Por Agencias
[email protected]
Cristian Lupercio tenía 21 años cuando salió de Cuenca, capital de la provincia ecuatoriana de Azuay, con destino a Estados Unidos.
Estudiaba en la Universidad Politécnica Salesiana y conducía un taxi «pirata».
Se perdió entre Ciudad Juárez y El Paso a fines de noviembre de 2020.
Con él se perdió Evelin Quichimbo, quien vivía en la misma provincia, pero en la parroquia rural de San Juan, cantón Gualaceo.
Tenía 24 años cuando dejó Ecuador y estudiaba estilismo.
Ninguno de los dos, que se conocieron durante el viaje, pudo avanzar debido al agotamiento, la sed y el hambre.
«El hecho de saber que nuestros hijos se quedaron juntos es una posibilidad de que tal vez los dos se están dando apoyo; pido a Dios que estén juntos y que se ayuden de la misma forma como hemos encontrado apoyo entre las familias», dice en su casa de Cuenca Marisol Jara, madre de Cristian.
En la misma universidad a la que iba el hijo de Marisol estudiaba Luis Mainato, quien tenía 23 años cuando salió para Estados Unidos desde la parroquia rural de Quilloac, en la provincia de Cañar, en febrero de 2021.
Lo último que se supo de él es que iba a cruzar el Río Bravo desde la localidad mexicana de Piedras Negras.
Estos jóvenes son parte de una estadística que desangra a Ecuador, la de 72 desaparecidos intentando cruzar de forma irregular la frontera entre México y Estados Unidos entre 2019 y 2021, en medio de una migración irregular que el país no había visto desde la crisis económica de 1999-2000.
Los tres pertenecen a los 36 casos que no se han resuelto.
«Aunque sea el cadáver, que esté muerto, y que haya venido acá (el cuerpo), eso lo superamos; pero sin saber si él está muerto o está vivo, es difícil de superar», dice Gladis Mainato, hermana de Luis, en su negocio familiar, la única farmacia de la parroquia de Quilloac.
Las tres familias tienen además otra tragedia en común, a las tres han tratado de estafarlas con información sobre los desaparecidos. Con algunas lo han conseguido.
Dinero del dolor
«Se aprovechan de la situación que uno está viviendo, le dicen ‘yo le tengo a su hijo’, y uno como padre se desespera. ¿Será cierto que le tienen? Y ahí nos pidieron dinero y nos estafaron», confiesa Leonardo Quichimbo, padre de Evelin.
Quichimbo explica desde la zona rural de Gualaceo que a su familia en Ecuador le hicieron enviar dinero por Western Union a Perú, mientras que a familiares y amigos de su hija en Nueva York le suministraron números de cuenta en el mismo Ecuador.
Lo mismo ocurrió con Marisol Jara, quien depositó dinero en cuentas locales.
Ninguna de las dos familias obtuvo jamás ninguna pista sobre el paradero de sus hijos. Quichimbo incluso viajó a Cancún para hacer averiguaciones en México, pero no lo dejaron salir del aeropuerto.
«A mí me enviaron fotos, montajes, y muchas llamadas, pidiéndome entre 3.000 y 5.000 dólares», dice Gladis Mainato y añade:
«Yo pedí evidencias, la voz de él, un video. Me amenazaron que le iban a matar, a torturar, pero como no me hacían conversar (con Luis), yo me negaba».
Luis Vayas, viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, explica desde Quito que los intentos de estafa no se limitan solo a los desaparecidos, sino también con los migrantes detenidos:
«Si un ciudadano ecuatoriano es detenido en México, las autoridades migratorias les informan de sus recursos legales, y los coyoteros les dicen que soliciten refugio; eso significa que la persona detenida no puede regresar en el próximo vuelo y se queda entre tres meses y un año hasta que se resuelva ese recurso».
Durante este tiempo, las redes de tráfico les piden dinero a los familiares para ayudarlos con abogados y contactos dentro del sistema judicial mexicano, pero nada de eso es cierto, dice Vayas.
«Para cuando los familiares se dan cuenta y piden desestimar este recurso, pasan otros dos meses, tres meses, hasta que este pedido se hace efectivo; y en todos estos meses estos señores han estado extorsionando a las familias en Ecuador».
«Invisible»
«El año pasado salieron alrededor de 130.000 ecuatorianos solo hacia México, evidentemente con el deseo de llegar a Estados Unidos, y de este número regresó al país alrededor del 30%, es decir, cerca de 91.000 permanecieron afuera», informa Luis Vayas.
