Por Redacción
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Decenas de registros de entrevistas realizadas por el Federal Bureau of Investigation en la investigación sobre Jeffrey Epstein aparentemente no figuran en el conjunto masivo de documentos publicados el mes pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluidos materiales vinculados con una mujer que acusó al presidente Donald Trump de agresión sexual hace décadas.
La ausencia de esos archivos fue detectada tras revisar catálogos de evidencia entregados a la defensa de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein y condenada por tráfico sexual en 2021. Según esos registros judiciales, existirían alrededor de 325 memorandos de entrevistas del FBI —conocidos como formularios 302—, pero más de 90 no parecen estar disponibles en el portal oficial donde el gobierno publicó más de tres millones de páginas relacionadas con el caso.
Entre los documentos que no aparecen figuran tres entrevistas relacionadas con una mujer que declaró haber sido abusada por Epstein cuando tenía aproximadamente 13 años y que también señaló a Trump por una presunta agresión sexual ocurrida en la década de 1980. El presidente ha negado de forma reiterada cualquier conducta indebida relacionada con Epstein.
Un portavoz del Departamento de Justicia rechazó que se hayan eliminado registros y afirmó que la agencia cumplió con la legislación que exige la divulgación de los archivos vinculados al caso. Según el funcionario, los documentos que no se publicaron corresponden a materiales duplicados, confidenciales o asociados con investigaciones federales en curso.
Formularios 302 bajo escrutinio
Los formularios 302 constituyen piezas centrales en investigaciones federales, ya que documentan lo que testigos o víctimas declararon ante agentes del FBI. No incluyen necesariamente corroboraciones ni conclusiones, pero sí establecen un registro oficial de entrevistas realizadas durante el proceso investigativo.
Expertos en procedimientos federales señalan que la ausencia de estos documentos dificulta la comprensión completa de cómo se desarrolló la pesquisa sobre Epstein y Maxwell durante años.
Andrew McCabe, exsubdirector del FBI, afirmó que los 302 son “el ladrillo más básico e importante” en la construcción de una investigación penal. Sin acceso a todos esos memorandos, añadió, resulta complejo evaluar el alcance real de las indagaciones.
El debate se intensificó luego de que un legislador demócrata cuestionara públicamente si la administración cumplió plenamente con la ley que obliga a publicar los archivos relacionados con Epstein.
El representante Robert García, miembro de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, indicó que la ausencia de entrevistas vinculadas con la acusadora de Trump genera interrogantes sobre la transparencia del proceso.
En un comunicado, la Casa Blanca calificó las acusaciones contra el presidente de “falsas y sensacionalistas” y citó una declaración previa del Departamento de Justicia en la que se advertía que algunos documentos contenían afirmaciones no verificadas.
El Departamento de Justicia sostuvo que ciertos archivos fueron retirados temporalmente para corregir errores relacionados con la protección de víctimas y que otros fueron reincorporados posteriormente. De hecho, en días recientes reaparecieron en el portal oficial algunos informes de entrevistas que inicialmente no estaban accesibles.
Acusaciones y procesos paralelos
La mujer cuyas entrevistas no figuran en la publicación oficial contactó al FBI en julio de 2019, pocos días después del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual. Según un documento 302 que sí está disponible, la denunciante afirmó que fue abusada repetidamente por Epstein en una residencia en Carolina del Sur tras responder a un anuncio para trabajar como niñera.
Durante esa entrevista, la mujer expresó temor a represalias si involucraba a personas “bien conocidas”, de acuerdo con el memorando. En los catálogos de evidencia judicial aparecen referencias a tres entrevistas adicionales realizadas en agosto y octubre de 2019, así como a notas complementarias de agentes. Esos registros no parecen estar disponibles en la base de datos pública.
Una presentación interna del FBI elaborada en 2025, que enumeraba “nombres prominentes” vinculados a Epstein, incluyó una acusación —con el nombre de la mujer redactado— de que Trump la habría obligado a practicarle sexo oral y la habría golpeado tras ser presentada por Epstein. La supuesta agresión habría ocurrido entre 1983 y 1985.
No está claro qué acciones investigativas adicionales emprendió el FBI respecto de esas denuncias. Un correo electrónico interno incluido en los archivos señala que una víctima identificada alegó haber sido abusada por Trump pero posteriormente se negó a cooperar, aunque no especifica si se trata de la misma persona.
Paralelamente, una demanda civil presentada contra los herederos de Epstein describió a una víctima identificada como “Jane Doe 4”, cuyos datos biográficos coinciden con los relatados en la entrevista del FBI. En esa demanda, la mujer afirmó que Epstein la trasladó en avión a Nueva York en varias ocasiones y la llevó a encuentros con hombres prominentes que la agredieron sexualmente.
La sección correspondiente de la demanda no identifica a esos hombres. La mujer desistió voluntariamente de la demanda en diciembre de 2021, y su abogado declaró posteriormente que recibió una compensación económica del patrimonio de Epstein. Tampoco fue considerada elegible para recibir fondos del Programa de Compensación para Víctimas de Epstein, aunque no se detallaron las razones.
Epstein murió en 2019 en una cárcel federal de Nueva York mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio por las autoridades, aunque generó múltiples teorías de conspiración. Maxwell fue condenada en 2021 por su papel en la captación y abuso de menores.
Varias sobrevivientes han manifestado preocupación por la forma en que se manejó la publicación de los archivos. Haley Robson, una de las víctimas reconocidas en el proceso penal, escribió a un juez federal solicitando mayor transparencia y cuestionando por qué ciertos informes de entrevistas no se divulgaron con los nombres de víctimas debidamente redactados.
“Como sobrevivientes, este fallo no es meramente procesal, sino profundamente personal”, expresó en su carta. “El incumplimiento continuo perpetúa el mismo secretismo que permitió que estos crímenes continuaran durante años”.
El Departamento de Justicia ha reiterado que cumplió con sus obligaciones legales y que cualquier omisión responde a criterios técnicos o de protección de información sensible. No obstante, la controversia reavivó el debate político en Washington sobre la transparencia gubernamental y la gestión de casos de alto perfil que involucran a figuras públicas.
La publicación de más de tres millones de páginas pretendía cerrar un capítulo marcado por sospechas y reclamos de acceso a la información. Sin embargo, la identificación de documentos aparentemente ausentes sugiere que la discusión está lejos de concluir.
