Por Agencias
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Uno de los jefes paramilitares más temidos de Colombia, quien azotó con violencia, masacres, despojos de tierras y crímenes en una de las etapas más violentas de la historia reciente, regresó al país este martes 27 de febrero como uno de los gestores de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la política de «Paz Total», bajo custodia de las autoridades colombianas.
Salvatore Mancuso es un exjefe paramilitar que estuvo preso en Estados Unidos desde 2008 donde fue condenado por narcotráfico. En Colombia tiene orden de captura y hay varios procesos en su contra.
Mancuso llegará a Colombia en un vuelo chárter con 100 deportados, reportó el medio estatal RTVC. A su arribo, Migración Colombia certificará la llegada y la Policía lo custodiará. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó que «debe ser dejado a disposición de esa autoridad judicial y recluido en algún centro de detención”, citó RTVC.
Una vez esté en un centro penitenciario, Mancuso continuará sus procesos judiciales en la justicia ordinaria en Colombia, Justicia y Paz (el entorno jurídico transicional creado en 2005 para la entrega y desmovilización de paramilitares) y la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP, la justicia transicional formada tras los acuerdos con las FARC en 2016), un marco en el cual fue incluido en noviembre de 2023.
«Son varias las cortes que tienen competencia sobre el señor Mancuso», dijo el magistrado Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP. Mancuso es investigado por la JEP en el caso de crímenes cometidos por agentes de Estado aliados con paramilitares.
El ministro Velásquez dijo que es «obligación del Gobierno garantizar la seguridad de Mancuso» en el país.
¿Quién es Salvatore Mancuso?
Salvatore Mancuso Gómez es conocido por ser uno de los fundadores del grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), junto a los hermanos Vicente y Carlos Castaño a mediados de la década de los 90.
Mancuso, proveniente de una familia acomodada, es oriundo del municipio de Montería, Córdoba. Nació el 17 de agosto de 1964.
Hijo de padre italiano, realizó estudios en ingeniería civil en la Universidad Javeriana y administración agropecuaria en la Escuela de Formación Técnica Agrícola (aunque no los culminó) y según un perfil suyo de la Fiscalía de Colombia. Estudió inglés en la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, Estados Unidos, según el perfil en la Fiscalía.
Mancuso también fue un reconocido ganadero de la zona de Córdoba, en el norte del país y tiempo después ingresó al grupo paramilitar conocido como «Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá» (ACCU), donde ocupó el cargo de segundo comandante. Luego de que se consolidaran bajo un mismo grupo bajo las Autodefensas Unidas de Colombia, los dirigentes paramilitares Vicente y Carlos Castaño lo nombraron como jefe del Estado Mayor de las AUC, según la Fiscalía.
Los grupos paramilitares de los que formaron parte las AUC están acusados de ser los principales responsables «del 47% de las víctimas letales y desaparecidos del conflicto armado en Colombia, constituyendo en el actor armado más violento» del país, según establece el Informe Final sobre el Conflicto Armado del Centro Nacional de Memoria Histórica.
«El paramilitarismo en Colombia ha causado heridas que siguen hoy sin sanar, marcadas por el terror y las acciones violentas concentradas, principalmente, en asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas», dice el informe, en el que se relata también uno de los capítulos más importantes de la historia del país: la «parapolítica». Se trató del episodio en el que se vio la mezcla de los grupos armados ilegales con la política ocurrido en 2005 cuando el el 35% del Congreso fue elegido gracias al paramilitarismo, «dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campaña», según relató Mancuso.
Con la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno del presidente Álvaro Uribe, Mancuso se desmovilizó con el Bloque Catatumbo de las AUC, junto con otros 1.400 hombres en diciembre de 2004, por lo que después fue sometido a la Ley de Justicia y Paz, que buscaba «facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados».
La ley beneficiaba a integrantes de «grupos armados organizados» que se desmovilizaran y por «la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, por su colaboración con la justicia, la verdad, la reparación integral a las víctimas y su adecuada resocialización».
El tribunal de Justicia y Paz lo condenó en 2014, en ausencia, a 40 años de prisión, pero le concedió una rebaja de pena de ocho años, según las condiciones de la ley transicional después de la desmovilización.
