Por Redacción
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Tres activistas que se oponen a las redadas de inmigración del presidente Donald Trump en Los Ángeles enfrentan cargos federales por presuntamente revelar de manera ilegal información personal de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La práctica, conocida como doxing, implica publicar datos privados en línea sin autorización, usualmente con el propósito de acosar o intimidar.
Según la acusación presentada por la Oficina del Fiscal General, las mujeres habrían seguido al agente hasta su vivienda en Baldwin Park, transmitido en vivo el trayecto y publicado su domicilio en internet. Una vez en la casa, presuntamente gritaron: “El ICE vive en tu calle y deberías saberlo”.
Los fiscales anunciaron que cada una enfrenta un cargo de conspiración y un cargo de divulgar públicamente información personal de un agente federal. El caso ha provocado un intenso debate en California, donde el rechazo a las políticas migratorias de Trump ha generado frecuentes enfrentamientos entre activistas y autoridades federales.
Las acusadas y los cargos
Las acusadas fueron identificadas como una mujer de 25 años de Panorama City, California; otra de 38 años residente en Aurora, Colorado; y una tercera mujer de 37 años de Riverside, California.
La residente de Panorama City quedó en libertad tras pagar una fianza de 5,000 dólares. La mujer de Colorado permanece bajo custodia sin derecho a fianza, ya que enfrenta un proceso separado por presunta agresión a un agente federal. La tercera activista sigue prófuga, según confirmaron las autoridades.
El fiscal federal interino Bill Essayli condenó la conducta de las acusadas y defendió la labor de los agentes del ICE.
“Nuestros valientes agentes federales arriesgan la vida todos los días para mantener segura a nuestra nación. La conducta de estas acusadas es profundamente ofensiva para los agentes de la ley y sus familias. Si amenazas, revelas información personal o dañas de cualquier manera a uno de nuestros agentes o empleados, enfrentarás enjuiciamiento y tiempo en prisión”, afirmó en un comunicado.
El doxing ha sido clasificado como una práctica maliciosa que puede incluir desde difundir direcciones hasta información financiera o familiar. Aunque no siempre conlleva violencia física, los fiscales sostienen que puede poner en riesgo la seguridad de funcionarios y sus seres queridos.
Hasta el lunes, no había sido posible contactar a los abogados de las acusadas. La Oficina del Defensor Público Federal no respondió a un correo electrónico sobre si representará a las mujeres en este caso.
Los documentos judiciales indican que el mes pasado las tres siguieron al agente desde el edificio federal del centro de Los Ángeles hasta su casa en Baldwin Park, transmitiendo en vivo todo el trayecto a través de plataformas en internet.
Contexto de las redadas y tensiones en California
El caso surge en medio de un ambiente de creciente tensión por las redadas de inmigración bajo la administración Trump. Los críticos de estas operaciones han denunciado el secretismo de los agentes del ICE, quienes en muchas ocasiones cubren sus rostros y se niegan a identificarse en público durante los arrestos.
En julio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, advirtió que el gobierno federal procesaría a quienes publicaran información personal de agentes, después de que circularan volantes en Portland, Oregon, pidiendo recopilar datos sobre funcionarios del ICE.
El rechazo en California a la forma en que se realizan las redadas llevó a la aprobación de nuevas medidas estatales. La semana pasada, el estado se convirtió en el primero en prohibir a la mayoría de los representantes de la ley, incluidos agentes federales de inmigración, cubrirse el rostro durante actividades oficiales. Legisladores estatales argumentaron que la práctica reduce la transparencia y dificulta la rendición de cuentas.
La medida fue celebrada por organizaciones proinmigrantes, que sostienen que la falta de identificación de los agentes ha fomentado abusos durante los arrestos. “Si un agente actúa en nombre del gobierno, la comunidad tiene derecho a saber quién es y a exigir que se rinda cuentas”, declaró un portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Sin embargo, funcionarios federales han defendido la necesidad de que sus agentes mantengan cierto nivel de anonimato, alegando que ellos y sus familias son blanco de amenazas.
El choque entre las prioridades federales y estatales refleja un conflicto más amplio entre la administración Trump y California en torno a la política migratoria. El gobierno estatal, liderado por el gobernador Gavin Newsom, ha impulsado medidas para proteger a inmigrantes indocumentados, mientras que la Casa Blanca sostiene una línea dura contra la inmigración irregular.
Reacciones y debate público
El caso de las tres activistas ha encendido un debate sobre los límites de la protesta y la seguridad de los agentes federales. Mientras algunos defienden que el doxing constituye una forma peligrosa de acoso, otros aseguran que es una respuesta a la falta de transparencia del ICE.
Expertos legales señalan que la acusación es significativa porque podría sentar un precedente en la manera en que se persiguen los casos de doxing contra funcionarios federales. “La fiscalía busca enviar un mensaje claro de que exponer a agentes en internet no será tolerado”, explicó un abogado penalista consultado por medios locales.
Organizaciones de derechos civiles han advertido, sin embargo, que el gobierno podría usar estos procesos para intimidar a los activistas que critican la política migratoria.
“Estamos viendo cómo se criminalizan formas de protesta en un momento en que las comunidades inmigrantes enfrentan un clima de temor”, dijo un representante de la ACLU en California.
Por ahora, el proceso judicial avanza mientras las autoridades intentan localizar a la acusada prófuga. El caso mantiene en vilo a activistas y defensores de los inmigrantes, quienes temen que una condena ejemplar limite aún más la capacidad de protesta frente a las redadas.
La tensión entre las autoridades federales y las comunidades migrantes en Los Ángeles promete intensificarse, especialmente mientras continúen los operativos del ICE en el sur de California.