«Entre los que no regresaron tenemos lamentablemente desaparecidos y fallecidos, incluyendo casos desgarradores de mujeres y niños», añade el funcionario.
Sólo en 2021 desaparecieron 37 personas cruzando la frontera (se resolvieron 17 casos) y, como indica Vayas, en estos números no están todos los desaparecidos, solo los que fueron reportados a las autoridades ecuatorianas.
William Murillo, ex funcionario de Migración de Ecuador, ahora responsable de la organización 1800Migrante que asesora legalmente a ecuatorianos en Estados Unidos, ha registrado -entre otras desapariciones- las de Cristian, Evelin y Luis, y admite que es imposible saber cuánta gente desaparece.
Nosotros recibimos un promedio de cuatro a cinco llamadas por día de personas que nos piden que les ayudemos a buscar a sus familiares, pero hay muchísimas personas que no quieren reportar sus casos, dice desde Estados Unidos, donde él mismo vivió 14 años como indocumentado en el pasado.
Cristian, Evelin y Luis pertenecen además a las dos provincias del sur del país -Azuay y Cañar- de las que han salido casi el 70% de los migrantes irregulares de Ecuador, en lo que la profesora de la FLACSO Gioconda Herrera llama «la migración invisible».
«En 1999-2000 se produjo la peor crisis económica de la historia del país y fue un momento de éxodo para todo Ecuador», dice Alemania, y añade:
«Fue una migración muy urbana, de Quito y Guayaquil, siempre más visible para los medios y para el Estado; ahora se siente en las zonas rurales de la Sierra sur, tanto en Cañar como en Azuay, e inclusive en la Sierra centro -Chimborazo, Cotopaxi- que han empezado a unirse a ese flujo migratorio».
La Sierra sur
Las últimas cifras suministradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana indican que el 43,5% de los migrantes sale de Azuay, 24,17% de Azogues, y más atrás está Chimborazo con un 9,06%.
Pero Herrera sostiene que esta migración irregular de la zona centro y sur de Ecuador hacia Estados Unidos, especialmente a la costa este, comenzó a fines de los años 60 de siglo pasado, y nunca se ha detenido.
«A diferencia de la migración mexicana que ha disminuido, la migración ecuatoriana de estas zonas rurales, muchas veces indígenas, población kichwa hablante, se ha incrementado: el año pasado, de los grupos que fueron detenidos en la frontera, los ecuatorianos fueron el primer grupo sudamericano», concluye Herrera.
El «Informe sobre migración riesgosa, con énfasis en la ruta México a Estados Unidos de América» del Ministerio de Relaciones Exterior indica que, en 2019, el porcentaje de ciudadanos ecuatorianos no admitidos en México fue de 4,52%, porcentaje que se incrementó en el año 2020 a 6,19%, y entre los meses de enero y marzo de 2021 el crecimiento era del 16,18%.
«En tanto, los porcentajes de ciudadanos inadmitidos procedentes de Brasil, Perú, Colombia, en base a la información del Instituto Nacional de Migración de México, son inferiores a las inadmisiones de ciudadanos ecuatorianos».
En este documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana define a Ecuador como un «país de emisión, recepción, tránsito y retorno de personas» y añade que estas dinámicas de movilidad humana son agravadas en contextos de crisis como la provocada por la pandemia de la covid-19.
Los números recogidos por el informe, citando cifras del Banco Central Ecuatoriano (BCE), son desalentadores para el país:
«La tasa de pobreza nacional en junio de 2021 se ubicó en 32,2%, con un incremento de 6,7% con respecto a junio de 2019. Mientras, la tasa de extrema pobreza en 2021 fue de 14,7%, superior en 5,2% a la registrada en junio de 2019. La tasa de subempleo se incrementó en 2,7%».
Otras causas
Aunque admite que factores como el empleo y el subempleo influyen en esta migración, el viceministro Vayas incluye otros factores como la reunificación familiar a la que aspiran algunos jóvenes con los padres que migraron décadas atrás, lo que pudo comprobar en algunas de sus entrevistas:
«El papá de Cristian ya tiene como 18 años en Estados Unidos y mi hijo quería encontrarse con él; Cristian tenía cuatro años cuando se fue su papá y solo lo ha visto a través de la computadora y el teléfono, nunca físicamente», dice Marisol Jara.
La madre de Cristian agrega que la pandemia también afectó los ingresos de la familia y, con esto, la posibilidad de pagar los estudios de su hijo.
En el caso de Luis, su hermana cuenta que el padre lleva casi 20 años en Estados Unidos y tiene otra familia. Como no quería que Luis siguiera sus pasos, le pagó la universidad en Ecuador hasta que un día dejó de hacerlo.
