Por Agencias
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El gobernador Jerry Brown firmó este jueves la Ley de Valores de California (SB54), que según su autor, el presidente del senado Kevin de Leon, “pone un muro de justicia entre los inmigrantes cumplidores de la ley y la administración Trump”.
Aunque De León reconoció que la legislación, que entra en vigencia el 1 de enero próximo, no provee “santuario completo” a los inmigrantes del estado, el legislador y partidarios de la medida afirmaron que servirá como medida de protección a la mayoría de la comunidad inmigrante de California.
“La ley no impedirá que ICE merodee por las calles y no dará un santuario completo, pero pondrá obstáculos a la maquinaria perversa e inhumana de deportación”, dijo De León.
“California no gastará sus fondos de seguridad pública para perseguir a los inmigrantes que respetan la ley”.
La SB54 no impide que la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) haga sus labores en California, cosa que el estado no puede legislar, pero si limita que se usen recursos estatales o locales en tareas de inmigración y no permite que agencias locales de la ley entren en contratos 287g con el gobierno federal para tareas migratorias.
Justamente esto fue lo que el gobernador Jerry Brown dejó en claro al firmar la ley.
“Esta medida no impide que ICE y DHS hagan su trabajo. Ellos pueden usar sus grandes recursos en aplicar la ley migratoria. Tampoco prohíbe que los alguaciles permitan acceso a las autoridades inmigración a las prisiones de California, para realizar entrevistas de rutina, ni la colaboración en procesos de deportación cuando la persona ha cometido un delito grave”, dijo el gobernador.
Brown dijo, sin embargo, que la ley limitará la colaboración que termina por acelerar la deportación de familias o individuos respetuosos de la ley y “traerá algo de tranquilidad a esas familias que ahora viven en el temor”.
¿QUÉ ES LA SB 54?
El Acta de Valores de California codifica algunas prácticas que muchas jurisdicciones ya habían adoptado, como prohibir los “immigration holds”, es decir, la detención arbitraria de una persona en una cárcel local, simplemente porque el ICE quiere arrestarlos.
Establece además que los lugares “sensibles” como escuelas, bibliotecas, hospitales y refugios tienen prohibido colaborar con ICE en el arresto de inmigrantes, especialmente cuando no existe una orden judicial firmada por un juez.
La policía y los departamentos del alguacil no podrán solicitar información sobre el estatus de las personas o arrestarlas para fines únicamente migratorios.
La ley no impide que la policía le tome les huellas digitales a un residente de California, arrestado por un delito penal, y comparta esta información con las agencias federales.
Pero la ley también pone severos límites a la comunicación entre las agencias locales y las autoridades de inmigración.
Por ejemplo, la agencia o cárcel local no podrá notificar a ICE de la fecha de liberación de un detenido, a menos que este sea convicto de un delito grave y/o violento.
La ley especifica cientos de delitos graves que hacen que un detenido no tenga esta protección.
La SB54 permite que los agentes del ICE puedan entrar a entrevistar a determinados inmigrantes presos para determinar si son deportables, pero no tendrán “espacio de oficina” dentro de la cárcel para vigilar constantemente que inmigrantes están dentro y así, procesarlos para deportación.
“Eso es muy bueno, porque siendo así, simplemente toman las listas y entrevistan a los que quieren”, explicó Mark Silverman, abogado del Immigration Legal Resource Center (ILRC).
Grupos de derechos de los inmigrantes en todo el estado presionaron al estado de California para que limitara la colaboración local en acciones migratorias, ya que una buena parte de las deportaciones sucede cuando la policía o el sheriff local colabora con ICE.
Muchos de estos grupos participaron en el diseño e hicieron presión para más protecciones en la ley.
“La SB54 es prueba de que el progreso es posible a pesar de la política del miedo que ha paralizado a Washington”, dijo Pablo Alvarado, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
La alguacil del condado de Orange, Sandra Hutchens, es la última de los alguaciles que está presentando resistencia activa a la nueva ley, alegando que es “un reto” para las agencias de la ley.
Orange también es el único condado de California que tiene un acuerdo 287g de colaboración con ICE y esto implica fondos federales, pero de ahora en adelante, estos acuerdos están prohibidos s en California.
