Por Redacción
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Un total de 486 presuntos miembros de la pandilla MS-13 enfrentan un megajuicio en El Salvador acusados de ordenar y participar en al menos 86 asesinatos durante el violento fin de semana de marzo de 2022, un episodio que transformó la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele
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El proceso judicial, considerado uno de los más grandes en la historia reciente del país, se desarrolla bajo un modelo de “macroaudiencia” implementado tras reformas legales aprobadas en 2023. Estas modificaciones permiten juzgar de forma colectiva a decenas o cientos de acusados, una práctica que ha generado fuertes críticas de organismos de derechos humanos.
Según la Fiscalía General, los imputados enfrentan cargos relacionados con más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluyendo homicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas. De los acusados, 413 permanecen detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), mientras que otros 73 están prófugos y serán juzgados en ausencia.
Un fin de semana que cambió el rumbo
Los cargos principales se centran en los asesinatos ocurridos entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, considerado el fin de semana más violento en décadas en El Salvador desde la guerra civil de los años 80.
Las autoridades reportaron 14 homicidios el viernes, 62 el sábado y 11 el domingo, lo que desató una respuesta inmediata del gobierno. En medio de la crisis, Bukele solicitó a la Asamblea Legislativa la aprobación de un régimen de excepción, que fue avalado con amplia mayoría.
Desde entonces, el estado de excepción se ha mantenido vigente por más de cuatro años, suspendiendo garantías constitucionales como el derecho a la defensa plena y ampliando las facultades de las fuerzas de seguridad.
El megajuicio se realiza mediante audiencias virtuales, donde los acusados —muchos vestidos de blanco, rapados y con mascarillas— siguen el proceso por videoconferencia desde prisión.
La Fiscalía ha presentado pruebas como autopsias, análisis balísticos y testimonios que vinculan a los acusados con la estructura criminal de la pandilla. Según los fiscales, algunos de los imputados ocupaban altos rangos dentro de la organización y habrían ordenado miles de crímenes.
Sin embargo, el modelo ha sido duramente cuestionado por organizaciones internacionales. Entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch advierten que estos procesos podrían vulnerar garantías fundamentales, como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa individualizada.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la prolongación del régimen de excepción, señalando posibles impactos negativos en los derechos humanos.
El gobierno sostiene que las medidas han sido efectivas para reducir la violencia. Según cifras oficiales, más de 91.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, mientras que unas 8.000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia.
No obstante, organizaciones civiles han documentado la muerte de al menos 488 personas bajo custodia estatal, lo que ha intensificado el debate sobre los costos humanos de la estrategia de seguridad.
A pesar de las críticas, la política de mano dura mantiene un amplio respaldo popular y fue clave para la reelección de Bukele. Las autoridades destacan que El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, una de las cifras más bajas en su historia reciente.
Un juicio con consecuencias de largo alcance
Los fiscales han solicitado penas máximas para los acusados, que podrían enfrentar condenas de hasta 245 años de prisión si son hallados culpables de múltiples delitos.
El proceso, cuya duración aún no ha sido definida, representa una prueba clave para el sistema judicial salvadoreño y para la estrategia de seguridad del gobierno, que busca consolidar su narrativa de control territorial frente a las pandillas.
