Por Agencias
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Cuando el periodista guatemalteco José Rubén Zamora regresó a su casa después de más de dos años en prisión sin una condena, la encontró vacía, que olía a abandono después de que su familia huyó del país, temiendo enfrentar su misma suerte.
El lunes, una semana después de su liberación, Zamora habló de su propio futuro incierto en una entrevista con The Associated Press bajo la sombra de los esfuerzos por mantenerlo tras las rejas y su preocupación por otros periodistas que hacen el tipo de trabajo de investigación que él hizo.
Empujado a la luz pública, el periodista de 68 años es tímido, no le gusta ser el blanco de las noticias.
Zamora aseguró que todavía puede sentir las secuelas del encarcelamiento en sus huesos, y también en su vida cotidiana después de que financiar su defensa legal lo obligara a vender sus pertenencias, sobreviviendo solo con el apoyo de sus hij@s.
“Francamente, la sensación de no tener dinero, que es el mío, es complicada y no tengo los medios para desplazarme”, señaló.
La entrevista llega después de un largo camino para Zamora, quien ha pasado las últimas tres décadas trabajando como periodista, 24 de esos años como presidente de El Periódico, la organización de noticias que fundó para investigar la corrupción en Guatemala.
Es un tema peligroso de investigar en un país como Guatemala, donde la Fiscalía General de la República allanó instalaciones electorales, confiscó y abrió urnas y atacó al partido Movimiento Semilla del ahora presidente Bernardo Arévalo en un esfuerzo por evitar que asumiera el cargo.
Hasta el día de hoy, Zamora cree que fue el trabajo de investigación de su periódico lo que lo llevó a ser blanco de los fiscales.
En particular, fue su crítica directa al expresidente Alejandro Giammattei y a su aliada, la actual fiscal general Consuelo Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos por presuntamente obstruir las investigaciones de corrupción.
Los agentes de Porras allanaron la casa de Zamora en julio de 2022 y lo arrestaron, acusándolo de lavado de dinero después de que le pidió a un amigo que depositara $38,000 dólares que Zamora aseguró que eran una donación a su periódico.
Zamora dijo que no depositó el dinero en el banco, porque la persona que hizo la donación temía sufrir represalias por apoyar al medio de comunicación.
Inicialmente fue condenado a seis años de prisión, sentencia que fue anulada por fallas de procedimiento, luego fue acusado de falsificación de documentos y enfrentó un segundo juicio por supuestamente mentir en el primer caso en su contra.
Esta semana, finalmente fue liberado, luego de que un juez señalara que dos años de prisión preventiva violaban el derecho nacional e internacional de los derechos humanos.
Tras su liberación, uno de sus primeros visitantes fue el presidente Arévalo.
“Le expliqué que en Guatemala nunca ha habido instituciones dedicadas al control ni a una supervisión rigurosa. Por eso es tan importante la prensa: no hay persecución ni castigo para los corruptos, sino muros de impunidad”, indicó Zamora.
EL SALVADOR
Más de 2,000 soldados y 500 policías rodearon el lunes un populoso barrio en las afueras de la capital de El Salvador en un esfuerzo por acabar con los restos de las pandillas que, según el presidente, estaban tratando de establecerse en la zona.
“Hay un grupo de pandiller@s escondid@s. Hemos establecido un cerco de seguridad en todo el barrio… para sacar hasta el último pandillero de la zona”, escribió el presidente salvadoreño Nayib Bukele en una publicación en X.
La Policía rodeó el barrio de San Marcos con un cerco militar, estableciendo puestos de control para evitar que los pandilleros escapen, indicó el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
El cerco fue el tercero de este tipo que se instaló en partes de San Salvador con la intención de encontrar y arrestar a los pandilleros que aún operan en el país.
En marzo, Bukele ordenó que se levantaran barricadas similares en una parte del norte del país, que dijo que era para desmantelar una facción de la pandilla Barrio 18.
El bloqueo es el último de la guerra del líder populista contra las pandillas, anunciada por Bukele tras un aumento de la violencia en marzo de 2022.
El gobierno de Bukele pidió un “estado de emergencia” y renunció a los derechos constitucionales de arrestar a más del 1% de la población de El Salvador con pocas pruebas.
La represión ha alimentado duras críticas de los grupos de derechos humanos, que han alertado sobre las condiciones carcelarias y han dicho que muchos de los arrestados eran inocentes o solo tenían vínculos vagos con las pandillas.
Otras medidas que ha tomado, como buscar la reelección a pesar de la prohibición constitucional de que los presidentes cumplan dos mandatos consecutivos, han hecho sonar otras alarmas democráticas.
Pero la guerra contra las pandillas también asestó un duro golpe a las pandillas Barrio 18 y MS-13 que durante mucho tiempo han sembrado el terror en gran parte del país, extorsionando, asesinando a quienes no pagan y traficando drogas.
Las medidas resultaron en una fuerte caída de los homicidios y estimularon un fervor populista por Bukele.
A pesar de haber declarado efectivamente la victoria en su guerra, el presidente ha seguido extendiendo el «estado de emergencia» durante más de dos años, alegando que tales medidas son necesarias para sacar los restos
