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Por Agencias-Agencies
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Un presunto asesino en serie en México fue capturado después de años de presuntos delitos solo debido a que su última víctima desmembrada, era la esposa de un comandante de policía local.
Sin el financiamiento, la capacitación o el profesionalismo adecuados, los fiscales en México no han logrado detener a los asesinos hasta que los cuerpos se amontonan tan alto que son casi inevitables.
En 2018, un asesino en serie en la Ciudad de México fue capturado solo después de que lo encontraron empujando por la calle un cuerpo desmembrado, en un cochecito de bebé.
Ahora, el sospechoso que las autoridades identificaron sólo como «Andrés» está acusado de matar y desmembrar, el 14 de mayo, a una mujer de 34 años llamada “Reyna”, quien tenía una pequeña tienda de teléfonos celulares.
De acuerdo a la ley mexicana, las autoridades no pueden revelar los nombres completos del sospechoso y las víctimas.
Los investigadores encontraron zapatos de mujer, maquillaje y listas de nombres en la casa del excarnicero de 72 años, y miles de huesos enterrados bajo el piso de la casa en el suburbio de clase trabajadora de Atizapán en la Ciudad de México.
También encontraron varias identificaciones de mujeres que desaparecieron hace cinco años, y partes del cuerpo de Reyna fileteadas y seccionadas cuidadosamente, una sierra para metales ensangrentada y un cuchillo en una mesa de un sótano clandestino.
Sergio Baltazar, el abogado de la familia de la víctima, indicó que el esposo de Reyna, “Bruno”, tuvo la misma experiencia frustrante que la mayoría de los mexicanos cuando fue a las fiscalías luego de que su esposa desapareció.
“Los detectives realmente lo decepcionaron. No querían ayudarlo”, dijo Baltazar.
Pero como comandante de la policía, Bruno tenía medios a su disposición que la mayoría de los mexicanos no tiene, por lo que accedió a las cámaras de vigilancia de la policía.
“Bruno hizo gran parte del trabajo de investigación por su cuenta”, reveló Baltazar.
Reyna tenía programado llevar a Andrés, un amigo de la familia, con ella en un mandado bisemanal a un mercado mayorista en el centro de la ciudad para conseguir suministros para su tienda de celulares.
Andrés, a quien la familia llamaba “El Viejo”, fue considerado una especie de caso de caridad por la pareja y sus hijos, quienes lo invitaron a su casa y lo alimentaban, a cambio de ayudar a Reyna a llevar los suministros para su tienda.
Cuando Reyna no regresó a casa, Bruno, llamó a Andrés, quien le dijo que no la había visto y que ella nunca se había presentado para el viaje de compras, pero las cámaras de la policía mostraron a Reyna entrando a la calle donde vivía Andrés y nunca saliendo.
Sólo dos días después y cada vez más preocupado, Bruno se presentó en la casa de Andrés con el hermano de Reyna, y tenía a otros agentes cerca.
El anciano se puso nervioso, pero dejó entrar a Bruno a la casa y le recalcó que no encontraría nada, y al principio no lo hizo…
Pero luego Bruno marcó el número de teléfono celular de Reyna y lo escuchó sonar abajo, descubriendo un sótano improvisado con una entrada estrecha. Descubrió lo que quedaba del cuerpo.
Andrés intentó correr, pero la policía que esperaba se abalanzó sobre él.
Baltazar indicó que Andrés admitió inicialmente algunos asesinatos, pero luego se calmó.
“Dice que hay cinco que recuerda, pero luego cuando le mostraron los cuadernos (con listas de nombres) dice que no recuerda”, pero dice que no hacía lista de los asesinatos”, señaló Baltazar.
Si bien los fiscales no se han aventurado a adivinar el número de víctimas, las identificaciones, los nombres que se encuentran en anotaciones manuscritas en la casa y los fragmentos de huesos sugieren que puede llegar a 15 o más.
Como abogado de la familia de la víctima, Baltazar quiere que los fiscales investiguen a los posibles cómplices, dada la edad y la condición física del sospechoso.
“Es difícil creer que tuviera la fuerza para hacerlo él mismo. Probablemente hay más cómplices».
MÉXICO
Otro candidato a alcalde en el centro-norte de México ha sido asesinado, elevando a 34 el número de candidatos asesinados en todo el país antes de las elecciones del 6 de junio.
El presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó el miércoles que el asesinato fue «sin duda» obra de bandas del crimen organizado.
