Por Misty Challi, CEO of Capitol Solutions, and the Executive Director of the Critical Labor Coalition
redaccion@latinocc.com
Durante el último mes, las empresas estadounidenses se han enfrentado a una serie desestabilizadora de propuestas para el control migratorio.
Lo que comenzó como una supuesta pausa en las redadas dirigidas a fincas, campos de cultivos, restaurantes hoteles y otras industrias se convirtió rápidamente en medidas agresivas, con el regreso de los agentes del ICE, a los campos y fábricas pocos días después.
Estos cambios son más que simples ajustes a las políticas: están socavando activamente la capacidad de los empleadores estadounidenses para operar, contratar personal y crecer durante una grave escasez de mano de obra que se perfila para agravarse.
El impacto para l@s empleadores estadounidenses ha sido doloroso.
Recientemente, Trump aludió a posibles protecciones laborales para ciertas industrias, haciéndose eco de declaraciones que aseguraban a los agricultores que podían seguir utilizando mano de obra indocumentada, afirmando que «no podemos sacar a las granjas del negocio».
El 12 de junio, Trump sugirió una prórroga para sectores clave, lo que llevó a much@s a creer que una pausa específica estaba en vigor.
Para el 16 de junio, la aplicación de la ley se reanudó con toda su fuerza, y altos funcionarios, como el zar fronterizo Tom Homan, negaron rotundamente que se hubiera concedido alguna exención.
La falta de claridad, agravada por las discrepancias en las declaraciones internas de la administración, ha dejado a l@s empleadores en apuros.
Las empresas que dependen en gran medida de una dotación de personal constante, ya sea un viñedo en California o una planta procesadora de alimentos en Iowa, de repente operan con el temor de que su fuerza laboral desaparezca de la noche a la mañana.
Este no es solo un problema político, es económico, y está empeorando.
La fuerza laboral estadounidense se enfrenta a una tormenta perfecta.
La escasez de mano de obra, agravada por los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la disminución de la participación, la falta de adecuación de las competencias y los efectos persistentes de la pandemia, ha dejado a los empleadores con dificultades para cubrir puestos de trabajo en sectores críticos, desde la sanidad hasta la construcción y la hostelería.
Aún más desalentador es que este problema persistirá durante los próximos años, ya que las proyecciones de la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, muestran una caída continua en las tasas de participación en la fuerza laboral hasta 2030.
Ampliar las vías de acceso a la fuerza laboral legal es una forma pragmática y comprobada de abordar la escasez de mano de obra.
Esto se evidencia recientemente en un informe histórico publicado recientemente por el Comité para Liberar la Prosperidad, «El Impacto de los Inmigrantes en la Fuerza Laboral Estadounidense del Siglo XXI», que deja claro que la inmigración legal no es un lastre para la economía estadounidense; es la única vía viable e inmediata para avanzar.
Los autores Richard Vedder, Matthew Denhart y Stephen Moore, economistas y líderes de opinión de instituciones como la Universidad de Ohio, la Fundación Presidencial Calvin Coolidge y la Fundación Heritage, describen las realidades demográficas que subyacen a esta crisis: de 2020 a 2040, todo el crecimiento neto de la fuerza laboral estadounidense provendrá de los inmigrantes y sus hij@s.
Las cifras son contundentes.
Estados Unidos envejece rápidamente, la tasa de natalidad disminuye y millones de baby boomers se jubilan.
L@s estadounidenses nativ@s en edad laboral no se incorporan a la fuerza laboral en cantidades suficientes para mantener el crecimiento.
L@s inmigrantes, en cambio, son más jóvenes, tienen más probabilidades de trabajar y se concentran más en sus años de mayor actividad laboral.
De hecho, inmigrantes tienen el doble de probabilidades que estadounidenses nativ@s de estar en el grupo de edad de 18 a 64 años, y tienen una tasa de participación laboral más alta: el 65% en comparación con el 60%.
Las empresas no piden amnistía, piden previsibilidad, piden un sistema que les permita contratar legalmente y mantener la continuidad de sus operaciones, sin temer que un memorando político de mañana afecte negativamente a su plantilla.
Un sistema de inmigración legal reflexivo y bien orientado, como argumenta el informe «Unleash Prosperity», es «hoy más importante que nunca dado el envejecimiento de nuestra población nativa».
Algun@s políticos parecen comprender estas necesidades, incluso entre los conservadores, existe un creciente reconocimiento de que la inmigración legal es esencial para alcanzar cualquier objetivo de crecimiento económico a largo plazo. Stephen Moore, exasesor económico principal del presidente Trump, lo expresa claramente: “El objetivo de Trump de crecer un 3 % durante la próxima década será difícil sin una afluencia suficiente de inmigrantes que compense el envejecimiento de la población nacida en Estados Unidos”.
Lamentablemente, el momento actual es contradictorio: mientras se presiona a empleadores para que expandan y reubiquen su producción en el país, al mismo tiempo se les critica por depender de l@s mismos trabajadores que hacen posible esa expansión.
La aplicación de la ley no puede sustituir la planificación económica.
Si queremos crecimiento económico y prosperidad sostenida, también debemos adoptar vías legales que permitan a los empleadores acceder a la fuerza laboral que necesitan.
La inmigración no es una emergencia que deba gestionarse, es un activo que debe movilizarse de forma estratégica, legal y transparente.
Las empresas, grandes y pequeñas, están listas para contratar, capacitar e invertir en su fuerza laboral, pero no pueden hacerlo en medio de tanta incertidumbre.
Nuestra fuerza laboral, incluidos aquell@s que están aquí legalmente, han trabajado duro y han apoyado la economía, merecen algo mejor, y l@s empleadores estadounidenses también.