El prontuario criminal de Salvatore Mancuso
La justicia de Colombia ha acusado a Mancuso de múltiples crímenes, entre los que destacan los del tribunal de Justicia y Paz que lo condenó por una plétora de crímenes, como homicidio de persona protegida, desplazamiento forzado de población civil, reclutamiento ilícito, desaparición forzada, tortura en persona protegida, secuestro simple, acceso carnal violento en persona protegida, actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, violación de habitación ajena, amenazas, actos sexuales violentos en persona protegida, prostitución forzada tratos inhumanos y degradantes y experimentos biológicos en persona protegida, aborto sin consentimiento, secuestro extorsivo, según la sentencia.
También figura una acusación de abril de 2023 por la supuesta comisión de 4.071 crímenes que dejaron 6.552 víctimas en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Santander y Sucre. Entre ellos, contabilizan 1.116 homicidios, 2.023 casos de desplazamiento forzado, 371 hechos de desaparición forzada, 28 delitos de violencia basada en género, 10 de reclutamiento ilícito y 523 asociados a otros delitos.
El Tribunal Superior de Bogotá, por su parte, imputó a Mancuso por 1.153 incidentes delictivos registrados en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En estos figuran 229 homicidios, 108 desapariciones forzadas y 690 hechos por desplazamientos forzados. La Fiscalía también imputó a Mancuso por las masacre de El Aro, La Granja y Pichilín.
Mancuso ha relatado en varias oportunidades detalles sobre asesinatos y masacres que ordenaron él y otros comandantes contra cientos de personas en diferentes zonas del país.
También relató ante la Comisión de la Verdad los vínculos entre los grupos paramilitares y las fuerzas militares, diciendo que «la Convivir (los grupos iniciales de autodefensas) nos servía de bisagra para ello porque como no había ningún impedimento para que la Convivir ingresara al Ejército, a la Policía, al DAS, a la Fiscalía a buscar, llevar información o lo que requiriera», declaró según un reporte de la Comisión de la Verdad.
Y en declaraciones ante la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), Mancuso reconoció la estigmatización a la que fueron sometidas «mujeres y a personas con identidad de género diversa, en función del control social que impusieron en la región».
Extradición a EE.UU.
El 13 de mayo de 2008, Mancuso fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 13 altos mandos de las autodefensas que eran solicitados por narcotráfico en ese país.
La justicia estadounidense calificó a Mancuso de ser uno de los narcotraficantes «más notorios» cuando lo condenó a más de 15 años de prisión por tráfico de drogas en 2015.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mancuso era uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar designado como terrorista por EE.UU. en 2001, y aprovechó su posición para introducir más de 100.000 kg de cocaína en ese país y en otras partes del mundo.
Fue condenado a 190 meses de prisión en junio de 2015 en un tribunal estadounidense. Se había declarado culpable de un cargo de conspiración para distribuir cocaína en octubre de 2008, el mismo año en que fue extraditado desde Colombia, según el Departamento de Justicia.
El exdirigente de las AUC ya había sido condenado a 8 años de prisión por delitos de lesa humanidad en Colombia en 2014, en ausencia. Recibió una pena alternativa debido a que se acogió a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Inicialmente fue condenado a 40 años, pero con los beneficios de Justicia y Paz su condena quedó en ocho años de prisión.
El panorama judicial de Mancuso
Mancuso terminó de pagar su pena en EE.UU. en 2020 y desde entonces trataba de definir su situación migratoria en ese país, según indicó la JEP en un documento en febrero de 2023.
En 2020, el exjefe paramilitar también solicitó a través de una firma de abogados que lo representa en Estados Unidos un recurso de emergencia en el que pidió ser deportado a Italia, ya que Mancuso no posee documentos legales para permanecer en EE.UU. más allá de su condena.
Mancuso, que tiene ciudadanía colombiana e italiana de acuerdo a un documento que se encontraba bajo custodia federal desde marzo pasado en un centro de detención para indocumentados en el estado de Georgia.
