Por Redacción
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La tensión se ha apoderado de Chicago. Lo que comenzó como protestas contra los operativos migratorios federales se ha transformado en violentos enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden. El presidente Donald Trump autorizó el envío de la Guardia Nacional a la ciudad, una decisión que líderes locales califican como un intento de convertir a Chicago en “zona de guerra”.
El caos estalló tras semanas de redadas masivas en barrios de mayoría latina y afroamericana, bajo la llamada Operation Midway Blitz, iniciada a comienzos de septiembre. Según datos del Gobierno, más de 500 migrantes han sido detenidos, generando indignación y una ola de protestas que se extienden por toda la ciudad.
Violencia, gas lacrimógeno y demandas contra el Gobierno federal
Durante el fin de semana, videos difundidos en redes sociales mostraron el uso de gases lacrimógenos, pimienta y balas de goma por parte de agentes federales contra manifestantes que exigían el fin de las redadas y denunciaban abusos dentro de los centros de detención. Varias personas resultaron heridas y decenas fueron arrestadas.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que una mujer fue herida de bala el sábado por la mañana en el suroeste de Chicago. Según el DHS, la mujer —ciudadana estadounidense— portaba un arma semiautomática, aunque testigos afirmaron que los disparos fueron injustificados. “Las fuerzas del orden se vieron obligadas a desplegar sus armas”, declaró Tricia McLaughlin, vicesecretaria del Departamento, justificando la respuesta de los agentes.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, acusó al Gobierno federal de “crear deliberadamente una zona de guerra para justificar el uso de la fuerza militar”. La alcaldía de Chicago y el Estado de Illinois presentaron una demanda para frenar el despliegue de la Guardia Nacional, pero una jueza federal se negó, por ahora, a bloquear la orden presidencial.
Entre los incidentes más graves, la concejala de Salud del Distrito 26, Jesse Fuentes, denunció haber sido agredida y esposada por agentes del ICE mientras intentaba verificar una detención en un hospital local. “Solo les pedí que mostraran una orden judicial”, dijo. “Me empujaron dos veces y me arrestaron sin motivo”.
El operativo ha generado un efecto dominó de violencia en los suburbios de Broadview, donde se ubica uno de los principales centros de detención de inmigrantes. La zona, de población mayoritariamente latina y negra, fue escenario de choques particularmente intensos.
Chicago responde con “zonas libres del ICE”
En un intento por contener la crisis, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, anunció la creación de “zonas libres del ICE”, espacios en los que los agentes federales no podrán actuar sin una orden judicial. Johnson aseguró que la medida busca proteger los derechos civiles de los residentes ante “la militarización injustificada” de la ciudad.
Organizaciones civiles y religiosas también han respondido. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra el Gobierno de Trump, acusándolo de violar derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión pacífica.
“Esta violencia desenfrenada del Gobierno federal es un intento flagrante de interferir con los derechos más preciados de los ciudadanos estadounidenses”, señala la querella, respaldada por grupos comunitarios y representantes del clero.
Entre los testimonios incluidos en el documento judicial figura el del pastor David Black, de la Primera Iglesia Presbiteriana de Chicago, quien relató que fue alcanzado siete veces por proyectiles químicos mientras oraba frente a agentes del ICE. “Tenía claro que apuntaban a mi cabeza”, declaró. Otro manifestante, William Paulson, de 67 años, dijo haber sufrido graves efectos respiratorios tras ser expuesto a gas lacrimógeno: “Me ardían los ojos y la piel. Caí al suelo y vomité. No podía respirar”.
Trump, por su parte, ha defendido el uso de la Guardia Nacional argumentando una “emergencia de seguridad” en las ciudades demócratas, repitiendo su discurso sobre el supuesto aumento del crimen y la necesidad de proteger a los agentes federales. También ha insinuado la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, lo que le permitiría sortear los bloqueos judiciales y mantener el despliegue militar en suelo estadounidense.
El gobierno de Illinois sostiene que esta acción es una “usurpación del poder policial de los estados” y una “intervención ilegal contra la ciudadanía”. La demanda estatal se suma a otras tres presentadas en Los Ángeles, Portland y Washington D. C., donde también se ha denunciado el uso de tropas federales para reprimir manifestaciones civiles.
Los residentes, mientras tanto, viven con miedo. En vecindarios del suroeste de Chicago, muchas familias migrantes han dejado de salir de sus casas por temor a ser detenidas.
“Parece una guerra”, dijo Rosa Martínez, inmigrante mexicana con dos hijos ciudadanos estadounidenses. “Hay helicópteros, militares y agentes con armas en las calles. Ya no sabemos si estamos seguros”.
El futuro inmediato de la ciudad es incierto. Con la Guardia Nacional lista para desplegarse y los enfrentamientos intensificándose, Chicago se ha convertido en el nuevo epicentro del conflicto migratorio y político que divide a Estados Unidos.
