Por Redacción
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Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia y la implementación de sus órdenes ejecutivas sobre inmigración, millones de familias en Estados Unidos viven bajo una sombra de miedo y ansiedad.
Esa posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cerca de las escuelas ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta no sólo a los estudiantes y sus familias, sino a toda la comunidad educativa.
Las escuelas deben ser espacios de aprendizaje y crecimiento, no lugares de temor y persecución, ya que con las nuevas ordenes ejecutivas de Trump, ahora se les ha dado luz verde a l@s agentes federales de poder arrestar a menores de edad en escuelas, institutos y universidades.
La sola posibilidad de que agentes de inmigración puedan presentarse en estos entornos provoca que muchos padres opten por no enviar a sus hijos a clases, lo que resulta en un preocupante descenso en la asistencia escolar, y algo que ya se vive desde hace unas semanas en muchos centros de estudio en la Costa Central.
El ausentismo forzado pone en riesgo el rendimiento académico de l@s estudiantes y, les impide acceder a los recursos y el apoyo que necesitan para desarrollarse plenamente.
El impacto de esta amenaza va más allá del ámbito académico, es algo mucho más dañino, puesto que se corrompen años dorados de los menores, se trastorna su futuro, su percepción de su entorno, de la sociedad y sus comunidades, todo por una retórica y persecución vil y racista del nuevo gobierno.
Y así, niñ@s y adolescentes que viven con el miedo constante de que sus padres y madres sean detenid@s experimentan altos niveles de estrés y ansiedad, lo que puede derivar en problemas emocionales y de salud mental, como ya pasa en muchas aulas locales.
Las escuelas, que deberían ser refugios de estabilidad, se han convertido en otro foco de tensión para estas familias.
Ante esta alarmante realidad, la comunidad tiene un papel fundamental en la mitigación del daño.
Es esencial que las escuelas refuercen su compromiso con la protección de todos sus estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, algo que ya se realiza en los Distritos Escolares de Ventura, Santa Bárbara y Santa María.
Precisamente en estos Distritos, entre otras cosas se han implementado políticas claras que prohíben la cooperación con ICE sin una orden judicial, lo cual es un primer paso indispensable.
Además, los Distritos Escolares deben asegurarse de que estudiantes y sus familias conozcan sus derechos, y sepan cómo actuar en caso de una posible intervención de inmigración.
Asimismo, los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias deben redoblar esfuerzos para ofrecer apoyo legal y psicológico a quienes lo necesiten.
Los programas de asesoría legal gratuita y los centros de ayuda para inmigrantes pueden proporcionar recursos esenciales para aliviar la incertidumbre de las familias afectadas.
Pero no solo la comunidad y las organizaciones locales deben tomar acción. Es fundamental que los representantes demócratas en ambas cámaras del Congreso asuman un papel activo para frenar esta inhumana estrategia de la administración Trump. Los legisladores deben usar todas las herramientas a su disposición para bloquear cualquier intento de facilitar redadas en escuelas o permitir el uso de instituciones educativas como lugares de persecución migratoria.
El Partido Demócrata ha sido, en gran medida, el defensor de los derechos de los inmigrantes, pero ahora enfrenta un reto mayor. No basta con declaraciones de apoyo o discursos condenando estas medidas; se necesitan acciones concretas. Es imprescindible que impulsen legislación que garantice que las escuelas sean zonas seguras y que ICE no pueda operar en estos espacios sin una orden judicial específica y aprobada por un tribunal.
Además, los demócratas deben presionar para que se reviertan las órdenes ejecutivas de Trump que han exacerbado el miedo en las comunidades inmigrantes. Medidas legislativas deben ser impulsadas para fortalecer las protecciones de los niños en edad escolar y sus familias, asegurando que ningún estudiante tenga que elegir entre su educación y la seguridad de su hogar.
Es imperativo que la sociedad en su conjunto se movilice para defender el derecho de todos los niños a una educación libre de miedo. La normalización de la presencia de ICE en entornos escolares no solo es una violación a los principios fundamentales de protección infantil, sino que también amenaza la cohesión de nuestras comunidades. La resistencia debe venir desde todos los frentes: desde la educación hasta la política, desde la organización comunitaria hasta la acción legislativa.
No podemos permitir que la educación de nuestros niños sea víctima de políticas migratorias injustas. Es momento de unirnos y exigir que las escuelas sean respetadas como espacios seguros, donde el único propósito sea aprender y crecer sin miedo. Si nuestros representantes electos no actúan con determinación, se convertirán en cómplices de una política que atenta contra los derechos humanos y el futuro de miles de niños en Estados Unidos.
