Por Redacción
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La violencia armada en Dallas cobró una segunda víctima después de que la familia de un hombre mexicano confirmara su fallecimiento tras ser herido en un ataque contra una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho, ocurrido el 24 de septiembre, ha reavivado tensiones sobre las condiciones en los centros de detención y la creciente hostilidad hacia los agentes federales de inmigración.
Miguel Ángel García-Hernández, de 32 años, murió tras ser retirado del soporte vital, informó su familia en un comunicado difundido a través de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC). La organización de derechos civiles aseguró que García-Hernández, padre de cuatro hijos y cuya esposa está embarazada de un quinto, fue víctima inocente de un ataque que ha dejado huella en la comunidad migrante y en el debate nacional sobre inmigración.
Un ataque con motivaciones políticas
De acuerdo con las autoridades, el agresor identificado como Joshua Jahn, de 29 años, abrió fuego desde un tejado cercano contra la instalación federal y una furgoneta donde permanecían varios detenidos bajo custodia de ICE. Jahn, que se suicidó tras el tiroteo, había expresado odio hacia el gobierno estadounidense y buscaba “infundir terror” matando a agentes federales.
Aunque ningún miembro de ICE resultó herido, los disparos impactaron a tres personas que se encontraban en el área restringida. Entre ellas estaba García-Hernández, quien había sido detenido semanas antes, y Norlan Guzmán-Fuentes, de 37 años, originario de El Salvador, que murió en el lugar. Una tercera persona, cuyo nombre no ha sido revelado, continúa hospitalizada.
El ataque se produjo en un contexto de creciente descontento con las operaciones de ICE, marcadas por redadas a gran escala y deportaciones rápidas. Estas acciones han generado temor en comunidades inmigrantes y han convertido a los agentes en blanco de críticas y, en casos extremos, de violencia.
Funcionarios de ICE dijeron que, conforme a los protocolos, los detenidos estaban esposados y dentro de la furgoneta cuando comenzó el ataque. Agentes federales corrieron hacia el vehículo bajo fuego para intentar poner a salvo a los migrantes y brindar atención médica a los heridos.
Impacto humano y reacción internacional
La familia de García-Hernández describió al joven como un hombre trabajador y dedicado a su familia.
“Era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia”, dijo su esposa, Stephany Gauffeny, en el comunicado emitido por LULAC. “Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, y él trabajaba duro todos los días para asegurarse de que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo explicarles a nuestros hijos que su padre se ha ido”.
El caso ha adquirido relevancia diplomática. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su gobierno facilitó los trámites para que la madre de García-Hernández pudiera viajar a Dallas y acompañar a la familia en los funerales. Sheinbaum también declaró que México ha solicitado a las autoridades estadounidenses una investigación exhaustiva y que intervendrá en caso de que se determine que hubo violación a los derechos de su ciudadano.
Organizaciones de derechos humanos, incluidas LULAC y grupos locales en Dallas, han condenado el ataque y han llamado a revisar las medidas de seguridad en instalaciones federales. Para muchos activistas, la tragedia pone de manifiesto la vulnerabilidad de los migrantes bajo custodia y el ambiente de polarización que rodea a la política migratoria.
“Este ataque no ocurrió en el vacío”, señaló Domingo García, presidente nacional de LULAC. “Es resultado del clima de odio y de la deshumanización de los inmigrantes. Necesitamos que el gobierno federal garantice seguridad, transparencia y un trato digno para todas las personas bajo custodia”.
La política migratoria en el centro del debate
El tiroteo en Dallas llega en un momento de intensa controversia sobre las políticas migratorias de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha intensificado las detenciones y deportaciones, lo que ha provocado críticas tanto dentro como fuera del país. Legisladores demócratas han señalado que la retórica antiinmigrante alimenta la hostilidad contra comunidades latinas y genera un entorno en el que hechos violentos como este pueden ocurrir.
Expertos legales apuntan a que el incidente podría tener repercusiones en las demandas que familiares de las víctimas interpongan contra el gobierno federal. Aunque las investigaciones iniciales responsabilizan directamente a Jahn, el hecho de que los migrantes estuvieran en un área descubierta y vulnerable podría abrir un debate sobre negligencia en la custodia.
Además, el ataque ha avivado discusiones sobre el acceso a armas de fuego y la facilidad con que individuos con historial de odio o radicalización pueden perpetrar actos de violencia masiva.
Mientras tanto, García-Hernández y Guzmán-Fuentes se han convertido en símbolos de una tragedia que expone la intersección entre violencia armada y política migratoria. Las vigilias en Dallas y en las comunidades de origen de las víctimas han reunido a familiares, líderes religiosos y activistas que exigen justicia y cambios estructurales.
“Queremos que la muerte de Miguel no sea en vano”, expresó su esposa en el comunicado. “Él soñaba con un futuro mejor para nuestros hijos. Ahora nuestro deber es luchar para que ningún otro padre, ninguna otra madre, sufra lo que nosotros estamos sufriendo hoy”.
La audiencia pública más cercana relacionada con el caso será dirigida por autoridades locales y federales en Dallas la próxima semana, donde se espera que se discutan medidas de seguridad adicionales en instalaciones de ICE. No obstante, familiares y organizaciones de migrantes insisten en que el problema va más allá de un solo ataque y refleja fallas sistémicas en la política migratoria y en la protección de derechos humanos.
