Por Agencias
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En su discurso de victoria, el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, prometió revertir el aumento de la deforestación en la selva amazónica.
“Volveremos a monitorear y hacer vigilancia en la Amazonía. Combatiremos toda actividad ilegal. Al mismo tiempo, promoveremos el desarrollo sostenible de las comunidades en la Amazonía”, dijo el izquierdista da Silva en su discurso en un hotel en el centro de Sao Paulo”.
Para lograrlo en su tercer mandato, tendrá que impulsar la aplicación de la ley ambiental, enfrentarse a un Congreso hostil y tratar con gobernadores estatales que tienen fuertes lazos con el derrotado presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.
La labor será inmensa.
El área deforestada en la Amazonía brasileña alcanzó su pico máximo de 15 años desde agosto de 2020 hasta julio de 2021, según cifras oficiales.
El monitoreo satelital muestra que la tendencia en 2022 está en camino de superar el año anterior.
Sobre el terreno, el principal desafío será reconstruir las agencias ambientales y la oficina indígena de Brasil.
Da Silva también prometió crear un ministerio de asuntos indígenas encabezado por un indígena.
Bajo Bolsonaro, estos han sido dirigidos por personas cercanas al sector de la agroindustria, que durante mucho tiempo ha presionado por la legalización del robo de tierras y se opone a la creación de áreas protegidas como los territorios indígenas.
En 2023, el sector agroindustrial, que respaldó la reelección fallida de Bolsonaro, controlará cerca de la mitad del Congreso.
En los últimos años, el caucus presentó proyectos de ley para facilitar la legislación ambiental.
A nivel estatal, seis de los nueve gobernadores de la Amazonía son aliados de Bolsonaro, la mayoría con fuertes vínculos con la agroindustria.
Uno de ellos, Marcos Rocha, del estado de Rondonia, fue reelegido dos días después de que hizo un intento de alto perfil, para pulir sus credenciales antiambientales al eliminar la protección en un terreno de conservación de aproximadamente el doble del tamaño de dos ciudades de Nueva York.
Da Silva tiene que usar su apoyo en las urnas para promover su agenda ambiental, según Caetano Scannavino, coordinador de Health & Happiness, una organización sin fines de lucro amazónica que apoya proyectos sostenibles en la cuenca del Tapajós.
“La mayoría de los brasileños han expresado su oposición a la deforestación y la violación de los derechos indígenas”, dijo Scannavino a The Associated Press en una entrevista.
“Da Silva tiene que reunir en este clamor a académicos, organizaciones sin fines de lucro y el sector más responsable como la agroindustria. El desafío es hacer del medio ambiente una política de Estado, independiente de izquierda o derecha”.
En el frente internacional, las promesas de da Silva de preservar la selva tropical más grande del mundo ya han encontrado partidarios.
El gobierno noruego indicó que reanudará sus donaciones multimillonarias basadas en el desempeño para financiar políticas contra la deforestación.
“Noruega espera revitalizar nuestra amplia asociación climática y forestal con Brasil”, escribió en su cuenta de Twitter el Ministro de Clima y Medio Ambiente, Espen Barth Eide.
MÉXICO
Al menos dos fosas clandestinas con restos humanos fueron encontradas en el estado de Guanajuato, en el centro de México, dijeron esta semana las autoridades estatales.
La Fiscalía estatal no dijo cuántos cuerpos se encontraron en las fosas de Irapuato, pero el colectivo de búsqueda “Hasta Encontrarte”, indicó anteriormente que en las fosas se encontraron 41 bolsas con restos humanos.
Los restos fueron transportados a la unidad forense que maneja las identificaciones, dijo la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía también indicó que la remoción se dio gracias a días de trabajo en el sitio por parte de especialistas forenses, antropólogos y colectivos de búsqueda.
Estos colectivos de voluntarios, generalmente familiares de desaparecidos, trabajan en todo México, donde se estima que hay más de 100,000 desaparecidos registrados.
Los medios locales informaron que las tumbas fueron encontradas después de que los vecinos, informaron a la policía y al colectivo, haber visto a un perro con una pierna humana.
Guanajuato es uno de los seis estados que concentran la mitad de los homicidios en México.
CUBA
Un total de 18 exlíderes latinoamericanos y caribeños han firmado una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que le piden a los Estados Unidos que elimine su embargo de seis décadas contra Cuba a raíz de la devastación causada por el huracán Ian.
La carta también solicita que Biden elimine a Cuba de su lista de estados patrocinadores del terrorismo por brindar refugio a los líderes de un grupo guerrillero que ahora está listo para reingresar a las conversaciones de paz con Colombia, un aliado estadounidense.
La carta llega cuando Cuba sufre su peor crisis económica, política y energética del siglo hasta el momento, lo que ha provocado un éxodo migratorio de la isla.
Fue duramente golpeado por el huracán Ian, el cual azotó el oeste cubano antes de llegar al sur de Florida a fines del mes pasado.
“Le pedimos, señor Presidente, que tenga en cuenta esta dramática situación que viven miles de cubanos y haga lo que sea necesario para levantar aquellas restricciones que afectan a los más vulnerables”, se lee en la misiva.
Entre los firmantes se encuentran la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, dos exlíderes colombianos, Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, y exlíderes desde Bolivia hasta Belice.
Todos los firmantes son de izquierda o de centro.
Notoriamente ausentes estaban las firmas de políticos de derecha, lo que subraya las profundas divisiones que la isla caribeña aún provoca en la región.
La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene previsto votar esta semana una resolución para condenar el embargo comercial y se espera que se apruebe de nuevo por trigésimo año consecutivo.
Sin embargo, el expresidente colombiano Ernesto Samper dijo en una entrevista que no quiere que la carta sea vista como una declaración política.
“En este momento lo que nos preocupa es que quienes pagan el costo… son los cubanos que se están quedando sin comida, sin medicinas ni luz”, recalcó Samper.
El embargo comercial se impuso en 1962 cuando la revolución cubana viraba hacia el socialismo, y ha restringido el acceso de Cuba a una amplia gama de productos, así como a la ayuda internacional y los recursos financieros.
Los funcionarios caribeños dicen que las restricciones han dificultado la recuperación del huracán, que destruyó 14,000 viviendas y causó daños a largo plazo en la red eléctrica del país.
Si bien el gobierno del ex Presidente Barack Obama suavizó muchas sanciones, volvieron a entrar en vigor bajo el gobierno de Donald Trump, que justificó las sanciones al volver a designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo por su negativa a extraditar a 10 líderes del grupo guerrillero más grande que queda en Colombia, el Partido Nacional y el Ejército de Liberación.
Pero esa orden se levantó cuando el primer líder izquierdista de Colombia asumió en agosto y anunció nuevas conversaciones de paz con el grupo.
Los líderes rebeldes abandonaron recientemente Cuba para celebrar negociaciones en Venezuela.
Biden ha suavizado algunas medidas, pero también ha sido muy crítico con el duro trato del gobierno cubano a los manifestantes el año pasado, lo que también endureció el sentimiento contra las concesiones al gobierno cubano entre los cubanoamericanos, un bloque electoral clave en la Florida.
