Por Agencias
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El Salvador cumple este lunes un año desde que se implementó el régimen de excepción, una política que lanzó el gobierno del presidente Nayib Bukele con aprobación de la Asamblea Legislativa, luego de que un estallido de violencia dejara 62 homicidios durante un fin de semana de marzo de 2022.
Todo en medio de supuestas negociaciones, nunca oficializadas ni admitidas por las partes, de una tregua entre el gobierno y las pandillas.
La política severa, que suspende derechos y garantías contempladas en la Constitución, ha recibido aplausos entre algunos sectores de la población. También ha dejado, en este año, más de 65.000 personas detenidas, en medio de críticas de organismos de derechos humanos de dentro y fuera del país, así como de familiares de los detenidos, por arrestos injustos y supuestas violaciones a derechos humanos.
“Esto ha ayudado a que uno pueda salir libremente con sus niños, sin ninguna preocupación”, dice Alicia Monroy, residente en el reparto La Campanera, una colonia del populoso municipio de Soyapango, a unos 12 kilómetros de San Salvador.
La Campanera fue el lugar donde el fotoperiodista Christian Poveda grabó el documental “La vida loca”, el cual retrata cómo era la vida dentro de una pandilla. Poveda fue asesinado en 2009 en ese mismo sector, luego de que su producción se hiciera pública. Al menos 11 personas fueron condenadas en 2011 por su implicación en el asesinato con penas de 4 a 30 años de prisión. Otras tres personas fueron condenadas a 10 años, en 2013, por este caso, según reportes periodísticos.
Esta colonia era una de las que las autoridades identificaron con alta concentración de miembros de pandillas. Ahora está bajo el control de militares que mantienen un cerco que les permite identificar quién entra y quién sale de la zona.
“Sí, mucho más tranquila la colonia”, agrega Monroy.
A pesar del cambio, no todos se atreven a hablar abiertamente por temor a represalias.
“Uno no sabe qué pueda pasar mañana, los familiares de pandilleros siguen aquí”, dijo un hombre, después de pedir no ser grabado o fotografiado.
Un recorrido por la zona permitió comprobar que la presencia de soldados es evidente en recorridos en los diferentes pasajes de la colonia. Los grafitis alusivos a pandillas han sido borrados.
“Las pandillas en general han sido reducidas a una mínima expresión. Y, primero Dios, vamos a alcanzar el punto donde ya no existan en nuestro país”, dijo el presidente Nayib Bukele, durante un discurso en noviembre pasado.
Se mantiene en pie el régimen de excepción
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ha aprobado 12 prórrogas y su presidente, Ernesto Castro, ha adelantado que, por considerar que ha tenido buenos resultados, continuará con las prórrogas tantas veces como el Ejecutivo lo solicite.
La excepción suspende garantías constitucionales, incluidas la libertad de asociación, el derecho a la defensa y extiende de 72 horas a 15 días la detención provisional. El régimen, además, permite a las autoridades la intervención de las telecomunicaciones sin necesidad de que lo autorice un juez.
Las autoridades dicen que la implementación del plan de seguridad, denominado “Control Territorial”, y el régimen de excepción han permitido reducir las cifras de homicidios.
Según las estadísticas oficiales, en 2018, año previo a que Bukele asumiera la Presidencia, El Salvador registró una tasa de 50,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2022, esa tasa bajó a 7,8. Para este año, las autoridades proyectan que el promedio sea cercano a 2, dijo en una entrevista televisiva el ministro de la Defensa, René Merino Monroy.
“327 días acumulados sin asesinatos desde que Nayib Bukele es presidente. Solo faltan 38 días para llegar a un año sin homicidios”, dijo este jueves en un tuit el diputado Christian Guevara, jefe de fracción del oficialista Nuevas Ideas, partido que tiene amplia mayoría en la Asamblea Legislativa.
Críticas por supuestas violaciones a DD.HH.
Un informe de Amnistía Internacional señaló en junio de 2022 que el régimen de excepción vulneró los derechos humanos, por lo que pidió, sin éxito, al gobierno del presidente Bukele poner fin a esta medida de excepción.
A estos señalamientos se han sumado organizaciones locales de derechos humanos y otras internacionales, como Human Rights Watch, que consideran que el régimen ha llevado de manera arbitraria a prisión a algunas personas sin vínculos con pandillas.
“Es una injusticia porque se están llevando a mucha gente trabajadora, sin mediar palabra se las llevan”, dijo Lilian Laínez, mientras sostiene un cartel frente a la sede de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para pedir la libertad de su compañero de vida, detenido en enero pasado.
Al igual que Laínez, muchas familias han denunciado ante organizaciones de derechos humanos lo que consideran detenciones arbitrarias.
El gobierno dice que desde que el régimen de excepción entró en vigor más de 3.000 personas han sido liberadas por los jueces, ya que no se encontró evidencia de que hayan participado en algún delito o tengan relación con las maras.
“Van a ser liberados todos los inocentes, pero los culpables van a ir a la cárcel y tienen que pagar”, sostuvo Bukele durante un discurso el pasado 17 de enero.
El gobierno ha señalado que el régimen de excepción seguirá vigente hasta detener a todos los pandilleros, sin precisar cuántos miembros de estas estructuras faltaría por arrestar.
Ante el incremento de personas detenidas, el gobierno de Bukele construyó una cárcel con capacidad para 40.000 presos, la más grande de América Latina. La Dirección General de Centros Penales ya ha trasladado a esta megaprisión a unos 4.000 detenidos, que en su mayoría han sido condenados por la Justicia. Los defensores de derechos humanos han criticado las condiciones en las que se encuentran recluidos, ya que las celdas cuentan con tres columnas de camarotes metálicos en los que deben dormir los reos, sin oportunidad de contar con colchonetas, según dijeron las autoridades.
Bukele ha acusado a quienes critican su estrategia de seguridad de defender los derechos de los delincuentes por sobre los de la población.
