Por Agencias
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Mientras se ponía el sol sobre el Río Bravo, unos 120 cubanos, colombianos y venezolanos que habían vadeado el río con el agua hasta la cadera subieron a vehículos de la Patrulla Fronteriza, poco antes de ser liberados en Estados Unidos para tramitar sus casos de inmigración.
Al otro lado de la frontera, en la localidad mexicana de Piedras Negras, familias hondureñas se mantenían juntas en una zona céntrica con veredas agrietadas, calles estrechas y poca gente, sin tener claro dónde pasar la noche porque el único refugio de la ciudad estaba lleno.
Esa suerte dispar refleja la doble naturaleza de la vigilancia de fronteras estadounidenses con una norma de pandemia conocida como Título 42, que toma su nombre de una ley de salud pública de 1944.
El presidente, Joe Biden, quería poner fin a esas normas el lunes, pero un juez federal en Luisiana emitió una orden nacional que las mantuvo intactas.
El gobierno de Estados Unidos ha hecho más de 1,9 millones de expulsiones amparándose en el Título 42, que niega la oportunidad de pedir asilo, contemplada por la ley estadounidense y tratados internacionales, con el objetivo de evitar contagios de COVID-19.
Pero el Título 42 no se aplica por igual a todas las nacionalidades. Por ejemplo, México acepta recibir a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y México.
Pero para otras nacionalidades, el alto coste, las malas relaciones diplomáticas y otras consideraciones hacen que sea difícil para Estados Unidos enviarlos de vuelta a sus países de origen según el Título 42.
En lugar de eso, normalmente se les libera en Estados Unidos para que pidan asilo o recurran a otras fórmulas legales.
Los hondureños en Piedras Negras piden dinero a los cubanos que llegan a la estación de autobús, sabiendo que a los cubanos no les servirán los pesos porque pasan directamente la otro lado de la frontera.
Aunque México aceptó en abril recibir a algunos cubanos y nicaragüenses expulsados según el Título 42, la gran mayoría son liberados en Estados Unidos.
“Fue entrar y salir”, dijo Javier Fuentes, de 20 años, sobre su estancia de una noche en una casa arrendada en Piedras Negras.
El domingo por la mañana, él y otros dos hombres cubanos cruzaron el Río Bravo y caminaron por una carretera durante una hora hasta que encontraron un vehículo de la Patrulla Fronteriza en Eagle Pass, una población de Texas de unas 25.000 personas en la que los migrantes cruzan el río al borde de un campo de golf público.
La lluvia de la noche subió el nivel del agua hasta el cuello para la mayoría de los adultos, una posible explicación para la ausencia de grandes grupos de docenas o hasta un centenar de personas, como se suelen ver en la zona.
“La mañana ha empezado despacio”, dijo un agente de la Patrulla Fronteriza al saludar a otros oficiales que vigilaban a cuatro peruanos, incluido un niño de siete años que cruzó con sus padres tras varios días hacinados en una habitación arrendada en Piedras Negras con 17 migrantes.
Cuando el agua volvió a descender hasta la altura de la cadera, una treintena de migrantes se reunió en la orilla de un parque público que también atrae a los residentes de Piedras Negras, considerado como el lugar de nacimiento de los nachos.
Había bebés y niño pequeños en el grupo que cruzaba, la mayoría migrantes hondureños. Una mujer hondureña, embarazada de ocho meses, mostraba signos claros de dolor.
Eagle Pass, una localidad dispersa con almacenes y casas en mal estado que la mayoría de las grandes cadenas de tiendas ha ignorado, es uno de los puntos de tránsito más ocupados para la Patrulla Fronteriza en el sector Del Rio, que incluye unos 400 kilómetros (250 millas) de ribera poco poblada.
En el cercano Del Rio, que no es mucho más grande que Eagle Pass, el año pasado se congregaron unos 15.000 migrantes, la mayoría haitianos.
Todo lo que separa a las localidades de San Antonio, a unas tres horas de carretera, son campos de grano.
La relativa facilidad del cruce -los migrantes atraviesan el río a pie en pocos minutos, a menudo sin pagar a un contrabandista- y la percepción de que el lado mexicano es relativamente seguro ha convertido la remota región en una importante ruta migratoria.
Hace tiempo que el Valle del Río Grande, en Texas, es el más bullicioso de los nueve sectores de la Patrulla Fronteriza en la frontera mexicana, pero este año Del Rio se ha convertido en el segundo a corta distancia.
Yuma, Arizona, otra zona conocida por su relativa seguridad y facilidad para cruzar, ha ganado afluencia con rapidez y ahora es la tercera más transitada.
Del Rio y Yuma quedaron sexta y séptima en número de agentes entre los nueve sectores, lo que refleja cómo la distribución de personal de la Patrulla Fronteriza va por detrás de los flujos migratorios desde hace tiempo.
Otros tramos de la frontera tienen menos patrullas que Del Rio, una ventaja para los migrantes que intentan eludir la captura, pero son más escarpados y remotos, explicó Jon Anfinsen, presidentte del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza en el sector de Del Rio.
Anfinsen describe la región como “una especie de agradable punto intermedio” para los migrantes que buscan un equilibrio entre zonas remotas y seguridad.
Cristian Salgado, que duerme en las calles de Piedras Negras con su esposa y su hijo de cinco años tras huir de Honduras, dijo que la localidad fronteriza mexicana “uno de los pocos lugares donde uno puede vivir más o menos en paz”.
Pero su entusiasmo por los planes del gobierno de Biden de levantar el lunes el Título 42 se evaporó con el fallo judicial. “Ahora no hay esperanza”, dijo.
Su pesimismo podría ser un poco exagerado. En abril se dio el alto a ciudadanos hondureños en 16.000 ocasiones en la frontera, con ligeramente más de la mitad expulsados debido al Título 42. El resto pudo pedir asilo en Estados Unidos si expresaba miedo a regresar a su país.
Pero a los cubanos les fue mucho mejor. Se les dio el alto más de 35.000 veces en abril y apenas 451, o apenas el 1%, fueron procesados según el Título 42.
“Los cubanos entran automáticamente”, dijo Joel Gonzalez, hondureño de 34 años y que intentó eludir a los agentes durante tres días en Eagle Pass antes de ser localizado y expulsado.
Los agentes le dijeron que ya no era posible pedir asilo en Estados Unidos.
Isis Peña, de 45 años, rechazó una oferta de otra mujer hondureña para cruzar el río. La mujer llamó desde San Antonio y dijo que la habían liberado sin preguntarle siquiera si quería pedir asilo.
Ahora vive en Nueva York.
Peña intentó cruzar al día siguiente, una experiencia que no quiere repetir por miedo a ahogarse.
Tras unas cuatro horas detenida, un agente le dijo que no había asilo para hondureños.
