ESPAÑOL
Scroll down for the English version*
Por/By Agencias-Agencies
[email protected]
El fiscal federal Felipe Muñoz dijo a los reporteros que se vio obligado a recibir una sentencia de nueve años por una declaración de culpabilidad por cargos de lavado de dinero del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte porque temía que un tribunal pudiera desechar información financiera clave.
Duarte podría servir mucho menos tiempo para un buen comportamiento.
El acuerdo de culpabilidad provocó una indignación generalizada en México por lo que se considera uno de los mayores casos de corrupción descubiertos en la historia reciente.
Duarte había huido de México poco antes del final de su mandato en 2016, en medio de cargos de malversación de sumas que algunos cálculos estimaban en cientos de millones de dólares.
Fue detenido en 2017 en Guatemala y extraditado.
A pesar de los esfuerzos para reforzar las leyes contra el lavado de dinero, México ha luchado para organizar procesamientos exitosos en un país inundado con miles de millones de dólares en ingresos ilícitos del narcotráfico, el crimen organizado y el robo de dinero público.
Reuters informó en agosto que una gran cantidad de casos de corrupción de alto perfil, incluido el de Duarte, estaban en riesgo debido a un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2017, ya que requiere que las autoridades busquen el consentimiento de un juez antes de obtener información bancaria.
Muñoz explicó que los datos financieros en el caso de Duarte se habían obtenido antes del precedente.
“¿Qué sucede si vamos a juicio y en la audiencia intermedia nos dicen: pruebas ilegales? ¿Sabes que? Duarte estaría de vacaciones en Veracruz, Cancún o Miami en este momento ”, argumentó Muñoz.
«Han aplicado este precedente de manera retroactiva. Me parece que esto está generando impunidad», añadió.
entó en su decisión que la supervisión judicial era necesaria para prevenir los abusos de los fiscales.
En agosto, un juez desestimó los cargos de corrupción contra un ex jefe del sindicato de docentes, citando el fallo de la Corte Suprema.
Los casos de otros cinco gobernadores ex estatales detenidos que enfrentan un juicio por cargos de corrupción también pueden ser vulnerables, confesaron los expertos.
Duarte pertenecía al partido PRI del presidente Enrique Peña Nieto, quien fue derrotado por una amplia ventaja por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en julio.
López Obrador, quien asumirá el cargo el 1 de diciembre, promete acabar con la corrupción generalizada, pero heredará un sistema de justicia disfuncional que está tratando de hacer una transición a los juicios orales al estilo de los Estados Unidos.
PERU
Un tribunal en Perú revirtió el indulto otorgado al ex presidente del país, Alberto Fujimori a principios de año.
Fujimori fue indultado en diciembre por motivos de salud, nueve años después de haber sido declarado culpable de tener vínculos con un escuadrón de la muerte y dos masacres.
Esta semana, sin embargo, un tribunal le ordenó volver a la cárcel después de que un grupo de víctimas ganara una apelación contra la decisión, hecha por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski.
Fujimori, quien dirigió Perú en la década de 1990, luchará contra la decisión, dijo su abogado.
Su hija Keiko, quien encabeza el principal partido de la Fuerza Popular de oposición, dijo a los periodistas que la decisión fue «inhumana» e «injusta».
La mayoría de los peruanos habían asumido que Fujimori, ahora de 80 años, estaría en prisión por el resto de su vida después de haber sido condenado a 25 años en 2009, tras haber sido condenado por ordenar el asesinato de 25 personas por un escuadrón de la muerte respaldado por el gobierno durante el conflicto interno de Perú.
Pero en diciembre de 2017, fue llevado de la cárcel a un hospital en la capital, Lima, debido a problemas de salud; sufría de presión arterial baja y ritmo cardíaco anormal.
El ex presidente Kuczynski, quien renunció en marzo por un escándalo de compra de votos, le otorgó un indulto el mismo mes, lo que provocó protestas en Lima, incluso cuando los simpatizantes de Fujimori celebraban fuera del hospital de la ciudad donde lo atendían.
El perdón fue ampliamente visto como parte de un acuerdo político.
Kuczynski había evitado por poco el juicio político, con el apoyo de los partidarios de Fujimori, tres días antes.
Carlos Rivera, quien representa a los familiares de las víctimas, explicó que la decisión de revertir el perdón «restablece el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas».
Fujimori es admirado por muchos en Perú por aplastar despiadadamente a los rebeldes maoístas en la década de 1990, poniendo fin a un conflicto que costó decenas de miles de vidas.
Pero sus críticos dicen que es un dictador corrupto que fue encarcelado legítimamente por ordenar los asesinatos de campesinos inocentes.
BOLIVIA
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictaminado contra Bolivia en su disputa con el vecino Chile sobre el acceso al Océano Pacífico, una disputa que se remonta a finales del siglo XIX.
Bolivia sin litoral perdió el acceso al mar en 1884 después de una guerra con Chile y desde entonces ha intentado recuperarla.
El tribunal aseguró que Chile no estaba obligado a negociar para otorgar acceso a Bolivia.
El fallo, que se produce después de cinco años de deliberaciones, es definitivo y vinculante.
A pesar de la naturaleza final del fallo, el presidente boliviano, Evo Morales, manifestó que «Bolivia nunca se rendirá».
Después de su derrota por Chile en la Guerra del Pacífico, Bolivia perdió 120,000 kilómetros cuadrados de tierra y se convirtió en un país sin salida al mar.
Bolivia dijo que Chile tenía la obligación de «negociar un acceso soberano al mar para Bolivia», trayendo la disputa territorial en 2013 a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda.
Chile y Bolivia no han tenido relaciones diplomáticas plenas desde 1978.
