Por Agencias
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Tras la llegada de más de 100.000 migrantes a la Ciudad de Nueva York en el último año luego de cruzar la frontera desde México, el alcalde, Eric Adams, y la gobernadora, Kathy Hochul, han rogado al presidente, Joe Biden, una cosa — sobre todo lo demás — para aliviar la crisis:
“Déjenles trabajar”, han repetido los dos demócratas en discursos y entrevistas.
Líderes del partido de Biden en otras ciudades y estados, cada vez más impacientes, han insistido en el mismo mensaje en el último mes, indicando que el gobierno debe facilitar que los migrantes obtengan un permiso de trabajo rápidamente que les permita sufragar su comida y su alojamiento.
Pero agilizar el permiso de trabajo no es tan sencillo, ni legal ni burocráticamente, indicaron los expertos en el proceso. Políticamente, puede ser imposible.
Haría falta una ley del Congreso para recortar un periodo de espera obligatorio de seis meses antes de que los solicitantes de asilo puedan pedir permisos de trabajo. Algunos líderes demócratas sostienen que el gobierno de Biden debería tomar medidas que no requieran la aprobación de la cámara.
Pero ninguna de las dos opciones parece probable. Biden se enfrenta ya a los ataques de los republicanos que dicen que es demasiado blando en cuestiones migratorias, y su ejecutivo ha destacado la incapacidad del Congreso para alcanzar un acuerdo para una modificación integral del sistema migratorio como justificación para otros pasos que se han dado.
El Departamento de Seguridad Nacional ha enviado más de un millón de mensajes de texto instando a que quienes pueden pedir permisos de trabajo lo hagan, pero no ha mostrado ninguna intención de acelerar el proceso. La demora en las solicitudes supone que la espera supere casi siempre los seis meses.
A media que aumenta la frustración, Hochul ha dicho que su oficina está considerando la posibilidad de que sea el estado quien ofrezca esas autorizaciones, aunque casi con toda seguridad una iniciativa así derivaría en recursos legales. La Casa Blanca ha descartado la idea.
Los migrantes también están frustrados. Gilberto Pozo Ortiz, un cubano de 45 años, lleva tres meses viviendo, a costa de dinero público, en un hotel en el estado de Nueva York. Afirma que su permiso de trabajo no parece próximo mientras los trabajadores sociales lo guían a través de un complejo sistema de petición de asilo.
“No quiero depender de nadie”, afirmó Ortiz. “Quiero trabajar”.
En Chicago, donde en el último año se han asentado 13.000 migrantes, el alcalde, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, escribieron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para pedir una exención para los solicitantes de asilo que, según afirman, les permitiría sortear la espera para el permiso.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, quien declaró el estado de emergencia en la región por la llegada de migrantes, escribió a Mayorkas indicando que los permisos de trabajo representan “una oportunidad para suplir la demanda de trabajadores, apoyar a nuestra economía y reducir al dependencia de los recién llegados”. Y 19 fiscales generales estatales demócratas contactaron también con el funcionario para indicar que estas autorizaciones reducirían la presión que supone para los gobiernos proporcionar servicios sociales.
El gobierno federal no ha hecho “prácticamente nada” para ayudar a las ciudades, dijo Alderman Andre Vasquez, presidente de la Comisión de Derechos de los Migrantes y Refugiados del consejo municipal de Chicago.
Mientras, los migrantes que no pueden permisos de trabajo han abarrotado los albergues para personas sin hogar en varias ciudades.
En la actualidad, más de 60.000 migrantes dependen de la Ciudad de Nueva York para su alojamiento, lo que la ha obligado a alquilar habitaciones en hoteles, colocar catres en centros recreativos y levantar campamentos de tiendas, todo a expensas del gobierno. El ejecutivo municipal estima que el alojamiento y la atención a los migrantes podría costarle a la ciudad 12.000 millones de dólares en tres años.
“Este asunto destruirá la Ciudad de Nueva York”, indicó Adams en un acto comunitario este mes. “No estamos recibiendo ningún apoyo en esta crisis nacional”.
Los defensores de los migrantes han puesto objeciones a los términos apocalípticos empleados por Adams, señalando que exagera el posible impacto de los recién llegados en una ciudad con casi 8,8 millones de habitantes.
Los republicanos han aprovechado la discordia para poner a los demócratas a la defensiva antes de las elecciones presidenciales del próximo año.
Muzaffar Chishti, abogado y miembro del Instituto de Política Migratoria, dijo que los pedidos para acelerar los permisos de trabajo tienen más que ver con la óptica política que con soluciones prácticas.
“No quieren decirle al electorado que no hay nada que puedan hacer. Ningún político quiere decir eso. Así que se han convertido en una especie de rueda repetitiva diciendo ‘Dadnos permisos de trabajo’”, afirmó. “Decirlo es mucho más fácil que conseguirlo. Pero es una buena frase”.
Una medida que la mayoría coincide en que sería útil es proporcionar ayuda legal a los migrantes para solicitar asilo y permisos de trabajo, aunque ya se ha demostrado que eso es también un reto.
A nivel nacional, solo alrededor del 16% de los migrantes en edad de trabajar inscritos en el aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) han solicitado autorización para trabajar, de acuerdo con la Casa Blanca. Desde la introducción de la app CBP One en enero hasta finales de julio, casi 200.000 migrantes que buscan asilo han pedido cita a través de ella para entrar al país por los pasos fronterizos terrestres con México.
Las autoridades federales han enviado recientemente notificaciones por correo electrónico y mensaje de texto para recordar a quienes no tienen la ciudadanía que pueden pedirla. Funcionarios de la Ciudad de Nueva York también han empezado a encuestar a los solicitantes de asilo para determinar si cumplen los requisitos.
Otra opción sería ampliar el número de países cuyos ciudadanos pueden acogerse al Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos. Esta designación se concede a sitios afectados por conflictos armados o desastres naturales.
Pero la Casa Blanca podría ser reacia a tomar medidas que pudiesen ser interpretadas como un incentivo para la llegada de migrantes.
Los arrestos por cruces ilegales desde México superaron los 177.000 en agosto, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a hablar sobre cifras que aún no se han publicado, casi un 80% más que en junio. Muchos quedan libres en Estados Unidos para solicitar asilo ante una corte migratoria, mientras que otros 1.450 pueden entrar a suelo estadounidense cada día a través de CBP One.
Muchos han acabado en la economía sumergida.
Elden Roja, que ha tenido trabajos esporádicos en jardinería, entre otros puestos, por unos 15 dólares la hora, vive con su esposa, sus hijos de 15 y 6 años, y unas 50 personas más en el vestíbulo de una comisaría de policía de Chicago. Cuando un compañero de trabajo venezolano hizo sonar la bocina del auto que se había comprado, Roja se rió y dijo que pronto tendría él uno.
Aunque los obstáculos burocráticos pueden ser considerables, muchos migrantes consiguen superar el proceso.
José Vacca, también venezolano, viajó con dos primos desde Colombia, dejando atrás a sus familias para emprender un viaje principalmente a pie. Una vez en Texas, le dieron billetes de autobús gratuitos a Nueva York.
Allí, el joven de 22 años encontró un trabajo por el que percibía 15 dólares la hora no declarados. Cuando obtuvo el permiso de trabajo temporal, su jefe le pagó un dólar más por hora.
