Por Redacción
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Unos 475 trabajadores fueron detenidos durante una redada migratoria en un complejo industrial de Georgia, donde Hyundai fabrica vehículos eléctricos y planea levantar una planta de baterías en asociación con LG Energy Solution. La operación, confirmada por autoridades federales, ha desatado tensiones diplomáticas con Corea del Sur y renovado el debate sobre la política migratoria en Estados Unidos bajo la administración Trump.
Steven Schrank, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), informó el viernes en conferencia de prensa que se trató de la operación “más grande en un solo sitio” en la historia de la agencia. Aseguró que la mayoría de los detenidos eran ciudadanos surcoreanos que trabajaban para una red de subcontratistas.
“Esta operación subraya nuestro compromiso con los empleos para los georgianos y los estadounidenses”, señaló Schrank. Agregó que la investigación llevaba meses en curso y se basó en denuncias de la comunidad y de extrabajadores.
Reacciones en Corea del Sur y empresas afectadas
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Lee Jaewoong, describió el número de nacionales detenidos como “grande” y aseguró que su gobierno ya desplegó diplomáticos desde Washington y Atlanta para asistir a los afectados.
“Las actividades comerciales de nuestros inversores y los derechos de nuestros ciudadanos no deben ser infringidos injustamente en el proceso de aplicación de la ley de Estados Unidos”, advirtió.
Lee explicó que los trabajadores arrestados estaban vinculados a una red de contratistas que operaban dentro del complejo de Hyundai y no necesariamente empleados directos de la automotriz. Su gobierno planea formar un equipo de respuesta en el sitio para monitorear de cerca la situación.
La compañía LG Energy Solution, socia de Hyundai en la construcción de la planta de baterías, declaró a The Associated Press que está “monitoreando de cerca la situación y recopilando todos los detalles relevantes”. Añadió que su prioridad es garantizar la seguridad de sus empleados y socios, y que cooperará con las autoridades.
La planta de vehículos eléctricos de Hyundai, que comenzó operaciones hace un año y tiene una inversión de 7,600 millones de dólares, emplea a unas 1,200 personas. Su oficina en Corea del Sur no respondió a solicitudes de comentarios, mientras que en Estados Unidos la portavoz Bianca Johnson aclaró que la producción de autos eléctricos no se ha detenido. En contraste, la empresa conjunta HL-GA Battery Company anunció la suspensión temporal de las obras de construcción de la planta de baterías hasta que se aclare la situación.
Redada histórica y política migratoria en EE.UU.
La operación del jueves se ejecutó en un terreno de 1,214 hectáreas (3,000 acres) al oeste de Savannah, considerado uno de los proyectos económicos más grandes en la historia de Georgia. El gobernador Brian Kemp había promocionado la inversión como un motor de empleo y competitividad tecnológica para el estado.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que la redada se enfocó en el sitio de construcción de la planta de baterías y formó parte de una investigación penal sobre presuntas prácticas laborales ilegales y otros delitos federales graves. Lindsay Williams, portavoz del ICE, recalcó que los agentes actuaron con una orden judicial y que el caso sigue abierto.
El operativo se enmarca en la agenda de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, que ha llevado a redadas en granjas, restaurantes, talleres mecánicos y ahora en una de las instalaciones industriales más emblemáticas del país. Según el Centro de Investigación Pew, la fuerza laboral de Estados Unidos perdió más de 1.2 millones de inmigrantes —legales e indocumentados— entre enero y julio, de acuerdo con datos preliminares de la Oficina del Censo.
El caso plantea dilemas sobre la relación entre desarrollo económico y aplicación de la ley migratoria. Para Georgia, la planta de Hyundai representa miles de empleos directos e indirectos y la oportunidad de posicionarse como un centro de la transición hacia los autos eléctricos. Sin embargo, la redada revela cómo la dependencia de contratistas extranjeros y el escrutinio federal pueden complicar ese panorama.
Tensión diplomática y futuro incierto
El gobierno de Corea del Sur ya elevó el tema en sus canales diplomáticos y busca garantías de trato justo para los detenidos. En Seúl, la noticia causó preocupación por la imagen de sus empresas y por la seguridad de miles de trabajadores enviados a proyectos internacionales en Estados Unidos.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional defendió la redada como una medida necesaria para enfrentar prácticas laborales que, según la investigación, violarían leyes federales.
“Nuestro deber es aplicar la ley y garantizar que los trabajos en suelo estadounidense estén reservados para quienes cumplen con los requisitos legales”, dijo un portavoz en un comunicado.
Los expertos advierten que el choque entre una agenda migratoria restrictiva y la necesidad de inversión extranjera podría complicar la llegada de proyectos similares en el futuro. En el corto plazo, tanto Hyundai como LG deberán enfrentar las consecuencias de una investigación que amenaza con entorpecer su apuesta por el mercado estadounidense de vehículos eléctricos y baterías.
