Por Redacción
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Activistas y abogados de inmigración en Chicago acusaron a agentes federales de violar los derechos de 22 personas, incluyendo a un ciudadano estadounidense, durante arrestos recientes en las primeras semanas del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Según los denunciantes, estos arrestos infringieron un acuerdo de 2022 entre grupos de defensa en Chicago y el gobierno federal, que establece normas sobre cómo los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden llevar a cabo “arrestos colaterales”, en los que se detiene a personas más allá del objetivo principal. Este acuerdo, que surgió tras una demanda en 2018 por redadas migratorias, se aplica a Illinois, Indiana, Kansas, Misuri, Kentucky y Wisconsin, estados que están bajo la jurisdicción de la oficina de ICE en Chicago.
“Cada vez que escuchas a esta administración hablar sobre capturar a miembros de pandillas, terroristas y lo peor de lo peor, necesitas un baño de realidad”, declaró Mark Fleming, abogado del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), durante una conferencia de prensa el lunes. “Hay que profundizar más para entender exactamente a quiénes están arrestando”.
Denuncia legal y exigencias de responsabilidad
El NIJC detalló las presuntas violaciones en una demanda federal presentada la semana pasada en nombre de grupos de defensa de Chicago. El acuerdo de 2022 establece que los agentes de ICE solo pueden realizar arrestos sin orden judicial cuando tienen pruebas de que la persona podría escapar.
Los defensores están exigiendo la liberación de dos personas que aún permanecen detenidas, sanciones contra los agentes de ICE involucrados en los arrestos y mayor transparencia sobre cómo la agencia lleva a cabo sus operativos.
ICE se negó a hacer comentarios el lunes, citando litigios en curso.
El endurecimiento de las leyes migratorias ha sido un pilar de la administración Trump, especialmente en ciudades santuario como Chicago, que limitan la cooperación de la policía local con las autoridades migratorias. Para subrayar su política de tolerancia cero, la administración Trump envió en enero a altos funcionarios de inmigración a Chicago para supervisar operativos que fueron grabados en vivo.
Sin embargo, los detalles específicos sobre cómo se están llevando a cabo estos arrestos siguen siendo limitados.
Aunque el acuerdo de 2022 solo cubre seis estados, la nueva demanda federal podría tener implicaciones a nivel nacional, alentando a otros estados a presentar demandas similares.
Arrestos generan controversia
De las 22 personas arrestadas, según los abogados, una fue deportada, 19 fueron liberadas bajo fianza, una era un ciudadano estadounidense que fue esposado durante horas antes de ser liberado, y solo una persona tenía antecedentes penales, relacionados con un cargo por conducir en estado de ebriedad.
Entre los aún detenidos se encuentra Abel Orozco Ortega, de 47 años, quien fue arrestado el 26 de enero mientras regresaba a su casa en un suburbio de Chicago tras comprar tamales para su familia. Según la denuncia, los agentes de ICE buscaban en realidad a su hijo, quien tiene el mismo nombre y está en sus 20 años.
Ortega, quien es indocumentado, sigue detenido en Indiana. Su familia asegura que no tiene antecedentes penales. Su esposa, que actualmente lucha contra un cáncer de mama, ha tenido dificultades económicas para pagar la hipoteca sin su apoyo.
“Todos somos humanos, merecemos ser tratados como tales”, dijo su hijo, Eduardo Ortega, ciudadano estadounidense, en la conferencia de prensa del lunes.
Otros 12 arrestos ocurrieron en una redada de ICE el 7 de febrero en un restaurante mexicano en Liberty, Misuri, donde agentes armados interrogaron a empleados durante horas antes de la hora del almuerzo. La denuncia sostiene que los agentes no tenían causa probable para creer que los detenidos intentarían huir antes de obtener una orden judicial.
El gobierno federal tiene plazo hasta principios de abril para responder ante la corte. El acuerdo de 2022 expira en mayo.
