Por Agencias
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Cerca de un centenar de miembros de la policía, la Guardia Nacional y el ejército desalojaron el domingo a 381 migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, de un campamento improvisado en el que se habían alojado durante casi un año en Tijuana, en el cruce fronterizo de Estados Unidos.
Las carpas de los migrantes alrededor del cruce El Chaparral fueron demolidas con la ayuda de excavadoras y camiones mientras sus habitantes cargaban sus pocas pertenencias en bolsas y maletas para ser trasladadas a tres albergues locales.
“Fue una reubicación que se tuvo que hacer con cuidado para evitar un derrumbe”, indicó a periodistas la Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, y dijo que las familias vivían en un estado de “inseguridad” por razones de salud.
Caballero Ramírez señaló que el desalojo se realizó de manera pacífica y negó que la decisión de desmantelar el campamento respondiera a presiones de Estados Unidos.
“Usted sabe que Tijuana se rige por sus propias normas legales”, recalcó.
Los 381 migrantes, integrados por 86 familias, 24 madres solteras con hijos, 33 hombres y tres miembros de la comunidad LGBT, fueron trasladados al albergue Centro de Integración del Migrante, el proyecto salesiano y el Santuario del Migrante, precisó.
“Es inhumano porque lo hicieron de madrugada y los niñ@s estaban dormidos”, adujo la migrante mexicana Guadalupe Omeca, quien vivía en el campamento desde hacía siete meses con sus tres hijos, su nieto y su pareja.
El campamento “El Chaparral” comenzó a formarse a fines de enero de 2021, con la llegada de la administración Biden, luego de que las autoridades estadounidenses comenzaran a limitar el flujo de migrantes en cumplimiento de políticas, que obligan a los migrantes a esperar en México sus audiencias en la corte de inmigración, así como por las medidas sanitarias ante la pandemia.
El campamento se había convertido en un dolor de cabeza para las autoridades de ambos países porque estaba afectando el tráfico a través de uno de los tres cruces peatonales hacia la ciudad estadounidense de San Diego.
Activistas y organizaciones humanitarias expresaron su preocupación por la situación de los migrantes, muchos de ellos niñ@s, que viven en el campamento improvisado.
El año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México instó a las autoridades mexicanas a garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes y ofrecerles protección.
Algunos activistas y defensores de los derechos de los migrantes criticaron el desalojo del domingo.
“Los migrantes centroamericanos y los mexicanos desplazados son seres humanos. No representan una amenaza para México”, expresó Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, en su cuenta de Twitter, calificando de “vergüenza” el desalojo del campamento.
La migrante hondureña Marleni Hernández denunció también que las autoridades los tratan “como si fuéramos delincuentes”.
“Es difícil, no es fácil”, dijo, con los ojos llenos de lágrimas al reconocer que se sentía muy vulnerable al estar en un país extranjero con dos hijas pequeñas.
CAPTION
La administración de Biden en 2021 colocó silenciosamente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en una lista clasificada de funcionarios sospechosos de corrupción o socavar la democracia en Centroamérica, según dos personas familiarizadas con la sanción, esta semana se hizo pública la inclusión del narco-presidente.