La consultora Etellekt dijo que la abrumadora mayoría de los candidatos asesinados competían por nominaciones o se postulaban para puestos locales.
Alma Barragán fue asesinada el martes mientras hacía campaña por la alcaldía de la ciudad de Moroleón en el estado de Guanajuato plagado de violencia.
Los expertos aseguran que los carteles de narcotrafico quieren colocar candidatos comprensivos en los ayuntamientos y los gobiernos de las ciudades, para que puedan operar sin interferencia de la policía y extorsionar a las empresas locales y los presupuestos gubernamentales.
López Obrador indicó que los criminales han matando candidatos para asustar a los votantes y alejarlos de las urnas.
“Cuando hay mucho abstencionismo, las mafias dominan las elecciones”, explicó el presidente.
Barragán se postuló en la boleta del pequeño partido Movimiento Ciudadano, y dijo en un comunicado que “es impensable que participar en la vida política signifique poner en riesgo la vida”.
«Esta es la elección más violenta en la historia de México, y en Movimiento Ciudadano no estamos dispuestos a actuar como si eso fuera normal».
Moroleón se encuentra cerca de la frontera con el estado de Michoacán, también golpeado por la violencia de los carteles.
El cartel insurgente de Jalisco ha estado luchando contra las pandillas locales respaldadas por el cartel de Sinaloa por el control de Guanajuato.
GUATEMALA
Un juez de Guatemala emitió órdenes de arresto el jueves contra 10 personas acusadas de secuestros, torturas, violaciones y asesinatos hechos en 1984, a consecuencia de salir a la luz en un documento policial que cubre ese año denominado «Diario Militar».
El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó las órdenes de arresto, pero no identificó quiénes eran los sospechosos.
Los fiscales confirmaron que los diez habían sido arrestados, y otra fuente cercana al caso que no pudo hablar oficialmente, reveló que al menos un general del ejército y dos civiles estaban entre los apresados.
El documento que apareció en 1999 describe las desapariciones, abusos y muertes de más de 190 personas durante la guerra civil de 1960-1996 en Guatemala.
El documento mecanografiado de 74 páginas incluye anotaciones en códigos como «300», que los expertos descubrieron más tarde que significaba «asesinado», y hay 99 nombres en el documento con ese código.
Una víctima fue descrita como presunto guerrillero de izquierda, Prudencio de Jesús Carrera Camey (de 15 años), estuvo dos semanas detenido y asesinado.
Otra entrada registró la detención del catedrático universitario Rudy Gustavo Figueroa Muñoz, secuestrado el 12 de octubre de 1984, estuvo detenido 52 días; su familia no sabía dónde estaba hasta que apareció su cuerpo en diciembre del mismo año.
La anotación «300» apareció junto a su nombre.
Su hijo Rudy Figueroa tenía 11 años cuando su padre desapareció.
“Mi hermano menor nació mientras estaba detenido. Nunca lo conoció”, dijo.
Algunos detenidos incluidos en el informe sobrevivieron, pero nunca más se supo de otros.
Más de 200,000 personas murieron en esa guerra civil, que terminó con los acuerdos de paz en 1996, pero más de 45,000 personas aún siguen desaparecidas.
ENGLISH
A suspected serial killer in Mexico was only caught after years of alleged crimes because of the identity of the final dismembered victim: the wife of a police commander.
Without proper funding, training or professionalism, prosecutors in Mexico have routinely failed to stop killers until the bodies pile up so high they are almost unavoidable.
In 2018, a serial killer in Mexico City was caught only after he was found pushing a dismembered body down the street in a baby carriage.
A suspect authorities have identified only as “Andrés” is accused of killing and dismembering a 34-year-old woman named Reyna, who ran a small cellphone shop, on May 14. Authorities can’t reveal the full names of the suspect and victims under Mexican law.
Investigators found women’s shoes, makeup and lists of names at the home of the 72-year-old former butcher, and thousands of pieces of bones buried under the floor at the home in the working class Mexico City suburb of Atizapan.
They also found several IDs belonging to women who disappeared as long as five years ago, and Reyna’s carefully sectioned fileted body parts, a bloody hacksaw and a knife on a basement table.
Sergio Baltazar, the lawyer for the family of victim, says that Reyna’s husband, Bruno, had the same frustrating experience as most Mexicans when he went to prosecutors’ offices after his wife went missing.
