Por Agencias
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El Departamento de Justicia (DOJ) de Puerto Rico anunció el martes que está demandando al menos a 30 ex funcionarios del gobierno acusados de corrupción para recuperar más de $30 millones de dólares en fondos públicos.
Entre l@s demandad@s se encuentran tres exlegisladors, incluida María Milagros Charbonier, quien fue sentenciada en mayo a ocho años de prisión federal tras ser declarada culpable de robo, soborno y plan de comisiones ilícitas.
“Vamos a recuperar el dinero del pueblo puertorriqueño y a reclamar una cantidad que suma tres veces el daño causado por quienes se han apropiado ilegalmente de fondos públicos”, indicó Domingo Emanuelli, Secretario de Justicia en Puerto Rico.
También están demandados ocho exalcaldes, entre ellos Félix Delgado de Cataño y Ángel Pérez de Guaynabo.
Delgado ya fue sentenciado a un año de prisión federal en marzo después de declararse culpable de aceptar sobornos, a cambio de otorgar contratos municipales por valor de millones de dólares.
Pérez fue sentenciado a más de cinco años de prisión federal en febrero luego de ser declarado culpable de soborno y extorsión.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico había sido acusado durante mucho tiempo de no tomar medidas suficientes contra la corrupción gubernamental generalizada en la isla, y en los últimos años las autoridades federales habían tomado las riendas.
“Por primera vez en la isla, el Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a más de 30 condenados por corrupción con el propósito de recuperar fondos públicos y exigir reparación por los daños que causaron al pueblo puertorriqueño”, explicó Emanuelli.
El DOJ también demandó a dos empresas que en el pasado ya las habían investigado por corrupción pública, J. R. Asphalt, Inc. y Waste Collection Corp.
El DOJ afirmó que, de acuerdo con las normas procesales civiles del territorio estadounidense, podría implementar medidas provisionales para recuperar activos, y restringir la capacidad de los acusados para vender propiedades.
BRASIL
La Corte Suprema de Brasil votó el martes a favor de despenalizar la posesión de marihuana para uso personal, convirtiendo al país en uno de los últimos de América Latina en hacerlo, en una medida que podría reducir su enorme población carcelaria.
Con los votos finales emitidos el martes, la mayoría de los jueces del tribunal de 11 personas votaron a favor de la despenalización desde que comenzaron las deliberaciones en 2015.
Los magistrados también deben determinar la cantidad máxima de marihuana que se caracterizaría como para uso personal y cuándo entrará en vigor el fallo, se espera que esto termine este miércoles.
Todos los jueces que votaron a favor indicaron que la despenalización debería restringirse a la posesión de marihuana en cantidades adecuadas para uso personal, la venta de otras drogas seguirá siendo ilegal.
En 2006, el Congreso de Brasil aprobó una ley que buscaba castigar a individuos sorprendidos portando pequeñas cantidades de drogas, incluida marihuana, con penas alternativas, como el servicio comunitario.
L@s expert@s aseguran que la ley era demasiado vaga, y no establecía una cantidad específica para ayudar a las autoridades y a los jueces a diferenciar el uso personal del tráfico de drogas.
La policía siguió arrestando a personas que transportaban pequeñas cantidades de drogas por cargos de tráfico y la población carcelaria de Brasil siguió aumentando.
“La mayoría de los detenidos en prisión preventiva y condenados por tráfico de drogas en Brasil son delincuentes primerizos, que portaban pequeñas cantidades de sustancias ilícitas, atrapados en operaciones policiales de rutina, desarmados y sin evidencia de relación con el crimen organizado”, explicó Ilona Szabó, Presidenta del Instituto Igarapé, un grupo de expertos centrado en la seguridad pública.
El Congreso ha respondido a las deliberaciones en curso del tribunal superior presentando por separado una propuesta para endurecer la legislación sobre drogas, lo que complicaría el panorama legal que rodea la posesión de marihuana.
En abril, el Senado aprobó una enmienda constitucional que tipifica como delito la posesión de cualquier cantidad de sustancia ilícita.
El comité constitucional de la cámara baja aprobó la propuesta el 12 de junio y tendrá que pasar por al menos otro comité antes de pasar a votación en el pleno. Cónyuges
