Por Redacción
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Un tribunal federal de apelaciones suspendió esta semana una orden judicial que restringía el uso de tácticas agresivas por parte de agentes federales durante redadas migratorias en Minnesota, una decisión que intensifica el enfrentamiento entre el gobierno del presidente Donald Trump, autoridades estatales y organizaciones de derechos civiles en medio de una ofensiva migratoria de amplio alcance en varias regiones de Estados Unidos.
El fallo del Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito congela temporalmente una resolución emitida por una jueza federal que prohibía a los agentes utilizar gas lacrimógeno y otros métodos de control contra manifestantes pacíficos durante operativos migratorios en el área metropolitana de Minneapolis y St. Paul. La medida estará vigente mientras el gobierno federal avanza con su apelación formal.
La decisión judicial se produce en un contexto de creciente presión política, investigaciones federales y fuertes críticas por parte de defensores de derechos humanos, quienes denuncian un uso excesivo de la fuerza y una aplicación agresiva de las leyes migratorias bajo la actual administración.
Minnesota, epicentro de una ofensiva migratoria y de un pulso judicial
La suspensión del fallo judicial representa un respaldo provisional a la estrategia del gobierno federal en Minnesota, donde las redadas de inmigración se han intensificado desde diciembre como parte de la denominada Operación Metro Surge, liderada por agencias bajo el Departamento de Seguridad Nacional.
Los abogados del gobierno argumentaron ante el tribunal que las restricciones impuestas por la jueza Kate Menendez “perjudican la capacidad de los agentes para protegerse a sí mismos y al público en situaciones altamente peligrosas”. Según la administración, las limitaciones interferían con operaciones consideradas esenciales para la seguridad pública.
Minnesota se ha convertido en uno de los principales escenarios de la política migratoria del presidente Trump, quien ha ordenado una aplicación más estricta de las leyes de inmigración y ha alentado acciones visibles para reforzar el mensaje de mano dura. Las redadas en el estado han generado protestas, enfrentamientos legales y una respuesta coordinada de autoridades estatales y locales que cuestionan la legalidad y proporcionalidad de los operativos.
Como parte de ese conflicto, funcionarios estatales y municipales que se han opuesto públicamente a las acciones federales recibieron esta semana citaciones de un gran jurado federal. Las citaciones forman parte de una investigación que busca determinar si hubo obstrucción a la labor de los agentes federales durante las redadas.
El Departamento de Justicia no ha detallado públicamente el alcance de la investigación, pero organizaciones civiles advierten que podría sentar un precedente preocupante al criminalizar la oposición política o institucional a las políticas migratorias federales.
En paralelo, un comité de acción política vinculado a la ex vicepresidenta Kamala Harris lanzó una campaña de recaudación de fondos para apoyar legalmente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fue su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales de 2024. En mensajes dirigidos a donantes, el grupo acusa al gobierno federal de utilizar el aparato judicial para castigar a opositores políticos.
Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza y uno de los responsables de coordinar los operativos en Minnesota, defendió públicamente las acciones de los agentes federales. Según Bovino, más de 10.000 personas que se encontraban en el país de manera irregular han sido arrestadas en el estado durante el último año, incluidas unas 3.000 consideradas “de los delincuentes más peligrosos” en las últimas seis semanas.
Bovino insistió en que las operaciones se han llevado a cabo de manera “legal, ética y moral”, una afirmación que ha sido cuestionada por defensores de inmigrantes y abogados que representan a personas detenidas durante las redadas.
Julia Decker, directora de políticas del Centro de Derecho de Inmigrantes de Minnesota, señaló que las organizaciones civiles no tienen forma independiente de verificar las cifras ni las descripciones oficiales de los detenidos proporcionadas por el gobierno.
“Existe una brecha significativa entre el discurso oficial y los testimonios que recibimos de las comunidades afectadas”, afirmó.
El clima de tensión se ha visto agravado por incidentes violentos asociados a los operativos. A principios de enero, una mujer identificada como Renee Good murió tras recibir disparos durante una acción relacionada con inmigración en Minneapolis, un caso que ha intensificado las críticas al uso de fuerza letal y ha alimentado el temor en comunidades inmigrantes.
Por separado, un juez federal indicó esta semana que estaría dispuesto a conceder libertad bajo fianza a dos hombres acusados de agredir a un agente migratorio, luego de escuchar testimonios contradictorios durante una audiencia. Los fiscales apelaron la decisión. Uno de los acusados resultó herido de bala en el muslo durante el incidente, según documentos judiciales.
Maine rechaza cooperación adicional y crece el impacto nacional de la ofensiva migratoria
Mientras Minnesota se mantiene en el centro del debate judicial, otros estados también han comenzado a tomar distancia de la estrategia federal. En Maine, la secretaria de Estado, Shenna Bellows, anunció que no autorizará la emisión de nuevas matrículas confidenciales solicitadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para vehículos utilizados en operativos migratorios.
Bellows justificó su decisión citando “abusos de poder” documentados en otros estados y subrayó que su oficina busca evitar que matrículas emitidas por Maine sean utilizadas para actividades ilegales o encubiertas que no cuenten con supervisión adecuada.
“No hemos revocado las matrículas existentes, pero hemos pausado la emisión de nuevas”, dijo Bellows. “Queremos asegurarnos de que los recursos del estado no se utilicen de manera indebida”.
La decisión refleja una creciente resistencia a nivel estatal frente a las tácticas federales, particularmente en estados con gobiernos demócratas o con una fuerte presencia de comunidades inmigrantes.
En Portland, el distrito escolar público más grande y diverso de Maine mantuvo cerradas temporalmente las puertas de dos escuelas esta semana debido a preocupaciones sobre posibles actividades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las cercanías. Las autoridades escolares dijeron que la medida respondió a reportes y rumores que generaron alarma entre padres, estudiantes y personal educativo.
“Este es un momento comprensiblemente tenso en nuestra comunidad”, indicó el distrito en un comunicado, señalando que el temor se ha extendido más allá de los lugares directamente afectados por redadas.
El impacto político de la ofensiva migratoria también se siente a nivel nacional. El vicepresidente JD Vance tiene previsto viajar a Minneapolis para participar en una mesa redonda con líderes comunitarios y autoridades locales, según personas familiarizadas con sus planes. La visita ocurre en un momento en que la Casa Blanca busca reforzar su mensaje de seguridad y control fronterizo, mientras enfrenta críticas por el alcance y las consecuencias humanas de su estrategia.
Expertos en derecho constitucional advierten que los litigios en curso podrían definir los límites de la autoridad federal en materia migratoria y el grado en que los estados pueden resistir o regular la presencia de agentes federales en sus territorios.
Para las comunidades inmigrantes, sin embargo, el debate legal ofrece poco alivio inmediato. En Minnesota y otros estados, organizaciones comunitarias reportan un aumento del miedo, la desconfianza y la interrupción de la vida cotidiana, con personas que evitan escuelas, hospitales y lugares de trabajo por temor a ser detenidas.
La suspensión de las restricciones judiciales en Minnesota no resuelve el fondo del conflicto, pero refuerza una realidad que se repite en distintos frentes: la política migratoria de Estados Unidos se ha convertido en un campo de batalla legal, político y social, donde cada decisión judicial tiene repercusiones directas sobre miles de vidas y redefine la relación entre el gobierno federal, los estados y las comunidades más vulnerables.
