Las deportaciones masivas propuestas por Trump podrían disparar los precios de los alimentos

Por Redacción
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Durante su campaña, Donald Trump prometió reducir el costo de vida, una promesa que resonó profundamente con los votantes y contribuyó a su victoria. Sin embargo, otra propuesta central de su plataforma, la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, podría tener consecuencias opuestas, exacerbando los precios de los alimentos en lugar de reducirlos.

Trump ha propuesto implementar el mayor programa de deportación interna en la historia de Estados Unidos, con el objetivo de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados. Aunque esta medida aborda temas legales y de seguridad fronteriza, plantea serios problemas para la economía agrícola y alimentaria del país, sectores que dependen significativamente de la mano de obra inmigrante.

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), entre 2018 y 2020, el 41% de los trabajadores agrícolas no contaban con autorización de trabajo. Esto equivale a cientos de miles de empleados que desempeñan labores esenciales, como la cosecha de frutas y verduras, el ordeño de vacas y la producción de alimentos procesados.

“La deportación de estos trabajadores sería devastadora”, afirma Chuck Conner, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas Agrícolas y exsubsecretario del USDA. “Si no hay personas para recoger las cosechas o cuidar el ganado, la producción disminuye y los precios suben drásticamente”.

El impacto de las deportaciones en la cadena de suministro alimentario sería profundo. Según un análisis del Center for American Progress, más de 500,000 inmigrantes indocumentados trabajan en sectores agrícolas y de procesamiento de alimentos en Estados Unidos. La ausencia de esta fuerza laboral podría provocar una escasez significativa de productos básicos como frutas, verduras, carne y lácteos.

Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics, advierte que las deportaciones masivas causarían “graves interrupciones en la agricultura y las industrias de procesamiento de alimentos, lo que llevaría a un aumento considerable en los precios de los comestibles”.

Además, los alimentos que requieren trabajo manual intensivo, como frutas y hortalizas, o aquellos que implican interacción con animales, como los productos lácteos y cárnicos, serían los más afectados. En Idaho, por ejemplo, cerca del 90% de los trabajadores en la industria lechera son extranjeros. Rick Naerebout, director ejecutivo de la Asociación de Lecheros de Idaho, destaca que la industria depende de manera crucial de la mano de obra inmigrante, ya que no existe un programa de visas permanentes para trabajadores agrícolas.

La propuesta de deportaciones masivas también pone en evidencia las limitaciones del actual sistema de inmigración. Aunque existen visas temporales H-2A para trabajadores agrícolas, no se otorgan permisos de residencia permanente que permitan contratar a trabajadores extranjeros de manera estable.

Fred Leitz, agricultor de Michigan, señala que el sistema actual ya dificulta la planificación agrícola. “No plantaremos nada que no podamos cosechar y vender”, afirma. La incertidumbre sobre la disponibilidad de trabajadores podría reducir la oferta de alimentos y, en consecuencia, aumentar los precios.

Intentar reemplazar a los trabajadores indocumentados con ciudadanos estadounidenses no parece una solución viable. “Estos son trabajos exigentes, al aire libre y con horarios estacionales. La mayoría de los estadounidenses no están interesados en ocuparlos”, explica Naerebout.

Otro componente de la agenda económica de Trump podría contribuir al aumento de los precios: los aranceles. Estados Unidos importa una cantidad significativa de alimentos, como frutas tropicales, café y mariscos. Las tarifas del 20% propuestas por Trump sobre importaciones podrían encarecer aún más estos productos.

“El impacto final en los precios dependerá de cuántos trabajadores sean deportados y de cuán altos sean los aranceles”, explica Zandi. Sin embargo, incluso si la administración de Trump modifica sus políticas, las interrupciones iniciales podrían tener consecuencias duraderas en el mercado.

Algunos partidarios de las deportaciones argumentan que reducir la cantidad de inmigrantes disminuiría la demanda de alimentos y aliviaría la presión sobre los precios. Sin embargo, economistas como Zeke Hernández, de la Wharton School, consideran que este razonamiento es erróneo.

“El efecto dominante de las deportaciones masivas sería una disminución en la oferta de alimentos, lo que inevitablemente aumentaría los precios”, asegura Hernández. Estudios previos también sugieren que las deportaciones no mejoran los salarios ni las oportunidades para los trabajadores nacidos en Estados Unidos, y que la economía en general sufre por la pérdida de productividad.

La administración entrante enfrenta un dilema: cómo equilibrar la implementación de políticas de inmigración estrictas con la necesidad de mantener una economía agrícola funcional y precios de alimentos asequibles.

Naerebout y otros expertos piden una reforma que incluya la legalización de los trabajadores agrícolas indocumentados y la expansión de programas de visas. “Necesitamos más trabajadores extranjeros, no menos”, insiste.

Mientras tanto, los consumidores podrían prepararse para un futuro con alimentos más costosos, especialmente si las promesas de campaña de Trump se convierten en políticas concretas. Las decisiones que tome el nuevo gobierno no solo afectarán a millones de familias trabajadoras, sino también a la mesa de todos los estadounidenses.