Los jueces del tribunal superior de las Naciones Unidas no decidieron si Chile o Bolivia tenían los derechos sobre el tramo costero en disputa, solo dictaminaron si Chile tenía la obligación de negociar con Bolivia.
El juez Abdulqawi Ahmed Yusuf anunció que el tribunal determinó por 12 votos contra tres que Chile no tenía esa obligación.
El fallo es un revés importante para el presidente Evo Morales, quien estuvo presente en el tribunal de La Haya cuando se leyó.
Cuando el juez desestimó los argumentos de Bolivia uno por uno, el rostro de Morales se volvió cada vez más sombrío.
El presidente, que ha estado en el poder desde 2006, se postula por cuarto período consecutivo en 2019 y el tema del acceso al Océano Pacífico es un tema emotivo para los bolivianos.
A pesar de no tener acceso al mar, Bolivia mantiene una pequeña marina y celebra el Día del Mar cada año.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, acogió con satisfacción la decisión. Mientras hablaba en la capital, Santiago, subrayó que «Chile no tiene obligación de negociar».
«El presidente Morales generó falsas expectativas entre su gente (…) y nos hizo perder cinco años que podrían haberse pasado construyendo una relación saludable entre los dos países», indicó.
Las fronteras entre los dos vecinos se remontan al Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado después de que Bolivia perdió 400 km (250 millas) de costa hacia Chile durante la Guerra del Pacífico (1879-1884).
ENGLISH
Federal prosecutor Felipe Munoz told reporters he was forced to take a nine-year sentence for a guilty plea to money laundering charges from former Veracruz Governor Javier Duarte because he feared a court could throw out key financial information.
Duarte could serve much less time for good behavior.
The plea deal sparked widespread outrage in Mexico over what is considered to be one of the biggest corruption cases uncovered in recent history.
Duarte had fled Mexico shortly before the end of his term in 2016 amid charges of embezzling sums that some estimates put in the hundreds of millions of dollars.
He was detained in 2017 in Guatemala and extradited.
Despite efforts to bolster anti-money laundering laws, Mexico has struggled to mount successful prosecutions in a country awash with billions of dollars in illicit proceeds from drug trafficking, organized crime and theft of public money.
Reuters reported in August that a host of high-profile corruption cases, including Duarte’s, were at risk due to a November 2017 Supreme Court ruling that requires authorities to seek a judge’s consent before obtaining banking information.
Munoz said financial data in Duarte’s case had been obtained before the precedent.
“What happens if we go to trial and in the intermediate hearing they tell us: Illegal evidence? Do you know what? Duarte would be vacationing in Veracruz, Cancun or Miami right now,” Munoz said.
“They have applied this precedent retroactively,” he said. “It seems to me that this is generating impunity.”
The high court argued in its decision that judicial oversight was necessary to prevent abuses by prosecutors.
In August, a judge threw out corruption charges against a former teachers union boss, citing the Supreme Court ruling.
The cases of five more detained ex-state governors facing trial on corruption charges may also be vulnerable, experts have said.
Duarte belonged to President Enrique Pena Nieto’s PRI party, which was defeated in a landslide by President-elect Andres Manuel Lopez Obrador in July.
Lopez Obrador, who takes office on Dec. 1, promises to end widespread corruption, but he will inherit a dysfunctional justice system that is trying to make a transition to oral, U.S.-style trials.
PERU
A court in Peru has reversed a pardon granted to the country’s ex-president, Alberto Fujimori.
Fujimori was pardoned in December on health grounds, nine years after being found guilty of having links to a death squad and two massacres.
But a court ordered him back to jail after a victims’ group won an appeal against the decision, made by then-president, Pedro Pablo Kuczynski.
Fujimori, who led Peru in the 1990s, will fight the ruling, his lawyer said.
His daughter Keiko, who leads the main opposition Popular Force party, told reporters the decision was «inhuman» and «unjust».
Most Peruvians had assumed Fujimori, now 80, would be in prison for the rest of his life after being sentenced to 25 years in 2009, having been convicted of ordering the killings of 25 people by a government-backed death squad during Peru’s internal conflict.
But in December 2017, he was taken from prison to a hospital in the capital, Lima, because of health concerns; he was suffering from low blood pressure and abnormal heart rhythm.
Mr. Kuczynski, who resigned in March over a vote-buying scandal, gave him a pardon the same month, prompting protests in Lima – even as Fujimori’s supporters celebrated outside the city hospital where he was being treated.
The pardon was widely seen as part of a political deal.
Mr Kuczynski had narrowly avoided impeachment, with the support of Fujimori’s supporters, three days earlier.
Carlos Rivera, who is representing victims’ family members, said the decision to reverse the pardon «re-establishes the right to justice for the family members of the victims».
Fujimori is admired by many in Peru for ruthlessly crushing Maoist rebels in the 1990s, ending a conflict that cost tens of thousands of lives.
But his critics say he is a corrupt dictator who was rightfully jailed for ordering the killings of peasants.
BOLIVIA
The International Court of Justice (ICJ) has ruled against Bolivia in its dispute with neighboring Chile over access to the Pacific Ocean – a feud dating back to the late 19th Century.
Landlocked Bolivia lost access to the sea in 1884 after a war with Chile and has tried to regain it ever since.
The court said Chile was not obliged to negotiate granting Bolivia access.
The ruling, which comes after five years of deliberations, is final and binding.
Despite the final nature of the ruling, Bolivian President Evo Morales said «Bolivia will never give up».
After its defeat by Chile in the War of the Pacific, Bolivia lost 120,000 sq km of land and became a landlocked country
Bolivia said that Chile had an obligation to «negotiate a sovereign access to the sea for Bolivia»
It brought the territorial dispute in 2013 to the International Court of Justice in The Hague.
