Por Redacción
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La Corte Suprema de Estados Unidos expresó dudas este miércoles ante el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento, en un caso que podría redefinir uno de los principios más arraigados del sistema legal estadounidense.
Durante los argumentos orales, magistrados tanto conservadores como liberales cuestionaron la base legal de la orden ejecutiva firmada por Trump, la cual busca negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en territorio estadounidense.
El caso, considerado uno de los más importantes del actual periodo judicial, también destacó por la presencia del propio Trump en la sala del tribunal, un hecho sin precedentes para un presidente en funciones. El mandatario permaneció durante poco más de una hora escuchando los argumentos de su administración antes de retirarse.
El procurador general, D. John Sauer, defendió la postura del gobierno argumentando que la interpretación tradicional de la ciudadanía por nacimiento es errónea. Según su tesis, los hijos de personas sin estatus legal permanente no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos, una frase clave de la 14.ª Enmienda de la Constitución de EE.UU..
Sin embargo, varios jueces manifestaron preocupación sobre cómo se aplicaría esta política en la práctica. La jueza Ketanji Brown Jackson cuestionó si el gobierno tendría que determinar el estatus migratorio de los padres en el momento del nacimiento, planteando dudas sobre la viabilidad del proceso.
“¿Esto ocurrirá en la sala de partos?”, preguntó Jackson, subrayando los posibles desafíos administrativos y legales.
El juez Clarence Thomas pareció más receptivo a los argumentos del gobierno, al señalar que la enmienda original fue diseñada principalmente para garantizar la ciudadanía a los antiguos esclavos tras la Guerra Civil, no necesariamente para abordar temas migratorios contemporáneos.
Aun así, el escepticismo generalizado reflejó las dificultades que enfrenta la administración para justificar un cambio drástico en una interpretación legal que ha prevalecido durante más de un siglo. Desde 1898, el precedente establecido en el caso Wong Kim Ark ha respaldado el principio de que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana, con excepciones limitadas como hijos de diplomáticos extranjeros.
Tribunales inferiores ya han bloqueado la orden ejecutiva, considerándola probablemente inconstitucional. La Corte Suprema ahora evalúa si permitirá que la política entre en vigor o si mantendrá la interpretación tradicional de la ciudadanía.
Organizaciones defensoras de derechos civiles argumentan que la propuesta podría generar caos legal y afectar a cientos de miles de niños cada año. Estudios citados en el caso estiman que más de 250.000 bebés nacidos anualmente en Estados Unidos podrían quedar sin ciudadanía bajo la nueva política.
Además, la medida no solo impactaría a inmigrantes indocumentados, sino también a personas que residen legalmente en el país, incluyendo estudiantes, trabajadores con visas temporales y solicitantes de residencia permanente.
La administración Trump sostiene que el tribunal debe corregir lo que considera un “malentendido persistente” sobre la Constitución. Sin embargo, los opositores advierten que aceptar este argumento implicaría una reinterpretación radical del concepto de ciudadanía en Estados Unidos.
Se espera que la Corte emita su fallo a inicios del verano, en una decisión que podría tener profundas implicaciones para el sistema migratorio y los derechos civiles en el país.
