Por Agencias
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La Casa Blanca evalúa una acción ejecutiva para restringir la capacidad de los migrantes de solicitar asilo en la frontera entre Estados Unidos y México si cruzaron de manera ilegal. Justamente, una maniobra que recuerda una polémica medida del Gobierno de Donald Trump y que seguramente llevará a una feroz reacción de los defensores de inmigración y los progresistas.
El manejo de la situación en la frontera sur ha sido un punto crítico para Joe Biden durante años, a medida que los niveles de migración alcanzaron cifras records y miles de personas llegaron a la zona.
La acción que la Casa Blanca analiza parece ser una extensión de algunas de las medidas más duras incluidas en un proyecto de ley sobre migración, que los republicanos terminaron rechazando, así como otra señal de los esfuerzos del Gobierno de Biden para mostrar que es agresivo en materia de seguridad fronteriza antes de las elecciones de 2024.
Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la acción ejecutiva, que prevé el uso de una normativa conocida como 212f entre los puertos de entrada para tratar de reprimir los cruces ilegales de la frontera. Un funcionario del Gobierno señaló que con frecuencia se analizan posibles medidas, pero que no siempre avanzan.
No está claro cómo se ejecutaría la orden que está en discusión. Tampoco si sería diferente, y de qué manera, de lo que se promulgó durante el Gobierno de Trump. Abogados dentro de la administración revisan la acción, dijo una fuente.
Un portavoz de la Casa Blanca no hizo comentarios sobre las acciones en consideración.
«La administración pasó meses negociando de buena fe para entregar el proyecto de ley de seguridad fronteriza bipartidista más duro y justo en décadas porque necesitamos que el Congreso haga reformas políticas significativas, y proporcione fondos adicionales para asegurar nuestra frontera y arreglar nuestro sistema de inmigración fallido», dijo el portavoz de la Casa Blanca, Angelo Fernández Hernández, en un comunicado.
«Ninguna acción ejecutiva, por agresiva que sea, puede aportar las reformas políticas significativas y los recursos adicionales que el Congreso puede proporcionar y que los republicanos rechazaron. Seguimos pidiendo al presidente Johnson y a los republicanos de la Cámara de Representantes que aprueben el acuerdo bipartidista para asegurar la frontera», añadió.
Biden sugirió a principios de este mes que cerraría la frontera entre EE.UU. y México si la legislación fronteriza propuesta se convertía en ley, respaldando de hecho una de las medidas más duras que incluyó el paquete.
«Si el proyecto fuera una ley hoy, calificaría para que se cierre (la frontera) ahora mismo mientras la reparamos», dijo Biden.
Trump intentó cerrar la frontera sur de Estados Unidos a los solicitantes de asilo que la cruzan ilegalmente mientras estaba en el cargo, para lo cual invocó disposiciones de la ley de inmigración, pero las cortes bloquearon estos esfuerzos.
En 2018, Trump intentó utilizar la 212f, que otorga al presidente una amplia autoridad para implementar restricciones de inmigración a la hora limitar los cruces fronterizos. Sin embargo, en última instancia, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que la autoridad entra en conflicto con la ley de asilo y la autoridad 212f no la anula.
El caso –conocido como East Bay Sanctuary Covenant contra Trump– sirvió como ejemplo de por qué la capacidad del presidente para cerrar la frontera es limitada. Es probable que se enfrente a desafíos legales si la Casa Blanca siguiera adelante.
«El presidente Biden tiene amplios poderes bajo el estatuto de inmigración, pero no son ilimitados. La sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite al presidente suspender la entrada de no ciudadanos que sean ‘perjudiciales para los intereses de Estados Unidos’, pero eso no significa que pueda cerrar la frontera a todo el mundo», declaró Stephen Yale-Loehr, experto en leyes de inmigración.
Los funcionarios del Gobierno, que se enfrentan a la disminución de los fondos de seguridad fronteriza, también han discutido si la declaración de una emergencia nacional podría apuntalar los fondos, dijeron dos fuentes. La petición suplementaria de la Casa Blanca incluye US$ 14.000 millones para seguridad fronteriza, pero sigue estancada en el Congreso.
