Por Redacción
Redaccion@latinocc.com
Mientras el gobierno de Donald Trump intensifica su campaña de detención y deportación de inmigrantes indocumentados, escenas de arrestos en California, Nueva York y otros estados han generado un debate nacional. Para algunos, se trata de un cumplimiento necesario de la ley; para otros, de una ofensiva que pone en riesgo los derechos civiles y humanos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que ha recibido más de 100,000 solicitudes en semanas recientes de ciudadanos que buscan colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el país vive “un momento decisivo en su historia” y defendió las operaciones como un mecanismo para sacar a “los peores inmigrantes ilegales criminales”.
Sin embargo, el uso de redadas en vecindarios, tribunales y lugares de trabajo ha despertado críticas legales, protestas comunitarias y cuestionamientos sobre los límites del poder de ICE y los derechos de las personas afectadas. Organizaciones de defensa de inmigrantes y expertos en derecho han trazado una guía básica sobre lo que significa enfrentarse a una redada y cuáles son las protecciones disponibles.
Derechos de los testigos y transeúntes durante un operativo
En la mayoría de los casos, los testigos tienen derecho a grabar con sus teléfonos las interacciones entre agentes y personas detenidas, siempre que no interfieran con la operación. No obstante, algunos estados han intentado establecer zonas de restricción para limitar la grabación. Dichas medidas han sido impugnadas en cortes, bajo el argumento de que violan la Primera Enmienda.
Abogados especializados advierten que, aunque grabar puede servir como prueba y visibilizar abusos, también conlleva riesgos. Un observador que decide filmar debe evitar cualquier acción que los agentes puedan interpretar como obstrucción.
“Es útil que exista un registro visual, pero hay que ser conscientes de los peligros que implica”, advirtió un defensor del Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes.
Otro punto sensible es la advertencia sobre operativos de ICE. Mientras funcionarios federales han sugerido que alertar sobre redadas podría considerarse “obstrucción de la justicia”, precedentes legales sostienen que avisar a otros de la presencia de agentes es una forma de expresión protegida constitucionalmente.
Los testigos también pueden preguntar información básica a las personas detenidas, como nombre, fecha de nacimiento y país de origen. Esa información es útil para rastrear el caso en bases de datos públicas o para apoyar a familiares y abogados. Sin embargo, los transeúntes deben evaluar los riesgos personales, sobre todo si también son indocumentados.
En cuanto al trato con los agentes, no existe obligación de responder preguntas, aunque muchas personas deciden hacerlo por miedo o presión. Los expertos coinciden en que una de las preguntas clave que los testigos pueden hacer a ICE es si existe una orden judicial para la detención.
Derechos de los inmigrantes ante una detención
Un aspecto central es entender la naturaleza legal de ser indocumentado en Estados Unidos. Estar en el país sin autorización suele considerarse una infracción civil, no un delito penal. Esto significa que las protecciones y procedimientos difieren de los casos criminales. Por ejemplo, los agentes de ICE no están obligados a leer los derechos Miranda a los detenidos, y el caso se maneja en cortes de inmigración, no penales.
No obstante, volver a entrar al país tras una deportación constituye un delito grave que puede conllevar hasta dos años de prisión, o más si se relaciona con drogas u otros delitos.
Durante cualquier encuentro, todos —ciudadanos o no— tienen derecho a estar protegidos contra registros e incautaciones irrazonables y contra el uso excesivo de la fuerza bajo la Cuarta Enmienda. Abogados de derechos civiles han denunciado que, en algunos casos, las tácticas de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han cruzado esos límites. Imágenes de agentes rompiendo ventanas de vehículos familiares en operativos han levantado críticas y demandas.
Sobre la identificación, los inmigrantes no están obligados a portar ni mostrar documentos a ICE en la vía pública, salvo en circunstancias específicas como conducir un vehículo. Sin embargo, una vez bajo arresto formal, sí deben proporcionar información personal básica.
El acceso a un abogado es otro punto crítico. Dado que se trata de procedimientos civiles, los inmigrantes no tienen garantizada la asistencia legal gratuita. Existen organizaciones que ofrecen representación, pero la alta demanda supera la capacidad disponible. Algunos estados, como Nueva York, han avanzado en leyes que buscan garantizar defensa legal a quienes enfrentan deportación.
Localizar a una persona detenida también puede ser complejo. ICE cuenta con una base de datos pública donde familiares y abogados pueden rastrear a detenidos mediante el número de registro conocido como “número A” o, en su defecto, con datos como nombre, fecha de nacimiento y país de origen. Sin embargo, la información puede no estar actualizada.
Finalmente, se ha observado que algunos agentes utilizan máscaras o vehículos sin identificación en operativos, lo que genera confusión sobre su autoridad. Actualmente, no existe un requisito legal que obligue a los agentes a identificarse de manera visible, aunque expertos advierten que la falta de claridad puede aumentar tensiones y riesgos en el terreno.
Un debate abierto
Las redadas de ICE, defendidas por la administración Trump como un mecanismo para garantizar la seguridad nacional, continúan generando polémica en comunidades y cortes de justicia. Mientras la Casa Blanca busca expandir estas operaciones, defensores de derechos humanos advierten sobre los riesgos de erosión de las libertades civiles y de criminalización de poblaciones enteras.
En medio de ese panorama, expertos recomiendan a inmigrantes y ciudadanos estar informados de sus derechos básicos. Documentar abusos, conocer las diferencias legales entre infracciones civiles y delitos penales, y tener acceso a recursos legales puede marcar la diferencia en un sistema que enfrenta cuestionamientos constantes por su transparencia y justicia.