“The detectives really let him down. They didn’t want to help him.” ,” said Baltazar. “
But as a police commander, Bruno had means at his disposal that most Mexicans don’t. With prosecutors unwilling to help, he accessed police surveillance cameras.
“Bruno did a lot of the investigative work on his own,” Baltazar said.
Reyna had been scheduled to take Andrés, a family friend, with her on a semiweekly trip to a downtown wholesale market to get supplies for her shop.
Andrés, who the family called “El Viejo,” “The Old Man,” was considered kind of a charity case by the couple and their children.
They invited him into their house and fed him. He was to help Reyna carry supplies back from the market.
When Reyna failed to return home, Bruno, the husband, called Andres, who said he hadn’t seen her, and that she had never shown up for the shopping trip.
But police cameras showed Reyna entering the street where Andrés lived, and never exiting.
Two days later, growing increasingly worried, Bruno showed up at Andrés’ house with Reyna’s brother. He had police stationed near by.
The old man got nervous, but allowed Bruno into the house, telling him he wouldn’t find anything. And at first he didn’t.
But then Bruno dialed Reyna’s cell phone number, and heard it ringing below, in what turned out to be a makeshift basement with a narrow entrance.
He discovered what remained of the body.
Andrés tried to run, but the waiting police swooped in.
Baltazar said Andrés initially admitted to some murders, but then clammed up.
“He says there are five that he remembers, but then when they showed him the notebooks (with lists of names) he says he doesn’t remember,” Baltazar said. But “he does say he made recordings” of the killings.
While prosecutors have not ventured a guess on the number of victims, the ID cards, the names found in handwritten notations at the house and bone fragments suggest it may reach 15 or more.
As the lawyer for the victim’s family, Baltazar wants prosecutors to investigate possible accomplices, given the suspect’s age and physical condition. “It is hard to believe he had the strength to do this himself. There were probably accomplices.”
MEXICO
Yet another mayoral candidate in north-central Mexico has been killed, bringing to 34 the number of candidates murdered nationwide ahead of the June 6 elections.
President Andrés Manuel López Obrador said Wednesday the killing was “without doubt” the work of organized crime gangs.
The Etellekt consulting firm said the overwhelming majority of the 34 slain candidates were vying for nominations or running for local posts.
Alma Barragán was killed Tuesday while campaigning for the mayorship of the city of Moroleón in violence-plagued Guanajuato state.
Experts say drug gangs want to place sympathetic candidates in town halls and city governments, so they can operate without interference from police and extort money from local businesses and government budgets.
López Obrador said the gangs were killing candidates to scare voters away from the polls.
“When there is a lot of abstentionism, the mafias dominate the elections,” the president said.
Barragán was running on the ticket of the small Citizen’s Movement party, which said in a statement that, “It is unthinkable that participating in political life means putting one’s life at risk.”
“This is the most violent election in Mexican history, and in Citizen’s Movement we are not willing to act as if that is normal.”
Moroleón is located near the border with Michoacán state, also hit by drug cartel violence. The insurgent Jalisco cartel has been fighting local gangs backed by the Sinaloa cartel for control of Guanajuato.
GUATEMALA
A judge in Guatemala issued arrest warrants Thursday for 10 people accused of abductions, torture, rape and killings in 1984.
The crimes came to light because of a police document covering that year dubbed the “Military Diary.”
Judge Miguel Ángel Gálvez confirmed the warrants, but did not identify who the suspects were. Prosecutors confirmed that all 10 had been arrested.
A source close to case who could not speak on the record said that at least one army general and two civilians were among those arrested.
The document that surfaced in 1999 describes the disappearances, abuse and deaths of more than 190 people during Guatemala’s 1960-1996 civil war.
The typewritten, 74-page document includes annotations in codes like “300,” which experts later discovered meant “killed.”
There are 99 names in the document with that code.
One victim was described as a suspected leftist guerrilla, Prudencio de Jesús Carrera Camey (15 years old), he was held for two weeks and killed.
Another entry recorded the detention of university professor Rudy Gustavo Figueroa Muñoz.
Abducted on Oct. 12, 1984, he was held for 52 days; his family didn’t know where he was until his body turned up in December.
The “300” annotation appeared next to his name.
His son Rudy Figueroa was 11 when his father disappeared.
“My younger brother was born while he was detained. He never met him,” he said.
Some detainees included in the report survived, but others were never heard from again.
More than 200,000 people died in the civil war, which ended with peace accords in 1996. But more than 45,000 people remain missing.