Por Agencias
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El Presidente de México, Andrés López Obrador arremetió esta semana contra lo que calificó de «espionaje» e «interferencia» de Estados Unidos en México, días después de que fiscales estadounidenses anunciaran cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa por contrabandear cantidades masivas de fentanilo a Estados Unidos.
López Obrador sugirió que el caso se había construido sobre información recopilada por agentes estadounidenses en México y aseveró que “agentes extranjeros no pueden estar en México”.
Llamó a la investigación de Sinaloa “una injerencia abusiva y arrogante que no debe aceptarse bajo ninguna circunstancia”.
Un ex alto agente antidrogas de EE. UU. calificó los comentarios del presidente de “injustificados”.
Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), indicó que López Obrador estaba asumiendo erróneamente que los agentes estadounidenses debían estar en México para recopilar inteligencia para el caso.
De hecho, mencionó que gran parte del caso parece provenir de sospechosos de narcotráfico capturados en los EE.UU.
“Él quiere destruir por completo la relación de trabajo que ha llevado décadas construir. Esto se va a traducir en más drogas llegando a Estados Unidos y más violencia y corrupción en México”, increpó Vigil.
López Obrador continuó un día después describiendo el fentanilo, el mortal opioide sintético que causa unas 70,000 muertes por sobredosis al año en Estados Unidos, como un problema estadounidense, alegando que no se fabrica en México, sin embargo en el pasado él mismo indicó que algunos carteles fabricaban la droga con productos provenientes de China.
Ha sugerido que las familias estadounidenses abracen más a sus hij@s o mantengan a sus hijos adultos en casa por más tiempo para detener la crisis del fentanilo.
El presidente mexicano también dejó en claro que la lucha contra el tráfico de fentanilo pasa a un segundo plano frente a los problemas de seguridad interna de México, y que México está ayudando solo por buena voluntad.
“Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la seguridad pública en nuestro país… eso es lo primero”, dijo López Obrador, “y en segundo lugar, ayudar y cooperar con el gobierno de Estados Unidos”.
Vigil señaló que son los mismos carteles que trafican fentanilo y metanfetaminas los que causan la mayor parte de la violencia en México.
“Es poco probable que evitar las confrontaciones con los cárteles traiga la paz, adujo Vigil, y señaló que “va a tener exactamente el efecto contrario”.
Los cargos estadounidenses anunciados el viernes, donde se incluyen a los hijos del ‘Chapo’ Guzmán, revelaron los métodos brutales e impactantes que utilizó su cártel, con sede en el estado norteño de Sinaloa, para mover cantidades masivas de fentanilo cada vez más barato a los Estados Unidos.
EL SALVADOR
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido a El Salvador que restablezca todos los derechos suspendidos en virtud de un decreto antipandillas de “emergencia”, que el gobierno dijo el miércoles que desea extenderlo por un mes más.
La Comisión, un brazo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó su preocupación por los poderes especiales para intervenir teléfonos y detener a personas por períodos prolongados.
También expresó su preocupación por los miles de abusos de derechos denunciados, muchos relacionados con detenciones arbitrarias.
Por su parte el Presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solicitó el miércoles al Congreso de su país que prorrogue nuevamente el decreto de emergencia para continuar con la represión de las pandillas, que es muy popular entre los salvadoreños.
Las encuestas sugieren que más de 8 de cada 10 salvadoreños apoyan las medidas.
“Esta medida de seguridad ha ayudado a transformar el país. Los homicidios han bajado significativamente… Sin duda vamos por buen camino”, recalcó el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en una solicitud de prórroga.
Durante décadas, pandillas criminales como la Mara Salvatrucha y la Barrio 18, esencialmente gobernaron las zonas más pobres de El Salvador, matando y extorsionando a personas de todos los ámbitos de la vida.
Villatoro indicó que las medidas se mantendrán hasta que se arreste al “último pandillero”.
El Congreso ha votado para renovar los poderes de emergencia una docena de veces, llevando la represión a su segundo año.
Originalmente, se suponía que las medidas de emergencia contra las maras durarían solo un mes, luego de un aumento en la violencia de las pandillas en el que 62 personas murieron en un solo día.
En el año transcurrido desde entonces, un total de unas 67,000 personas han sido arrestadas y 4,304 han sido liberadas, originalmente impuesta el 27 de marzo de 2022.
Mientras tanto, los grupos de derechos increpan que ha habido 111 muertes bajo custodia policial y 5,802 casos de violaciones de derechos humanos.
