Por Redacción
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Lo que comenzó como un ambicioso proyecto familiar para dejar Estados Unidos tras una década de residencia, terminó en un proceso de detención migratoria que hoy mantiene tras las rejas a Fernando Artese, un argentino de 63 años, en uno de los centros más cuestionados de Florida.
Bajo el nombre Argentinomades, la familia Artese —Fernando, su esposa Mónica Riveira y su hija Carla, nacida en España— planeaba recorrer América hacia el sur en una casa rodante, documentando el viaje como una aventura audiovisual. Sin embargo, la travesía apenas comenzaba cuando, el 25 de junio, fueron interceptados en Jupiter Beach por la policía. La causa: Fernando tenía su licencia de conducir vencida y, al revisar sus datos, las autoridades descubrieron que había permanecido en EE.UU. con un estatus migratorio ilegal durante casi una década.
Artese fue trasladado al centro de detención migratoria de Krome North, conocido como “Alligator Alcatraz”, en los Everglades. Allí permanece detenido desde el 3 de julio, mientras su familia permanece en espera, evaluando cómo continuar. “Fue duro tomar la decisión porque llevamos muchos años en EE.UU. y se habían logrado muchas cosas”, relata Mónica desde la casa rodante que ahora sirve de refugio. La mujer y su hija aún conservan un estatus migratorio legal gracias a una visa de estudiante, pero con Fernando encarcelado, sus planes de salida inmediata del país se vuelven más urgentes. “Cuando asumió Donald Trump confirmamos que era el momento justo para irnos”, afirma.
De España a EE.UU. y de un emprendimiento familiar a la detención
Fernando y Mónica emigraron de Argentina en 2001 tras la crisis económica del “corralito”. Primero se instalaron en Madrid, donde vivieron una década y nació su hija. Luego se mudaron a las Islas Canarias hasta que el impacto de la crisis global de 2008 los obligó a reconsiderar su camino. En 2014, Fernando viajó solo a Estados Unidos y, con ayuda del hermano de Mónica, fundó una empresa de cámaras de seguridad en Florida. En 2018, la familia se reunió en EE.UU. con una visa de estudiante que Mónica había obtenido. Sin embargo, Fernando había ingresado con una autorización ESTA, válida por solo 90 días, que no permite cambiar de estatus. Al vencer ese plazo, su permanencia se volvió irregular.
“En la desesperación por salir de España y con un hermano en EE.UU., Fernando actuó sin saber que luego no podría legalizar su situación”, explica Mónica. El objetivo de dejar el país de forma voluntaria tomó forma en Argentinomades, pero la primera parada fue también la última. Cuando intentaban llegar a la playa, se perdieron y dos patrulleros los interceptaron. “Mi hija vio cómo se lo llevaban esposado. Fue una película de terror”, recuerda.
Fernando fue detenido inicialmente en el condado de Martin, pero su caso pasó a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que lo trasladó a Krome North. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó que Artese había ingresado en febrero de 2015 y que su permiso de estadía expiró en mayo de ese mismo año.
En medio de esta situación, Human Rights Watch ha denunciado que los centros de detención migratoria en Florida mantienen a los detenidos en condiciones inhumanas, incluyendo la falta de atención médica adecuada, hacinamiento y tratos degradantes. “Es una jaula, tal cual lo han descrito senadores que lo han visitado. Son espacios cerrados donde encierran a 32 personas sin ver la luz del sol en todo el día”, describe Mónica.
Fernando logra comunicarse con su esposa diariamente. Según su testimonio, la alimentación es mínima: una manzana, una barra de cereal, una bolsa de papas fritas y un sándwich con una rebanada de mortadela y otra de queso. “No hay acceso libre al comedor ni opción de elegir cuándo comer. Hay días que no puede dormir por el hambre”, dice su esposa.
También denuncia condiciones extremas en las duchas.
“A veces los despiertan a las dos de la mañana para bañarse con agua caliente y luego vuelven al aire acondicionado al máximo. Muchos ya tienen dolor de garganta. Hay personas con covid sin aislamiento”, denuncia. Además, critica el trato humillante: “Para salir de la celda deben caminar con las manos en la nuca, como si fueran delincuentes peligrosos. La mayoría son trabajadores que emigraron para darles un futuro mejor a sus familias. Fernando montó una empresa, aportó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor”.
A pesar de las denuncias, las autoridades migratorias han sostenido que ICE tiene estándares de detención más altos que la mayoría de las prisiones y que a todos los detenidos se les garantiza alimentación, atención médica y contacto con familiares y abogados.
Mientras tanto, la familia mantiene la esperanza de una resolución pronta. Fernando logró hablar con agentes de ICE tras casi dos semanas sin información. Le informaron que podría ser trasladado a otro centro donde tendría derecho a visitas. En ese lugar, planea presentar su voluntad de abandonar el país por decisión propia. Ha propuesto pagar su pasaje a Italia o México y pidió un plazo razonable para organizar su salida junto a su esposa e hija, quienes lo esperan con la casa rodante lista para continuar el viaje hacia Sudamérica.
“Ya me quiero ir”, fue el mensaje de Fernando. Mónica concluye: “Lo que más duele es la deshumanización. Falta un camino legal y digno para personas que solo quieren trabajar y vivir en paz”.