Según Esteban Salazar, analista político de PARES, lo que vendría para Mancuso es una mediación pero no en libertad, debido a que aún debe responder por delitos en Colombia y no tiene estatus político como el ELN y las disidencias que actualmente adelantan negociaciones de paz con el Gobierno.
«Hoy la ley de Paz Total solo otorga facultades para retirar órdenes de captura a organizaciones con reconocimiento político (ELN y disidencias)», tuiteó Salazar, «Por lo anterior, aunque el presidente puede hacer uso de sus facultades para nombrar gestor de paz a Mancuso, este no podrá gozar de libertad, porque no tiene estatus político y porque debe responder por centenares y miles de delitos aún en Colombia ante la justicia ordinaria».
En su relato del 16 de mayo de 2023 en la audiencia ante la JEP, que se realizó en Montería, departamento de Córdoba, Mancuso –declarando de forma remota desde la cárcel en Estados Unidos– mencionó nombres de políticos que habrían apoyado su causa, entre ellos el exvicepresidente Francisco Santos.
Recientemente una revelación del exjefe paramilitar motivó la acción inmediata del Gobierno actual por la supuesta desaparición y homicidio de al menos 200 personas en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Las declaraciones de Mancuso ante la JEP han desatado una serie de controversias políticas en Colombia.
Ahora la JEP espera que Mancuso aporte las pruebas que confirmen sus declaraciones para decidir si tiene derecho o no a los beneficios de la justicia transicional frente a los crímenes por los que tiene que responder aún en Colombia.
El papel como gestor de paz
En una carta escrita después del anuncio de Petro en julio de 2023, publicada por varios medios de comunicación, Mancuso dijo que es su «convicción de contribuir con la agenda de la paz total»
«Estoy listo y a la espera de que el gobierno nacional indique la ruta para cumplir las tareas asignadas», escribió Mancuso, quien dijo estar a disposición de la Oficina del Alto Comisionado para La Paz para continuar los procesos de diálogo en esta materia.
Mancuso agregó que seguirá compareciendo ante la justicia como afirma que lo ha hecho desde hace 17 años y reiteró su compromiso con «la verdad, la reparación y la no repetición» de hechos violentos del conflicto armado.
La decisión de Petro de nombrar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en 2023 fue recibida con cautela por varios políticos colombianos. Por una parte se espera que pueda contribuir con procesos de diálogo y esclarecimiento de la verdad, según dijo Petro, pero, por otro lado, opositores del Gobierno como el expresidente Álvaro Uribe, quien desmovilizó a las Autodefensas Unidas de Colombia en su mandato, advirtió que «lo grave» de que Mancuso sea gestor de paz «es que mienta y que haya discriminación» en sus declaraciones, dijo Uribe.
Uribe se refiere a unas declaraciones que hizo Mancuso en su contra, que él califica de «calumnia» y dijo que Petro debería nombrar también como gestores de paz a otros jefes paramilitares como ‘Jorge 40′» para que también aporten información a estos procesos.
El senador oficialista Iván Cepeda, quien forma parte del equipo negociador de paz con el ELN, dijo el año pasado en su cuenta de Twitter que respaldaba la decisión de Petro si tiene el fin de que se conozca la verdad sobre los crímenes de los paramilitares.
«Significa que el señor Salvatore Mancuso va a contribuir decididamente a la paz, a la Paz Total, a reparar a todas las víctimas del accionar de los grupos paramilitares y también a entregar toda la verdad sobre ese accionar, pues es una decisión positiva a la cual le damos (la) bienvenida», dijo Cepeda.
Para el analista León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, un centro de pensamiento político con sede en Bogotá, la decisión de Petro de vincular a Mancuso en un proceso de paz le da una oportunidad al proceso con los paramilitares de «legitimarse», pues que «los paramilitares quedaron con la idea de que el Estado les había incumplido y que este Gustavo Petro les da una nueva oportunidad», dijo Valencia en Twitter.
«Pero también lo que busca Petro es que Mancuso contribuya a que sus herederos —los del Clan del Golfo y los distintos grupos que quedaron después de la desmovilización de los paramilitares— salgan de la violencia y de los negocios ilícitos y se vinculen a La Paz total. Si esto lo logra sería un proceso serio en la reconciliación del país».
