Por Redacción
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Los estados que administran el principal programa federal de ayuda alimentaria de Estados Unidos enfrentan una creciente incertidumbre sobre si deben —o incluso pueden— seguir distribuyendo beneficios completos a millones de familias de bajos ingresos, mientras la administración del presidente Donald Trump busca revertir los pagos realizados durante una breve ventana judicial.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) atiende a unos 42 millones de estadounidenses, y su continuidad se ha convertido en el último frente del conflicto entre la Casa Blanca y los tribunales en medio del cierre del gobierno federal. Durante el fin de semana, funcionarios de la administración Trump exigieron que los estados “revirtieran” los pagos completos realizados a beneficiarios del programa, después de que un juez federal ordenara financiarlo plenamente y, horas más tarde, la Corte Suprema emitiera una suspensión temporal de esa orden.
Un tribunal federal de apelaciones en Boston ratificó el domingo la decisión de pagar los beneficios completos, pero la suspensión impuesta por la Corte Suprema detuvo de inmediato la medida por al menos 48 horas. Se espera que el gobierno de Trump pida nuevamente a los magistrados que intervengan, mientras el Congreso analiza si incluir el financiamiento de SNAP en el paquete de gasto temporal que busca poner fin al cierre del gobierno.
Estados entre la legalidad y el deber moral
Las órdenes judiciales contradictorias han dejado a los estados en una posición precaria. Algunos advierten sobre “interrupciones operativas catastróficas” si el gobierno federal no les reembolsa los pagos ya autorizados, mientras que otros han decidido usar fondos propios para garantizar la continuidad del programa y evitar que millones de hogares se queden sin alimentos.
En Wisconsin, por ejemplo, las autoridades estatales informaron que el reembolso federal fue congelado luego de que el estado desembolsara beneficios completos tras la orden inicial del juez John J. McConnell. De mantenerse esa situación, la cuenta estatal de SNAP podría agotarse en cuestión de días, lo que afectaría los pagos a los minoristas que aceptan tarjetas EBT para la compra de alimentos.
La Casa Blanca había anunciado originalmente que los beneficios de SNAP no estarían disponibles en noviembre debido al cierre gubernamental. Sin embargo, una serie de demandas presentadas por estados y organizaciones sin fines de lucro obligó al Departamento de Agricultura (USDA) a reconsiderar su postura. Dos jueces federales dictaminaron que el gobierno no podía eliminar completamente los beneficios del mes, lo que llevó al uso de un fondo de reserva para cubrir el 65% del monto mensual.
El jueves, el juez McConnell calificó esa cifra como insuficiente y ordenó restablecer los beneficios completos para el viernes. Millones de beneficiarios recibieron el dinero antes de que la jueza Ketanji Brown Jackson suspendiera la orden horas después, a la espera de una revisión de la Corte de Apelaciones.
Como resultado, millones de familias en varios estados obtuvieron sus beneficios completos, mientras que otras quedaron a la espera de claridad legal o de nuevas instrucciones del USDA.
“Cada hora cuenta para quienes dependen de SNAP”, advirtió un grupo de gobernadores demócratas en una carta dirigida a la Casa Blanca. “Las familias no pueden planificar sus comidas ni garantizar la alimentación de sus hijos cuando el gobierno federal cambia las reglas de un día para otro”.
Una batalla política y judicial por la asistencia alimentaria
La administración Trump argumenta que la orden judicial que obliga a pagar los beneficios completos interfiere con el poder de gasto del Ejecutivo y el Legislativo, y por tanto viola la Constitución. En un memorando enviado a los directores estatales de SNAP, Patrick Penn, subsecretario adjunto de Agricultura, exigió que “los estados deshagan inmediatamente cualquier paso tomado para emitir beneficios completos de SNAP para noviembre de 2025”. También advirtió sobre posibles sanciones para aquellos que no cumplan con la directiva.
La amenaza de penalizaciones ha generado reacciones encontradas entre los gobernadores. Algunos estados gobernados por republicanos han optado por esperar nuevas directrices antes de procesar los pagos, mientras que líderes demócratas prometen mantener la ayuda alimentaria sin interrupciones.
En Connecticut, el gobernador Ned Lamont fue tajante al rechazar la orden federal. “Aquellos que recibieron sus beneficios no deben preocuparse por perderlos”, declaró. “Connecticut no recuperará los pagos enviados a las 360,000 personas que dependen de ellos para alimentarse. Nunca debieron ser atrapadas en medio de esta lucha política. Estamos con ellas”.
Otros estados, como California y Nueva York, indicaron que continuarán distribuyendo beneficios parciales utilizando fondos estatales hasta que se resuelva el litigio. “No vamos a dejar que los niños pasen hambre mientras los tribunales deciden quién tiene la razón”, dijo un portavoz del Departamento de Servicios Sociales de California.
Mientras tanto, el Congreso enfrenta presión para incluir una provisión de financiamiento para SNAP dentro de la propuesta presupuestaria destinada a reabrir el gobierno. Legisladores de ambos partidos reconocen que la incertidumbre ha creado un caos logístico para las agencias estatales y angustia para las familias.
“El Congreso no puede permitir que un cierre político se convierta en una crisis humanitaria”, afirmó el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia. “SNAP es la línea de vida para millones de hogares que viven al límite”.
El programa SNAP, creado en la década de 1960, representa uno de los pilares del sistema de bienestar social estadounidense. A través de tarjetas electrónicas, proporciona asistencia mensual a familias con bajos ingresos para la compra de alimentos. La mayoría de los beneficiarios son niños, ancianos o personas con discapacidad.
Economistas y expertos en política social advierten que los retrasos o recortes en SNAP pueden tener efectos inmediatos en la economía local, especialmente en comunidades rurales donde los comercios dependen del gasto de los beneficiarios del programa. “Cada dólar de SNAP genera alrededor de $1.50 en actividad económica”, explicó la analista alimentaria Lisa Moreno. “Reducir esos pagos no solo afecta a las familias, sino también a las tiendas, transportistas y agricultores locales”.
La controversia también ha reavivado el debate político sobre el papel del gobierno federal en la asistencia social. Trump y varios de sus aliados republicanos han defendido la necesidad de “modernizar” el sistema de ayudas y vincular los beneficios al empleo, mientras los demócratas insisten en que la prioridad debe ser la seguridad alimentaria.
El caso, que ahora se encuentra en revisión judicial, podría sentar un precedente sobre la autoridad del Ejecutivo para detener o modificar programas de asistencia durante un cierre gubernamental. La Corte Suprema podría pronunciarse en los próximos días, lo que definiría si los estados deberán devolver los fondos ya distribuidos o si se mantendrá la orden de financiación completa.
Mientras tanto, en los hogares que dependen de SNAP, la incertidumbre se traduce en ansiedad. “Tengo tres hijos y dependo de esa ayuda para alimentarles”, dijo Rosa Hernández, madre soltera en Milwaukee. “Nos dicen que no sabemos si el próximo mes habrá fondos, y uno no puede dormir tranquilo así”.
Con el cierre del gobierno aún sin resolver y el sistema judicial dividido, millones de estadounidenses siguen a la espera de una respuesta que determine si podrán seguir poniendo comida en sus mesas.
