Por Redacción
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La administración del presidente Donald Trump ha tomado medidas para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Nicaragua y Honduras, una decisión que impactará a más de 76.000 personas que actualmente viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.
Según borradores de avisos publicados en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avanza en la eliminación progresiva de esta protección migratoria, otorgada a ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales. El TPS, implementado originalmente como una medida humanitaria temporal, ha permitido durante décadas que miles de centroamericanos permanezcan legalmente en el país mientras sus países de origen enfrentaban crisis humanitarias.
Los documentos filtrados señalan que el gobierno justifica la terminación del TPS bajo el argumento de que las condiciones en Nicaragua y Honduras han mejorado desde que se otorgaron las designaciones iniciales hace más de dos décadas, tras el paso del huracán Mitch en 1998.
Una decisión de gran impacto humanitario
La medida afectaría directamente a unos 72.000 hondureños y más de 4.000 nicaragüenses, según estimaciones oficiales. Muchas de estas personas han residido en EE.UU. por más de 20 años, han construido familias, desarrollado carreras y contribuido a la economía. Organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa de inmigrantes han condenado la medida, advirtiendo que forzar el retorno de estas personas a países donde aún persisten la violencia, la corrupción y la pobreza, pondría sus vidas en peligro.
“Terminar el TPS en este momento es inhumano y carece de fundamento realista”, declaró Marta Fernández, abogada de inmigración en Texas. “Muchos de estos inmigrantes no tienen nada a qué volver. Sus hijos nacieron aquí, son ciudadanos estadounidenses, y ahora podrían quedar separados de sus padres”.
Reacción nacional e internacional
La eliminación del TPS ha generado protestas en varias ciudades del país, particularmente en comunidades con alta concentración de inmigrantes centroamericanos. Este mismo mes, manifestantes se congregaron frente a la Corte Suprema en Washington, mientras el alto tribunal escuchaba argumentos sobre otra medida migratoria polémica impulsada por Trump: la eliminación de la ciudadanía por nacimiento.
La administración ha insistido en que el TPS fue concebido como una herramienta temporal, no como un camino a la residencia permanente. “No podemos permitir que una medida de emergencia se convierta en una vía de inmigración indefinida”, señaló un portavoz del DHS.
Los jueces federales han bloqueado en otras ocasiones intentos similares de terminar el TPS para ciudadanos de El Salvador, Haití y Sudán, argumentando que el proceso carecía de justificación adecuada y violaba los derechos de los beneficiarios. Por lo tanto, se espera que esta nueva decisión enfrente desafíos legales inmediatos en tribunales federales.
El fin de un alivio temporal… ¿sin alternativas?
El TPS para Honduras ha sido renovado de forma continua desde 1999, mientras que el de Nicaragua estuvo vigente desde el año 2000. Aunque el Congreso ha debatido en múltiples ocasiones la posibilidad de ofrecer un estatus migratorio permanente a los beneficiarios de TPS, los intentos legislativos han fracasado sistemáticamente.
Activistas exigen al Congreso una solución permanente. “Estas personas no pueden seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitamos una ley que les brinde estabilidad y la oportunidad de legalizarse definitivamente”, dijo Ana Vargas, portavoz de Unidos por la Justicia Migratoria.
La medida se produce en medio de una política migratoria más restrictiva bajo la administración Trump, que también ha impulsado el fin de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y buscado reducir la inmigración legal y humanitaria en general.
Por ahora, los beneficiarios actuales del TPS para Nicaragua y Honduras podrán permanecer legalmente en el país hasta que los avisos oficiales sean publicados y entre en vigor el calendario de terminación. Mientras tanto, miles de familias viven con la incertidumbre de un posible retorno forzado a países que apenas conocen.
