La discusión giró en torno al precedente conocido como Humphrey’s Executor, una decisión unánime emitida hace 90 años que establece que los presidentes solo pueden destituir a comisionados de ciertas agencias por “ineficiencia, negligencia en el deber o malversación en el cargo”. Esa restricción ha sido un pilar en la defensa de la autonomía de organismos como la Comisión Federal de Comercio (FTC), la Junta Nacional de Relaciones Laborales o la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, describió el histórico fallo como “una cáscara seca”, sugiriendo que la doctrina podría estar obsoleta. Sus comentarios reflejaron un tono crítico hacia las limitaciones impuestas al poder ejecutivo y alinearon su postura con la de la administración Trump.
Los jueces liberales advirtieron sobre los riesgos de desmantelar ese precedente. La jueza Ketanji Brown Jackson expresó preocupación por el impacto que tendría permitir destituciones sin restricciones, afirmando que el presidente podría “despedir a todos los científicos, los médicos, los economistas y los doctores y reemplazarlos con leales y personas que no saben nada”. Para ella, la medida socavaría décadas de experiencia técnica en las agencias.
El abogado del gobierno, D. John Sauer, defendió la decisión de Trump de destituir sin causa a Rebecca Slaughter, comisionada de la FTC, e instó a los jueces a anular el precedente. Argumentó que Humphrey’s Executor “no ha resistido la prueba del tiempo” y que ha permitido la creación de una “cuarta rama sin cabeza” del gobierno que, según él, opera sin responsabilidad política clara.
Funcionarios despedidos y el posible alcance del fallo
Los seis jueces conservadores del máximo tribunal, tres de ellos nombrados por Trump en su primer mandato, ya han mostrado apoyo previo a la posición de la administración. Han permitido que Slaughter y otros directivos removidos sigan fuera de sus cargos mientras continúan sus desafíos legales, una señal que apuntaría a la validación de la autoridad presidencial.
Trump ha destituido además a miembros de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, de la Junta de Protección del Sistema de Mérito y de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor. Sin embargo, dos funcionarias han permanecido en sus puestos pese a los intentos de removerlas: Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, y Shira Perlmutter, funcionaria de la Oficina de Derechos de Autor de la Biblioteca del Congreso.
La Corte ha sugerido que el caso de Cook podría ser tratado de manera distinta debido al rol crucial de la Reserva Federal en la estabilidad económica del país. Trump ha buscado su salida alegando acusaciones de fraude hipotecario, acusaciones que Cook ha negado.
Además, una segunda cuestión relacionada con el caso Slaughter podría afectar directamente a Cook: incluso si la destitución de un funcionario se considera ilegal, los jueces quieren determinar si el sistema judicial tiene la autoridad para reinstalarlo. El juez Neil Gorsuch escribió este año que un empleado despedido que gane su caso podría recibir pago retroactivo, pero no necesariamente recuperar su cargo.
Ese criterio podría definir el futuro de Cook en la Reserva Federal, donde la incertidumbre ha generado inquietud sobre el impacto económico de permitir despidos amplios. La Corte escuchará argumentos adicionales en enero para determinar si Cook puede permanecer en su puesto mientras continúa su disputa legal.
El juez Brett Kavanaugh indicó que podría inclinarse a favor de la funcionaria, calificando como una “vuelta” la idea de que un funcionario despedido ilegalmente solo tenga derecho a recibir su salario perdido. Su comentario sugiere que incluso dentro del bloque conservador podría haber matices respecto a la reinstalación de ciertos cargos críticos.
Un patrón de decisiones que favorece al Ejecutivo
Bajo el liderazgo de Roberts, la Corte Suprema ha emitido una serie de decisiones desde 2010 que han erosionado, de manera progresiva, las leyes que limitaban la capacidad del presidente para remover a funcionarios. En 2020, el tribunal dictaminó que el entonces presidente Trump podía destituir al director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, pese a las protecciones laborales similares a las del caso Humphrey.
En otro fallo clave, la decisión de inmunidad de 2024 que protegió a Trump de ser procesado por sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones de 2020, Roberts incluyó el poder de despido dentro de los poderes “conclusivos y excluyentes” del presidente que el Congreso no puede restringir.
El debate actual también revive el contexto histórico de 1935, cuando Franklin Roosevelt intentó reemplazar a un comisionado de la FTC para impulsar su programa del New Deal. William Humphrey se negó a renunciar, pero murió al año siguiente, y su patrimonio demandó al gobierno por pago retroactivo. La Corte falló entonces en contra del presidente, estableciendo salvaguardas que hoy están nuevamente en litigio.
Lo que decida la Corte Suprema en los próximos meses podría alterar profundamente la arquitectura administrativa del gobierno federal. Si se amplía el poder presidencial, el mandatario tendría la facultad de reemplazar a dirigentes de agencias independientes con mayor facilidad, lo que podría afectar políticas económicas, laborales, regulatorias y de protección al consumidor.
La resolución final también influirá en cómo se interpretan las limitaciones impuestas por el Congreso a la autoridad ejecutiva, un eje central en el equilibrio de poderes. Lo que está en juego es la definición del alcance de la presidencia moderna y el rol constitucional de las agencias expertas encargadas de implementar leyes complejas.