«Un día, ya en pandemia, me dice ‘papi no ha estado pagando’, debía 2.500 dólares; entonces ahí es que tomó la decisión de viajar. ‘Ñaña, ayúdame a ver el coyote’, me dijo. El coyote iba a cobrar 15.000 dólares, 7.000 tiene dado, casi la mitad; no ha reclamado la otra mitad, ni tiene cara para llamarnos».
El viceministro Vayas añade que en ciertas regiones los jóvenes crecen pensando en irse, tengan o no tengan trabajo: «Ven al tío, al primo, al amigo en redes sociales que -supuestamente- ha llegado a alcanzar el sueño americano y quieren emigrar, pero ese sueño americano puede volverse una pesadilla».
Leonardo Quichimbo dice que la gente se va por falta de empleo, pero que también hay quien ve las casas construidas por migrantes a los que les fue bien en su exilio y quieren para ellos la misma suerte.
Otros factores que destacan tanto el viceministro como William Murillo de la organización 1800Migrante son el accionar creciente de las redes de tráfico de personas, una idea equivocada de que el fin de la presidencia de Donald Trump modificaría la política migratoria estadounidense, y la decisión de México en 2018 de no pedir visa a los ecuatorianos, que debió revertir el año pasado.
Pero la implantación de la visa en México, y luego también en Guatemala, implicó, lógicamente, la búsqueda de nuevas rutas hacia Estados Unidos.
De Bahamas a Florida
«Ahora vamos a volver a ver la migración a través de la ‘ruta larga’: Ecuador, Colombia, Panamá y luego todo Centroamérica. O, quizás, un vuelo directo a Honduras o El Salvador para luego subir. Y la otra es ir por la ruta del Caribe: Ecuador, Panamá, Bahamas», dice William Murillo.
La ruta por Bahamas le costó a la familia de Alicia Calle, originaria de Azogues, capital de la provincia de Cañar, la desaparición de tres familiares: sus hermanos Juan Carlos y Cristian y su cuñada Carolina.
«Ellos salieron en enero de 2021 para Bahamas, pero desde el 6 de marzo no hay noticias de ellos; se fueron por Bahamas porque una cuñada que se fue antes les dijo que era fácil, que no iban a sufrir, que era como un tour», dice esta mujer en la localidad azuaya de Chordeleg.
El matrimonio que viajó tenía pensado trabajar para pagar sus deudas y regresar a Ecuador.
El otro hermano se animó a ir porque su hija padece de epilepsia y él no tenía trabajo.
Alicia dice que ninguno se hubiera atrevido al viaje si no les hubieran asegurado que la nueva ruta estaba exenta de riesgos.
«El día que se desaparecieron nos dijeron que en tres horas iban a estar en Miami. Pero por más bulla que hicimos nunca se supo más nada de ellos. Supe que el coyotero que los llevó cayó preso con cinco personas más, pero nunca quiso decir nada, sólo que él era responsable hasta Bahamas y que ahí ellos llegaron bien».
A la familia de Alicia también intentaron estafarla con noticias de sus desaparecidos, curiosamente desde el país que sus hermanos evitaron en su migración: México.
Años
El viceministro Vayas indica que el gobierno ecuatoriano intenta combatir la falta de empleo y subempleo a través de proyectos enviados a la Asamblea Nacional.
«La otra gestión en la que estamos trabajando es buscar alternativas de migración regular. Días atrás el canciller participó con las autoridades diplomáticas españolas en Quito en la entrega de visas a ecuatorianos que van a España a trabajar temporalmente. Quisiéramos llegar a los niveles de migración circular que tiene Marruecos con España, de 13.000 marroquíes al año».
Proyectos similares se analizan con Canadá, Francia y Australia.
El otro esfuerzo oficial apunta a combatir las redes trasnacionales de tráfico ilícito de personas, lo que implica un trabajo coordinado con otros países.
Pero otros no son tan positivos con respecto al accionar del gobierno.
Juan Pablo Albán, jurista ecuatoriano que integra el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas desde junio de 2021, se pregunta ¿a quién le importan los desaparecidos? y se responde:
«A sus familiares, al Estado no les interesan; si al Estado realmente se interesara, no tendríamos un número tan alto de personas cuyo destino se sigue desconociendo hoy».
Para Albán, se trata en su mayoría de familias con pocos recursos, sin acceso a los medios de comunicación para poder visibilizar sus casos, o a grandes abogados para una buena defensa de sus casos:
«Familias olvidadas, sufriendo solas, por años de años».
