Por Redacción
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El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” contra cárteles de la droga, una designación que eleva el nivel de la campaña antinarcóticos y plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad presidencial en el uso de la fuerza militar.
La afirmación quedó registrada en un memorando obtenido por The Associated Press, divulgado este jueves tras una serie de ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe. El documento clasifica a los cárteles como “combatientes ilegales” y los equipara a organizaciones terroristas, una medida sin precedentes que podría ampliar el margen de acción del gobierno en operaciones militares fuera de los procesos judiciales convencionales.
Funcionarios del Pentágono notificaron al Congreso el miércoles sobre la designación, según una persona con conocimiento del asunto que habló bajo condición de anonimato. La reacción inicial en el Capitolio fue de sorpresa y escepticismo, con legisladores de ambos partidos cuestionando si la Casa Blanca busca un nuevo marco legal para justificar la escalada militar.
Operaciones militares en el Caribe
El memorando surge después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran tres ataques letales en septiembre contra embarcaciones acusadas de transportar drogas en el Caribe. Dos de las naves habían partido desde Venezuela, según funcionarios de defensa.
El primer operativo, ocurrido el 2 de septiembre, destruyó una lancha rápida en la que viajaban presuntos miembros de la organización Tren de Aragua, grupo designado este año por Washington como organización terrorista extranjera. Once personas murieron en la acción.
Trump defendió la operación como una “necesidad” para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
“Aunque naciones amigas han hecho grandes esfuerzos, estos cárteles se han convertido en grupos transnacionales que amenazan a todo el hemisferio occidental”, señaló el memorando, al justificar que sus ataques constituyen “un ataque armado contra Estados Unidos”.
Sin embargo, el Pentágono no ha revelado la lista de las organizaciones clasificadas como terroristas en este nuevo marco legal. La falta de transparencia generó molestia en legisladores que habían exigido mayor claridad sobre los criterios utilizados para autorizar ataques militares.
Los críticos advierten que se trata de un precedente peligroso. “El gobierno de Trump no ha ofrecido una justificación legal creíble, evidencia ni inteligencia verificable para estos ataques”, dijo el senador demócrata Jack Reed, miembro de la Comisión de Servicios Armados y exoficial del ejército. “Los cárteles son despreciables, pero deben ser tratados por las fuerzas del orden, no mediante operaciones militares de dudosa legalidad”.
El anuncio ha reactivado el debate sobre la Resolución de Poderes de Guerra, que limita la autoridad del presidente para emprender hostilidades sin aprobación del Congreso. Varios senadores, incluidos republicanos, advirtieron que el Ejecutivo podría estar sobrepasando sus límites constitucionales.
Grupos de derechos humanos también expresaron alarma. Señalaron que al calificar la lucha contra los cárteles como un “conflicto armado”, el gobierno podría recurrir a tácticas bélicas que normalmente están prohibidas en contextos de aplicación de la ley, como detenciones militares indefinidas o el uso de fuerza letal sin procesos judiciales.
El memorando de la Casa Blanca plantea además dudas sobre cómo se verificó la naturaleza de las embarcaciones atacadas y la supuesta afiliación de sus ocupantes a organizaciones criminales. Hasta ahora, el Pentágono no ha detallado cómo se recopilaron ni evaluaron las pruebas.
Legisladores de ambos partidos pidieron explicaciones más claras. “El Congreso debe ejercer su autoridad en este asunto”, señaló un senador republicano que pidió anonimato. “Si el presidente quiere declarar la guerra a los cárteles, debe venir aquí y obtener la aprobación correspondiente”.
El silencio oficial ha generado desconcierto incluso entre funcionarios de defensa. Varios expresaron sorpresa ante la decisión y no pudieron explicar cómo afectará las operaciones militares en adelante.
La estrategia, enmarcada dentro de la agenda “Estados Unidos primero” de Trump, marca un giro en la política exterior y de seguridad nacional. Con esta designación, el presidente parece reclamar poderes extraordinarios para ampliar las operaciones contra organizaciones criminales más allá de lo que tradicionalmente se ha considerado un esfuerzo de aplicación de la ley.
Un precedente con implicaciones internacionales
Analistas advierten que la nueva clasificación podría tensar las relaciones diplomáticas, especialmente con países como México y Venezuela, donde operan los cárteles más poderosos. Tratar a estas organizaciones como “fuerzas armadas no estatales” podría abrir la puerta a incursiones militares en territorio extranjero sin el consentimiento explícito de esos gobiernos.
Algunos especialistas comparan la estrategia con la política antiterrorista implementada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando Washington otorgó al Ejecutivo amplios poderes de guerra contra grupos no estatales como Al Qaeda. Sin embargo, aplicar este marco legal a los cárteles introduce una complejidad distinta, dado que se trata de organizaciones criminales cuya actividad principal es el narcotráfico, no ataques políticos o religiosos contra Estados Unidos.
Para los críticos, el anuncio refleja más un movimiento político que una política de seguridad sostenible. “Esto parece un intento de Trump de mostrarse duro en un año electoral y proyectar liderazgo frente al crimen organizado”, señaló un analista de seguridad consultado. “Pero corre el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a un conflicto sin límites claros ni objetivos alcanzables”.
Mientras tanto, familiares de los fallecidos en los ataques del Caribe piden explicaciones sobre las circunstancias de las muertes y si realmente estaban vinculados a cárteles. La ausencia de información oficial mantiene las dudas sobre la proporcionalidad y legitimidad de las operaciones.
En el Congreso, la presión aumenta para que la Casa Blanca aclare sus intenciones. Legisladores estudian introducir resoluciones que obliguen al Ejecutivo a limitar sus acciones militares hasta que el Congreso vote sobre el asunto.
La declaración de Trump coloca a Estados Unidos en un terreno inexplorado. Si se mantiene, redefinirá la relación entre la lucha antidrogas, la seguridad nacional y el derecho internacional. La gran incógnita es si el Congreso permitirá que el presidente ejerza poderes de guerra en una campaña que, según críticos, se asemeja más a una política de orden interno que a un conflicto bélico legítimo.
