ESPAÑOL
Por/By Tatiana Prophet
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Es el momento de la cosecha, así como es casi la hora para que inicie la construcción de un proyecto de viviendas para trabajadores agrícolas temporales justo al oeste de Santa María.
El complejo habitacional será construido por uno de los productores más grandes y antiguos de la zona, Betteravia Farms.
Para brindar lechuga fresca fresca, col china y el brócoli a la mesa de miles de familias, la Betteravia Farms está sufriendo una escasez severa de empleados debido a la reciente represión por las autoridades migratorias de y el envejecimiento del personal.
Este año, la compañía ya había comenzado la expansión de su uso de trabajadores huéspedes legales usando un programa federal conocido como “H-2A».
En marzo la compañía, sin embargo, se encontró con tener que despedir a 291 trabajadores que fueron encontrados por el Departamento de Inmigración, usando números de seguro social falsos.
El nuevo proyecto habitacional de 100 acres, aprobado en junio pasado por la Comisión de Planificación del Condado de Santa Bárbara, está llegando justo a tiempo.
Situado al oeste de Santa María, cerca de la autopista 1 y Balck Road, proporcionaría refugio para un máximo de 600 trabajadores huéspedes en 30 módulos con capacidad para 20 trabajadores cada uno.
Pero antes de la unánime aprobación por parte de las autoridades, hubo más de una entidad que se levantó en cuanto a que tan realmente humano es el proyecto.
Número uno, está a dos millas de la ciudad.
Número dos, mientras proporciona 70 pies cuadrados para que el trabajador viva, se bañe, cocine y se recree, es muy superior a las directrices H-2ª, que mandan al menos 50 pies cuadrados de espacio, sigue siendo inferior a los estandares y las directrices generales legales para vivienda urbana.
En California es ilegal que una vivienda tenga menos de 165 pies cuadrados por persona, ya que de lo contrario crea el hacinamiento.
Los críticos a nivel nacional del programa de trabajadores huéspedes H-2A han sugerido durante años que la forma en que está establecido, deja a los trabajadores muy vulnerables a ser abusados.
Los críticos locales del proyecto habitacional de las Betteravia Farms han dejado claro que no desean el complejo cerca de las cualquier comunidad residencial.
Así, la ubicación de estos edificios parece hacer caso a estas preocupaciones.
«Ese campamento se encuentra a dos horas a pie de la ciudad. Está al lado de un campo de golf, una planta de aguas negras, en las afueras de la ciudad que a partir de una perspectiva de planificación, en esa zona sólo se ubican edificaciones indeseables”, indicó Hazel Dávalos, Directora de CAUSA un grupo que pelea por los derechos de los campesinos e inmigrantes.
La Comisionada de Planificación Mary Ellen Brooks tenía algunas reservas iniciales, pero ayudó a diseñar algunos cambios en los planes, como la adición de campos de fútbol, más baños y acceso a Internet.
«Hemos añadido algunas condiciones tales para tener más opciones recreativas. Desde un punto de vista federal, el proyecto cumplió con todos los criterios”, dijo.
Sin embargo, Davalos crítica que la Comisión no tomó en cuenta otros elementos como el hacinamiento, el cual es causado cuando las condiciones de vida están bajo límites necesarios para tener una vida regular.
De acuerdo al Cónsul del Departamento de Protección del Consulado de México en Oxnard, Javier Becerra, ellos han visto como se han dado casos donde los campesinos viven en condiciones paupérrimas e infrahumanas.
“Ellos realizan un trabajo muy demandante con jornadas largas aguantando mal tiempo, polvo y otras condiciones, así que lo mínimo que requieren es tener viviendas y condiciones dignas donde puedan descansar”, indicó.
De acuerdo a otros medios de la zona, se ha reportado que parte del plan, también incluye un límite para las horas de visita para los campesinos que vivan en ese complejo.
“Que estos trabajadores mexicanos vivan en condiciones aceptables es algo que nos importa mucho en el Consulado, por eso estaremos al pendiente de este proyecto y que no hayan violaciones laborales para estos ciudadanos mexicanos”, indicó.
El Cónsul explica que el Consulado Mexicano ha ayudado cuando se producen abusos de las compañías con estos empleados agrícolas, como en el caso de “los 33”, en el cual 33 personas vivían en condiciones paupérrimas lo que al final condujo a una demanda laboral.
“De esos 33 trabajadores, 28 siguieron con la demanda y gracias a esto pudieron aplicar a una visa permanente y ahora ya están a la espera de su residencia y con la posibilidad de traer hasta sus familias”, indicó el Cónsul Barrantes.
Otras preocupaciones las expresó el Departamento del Alguacil de Santa Bárbara.
En una carta enviada a finales de mayo a la Comisión de Planificación, el Comandante de la región Norte del Condado, Craig Bonner expresó que el proyecto drenaría los recursos de su Departamento si un plan de seguridad pública no se ponía en marcha.
Así, la Comisión ordenó a la Betteravia Farms a presentar un plan de seguridad pública al Departamento del Alguacil antes de iniciar las operaciones.
Desde entonces, la compañía ha cooperado plenamente, explicó Bonner.
«Estamos trabajando en cosas que pueden ayudar para que, si por ejemplo las autoridades tienen que responder a una emergencia, hay protocolos donde todo el mundo debe irse a su casa para reducir al mínimo los riesgos que los agentes tienen al hacer cumplir la ley cuando llegan a la escena de un crimen», explicó el Comandante a El Latino.
«Han sido muy abierto para solucionar nuestras preocupaciones. Por una buena razón, que desean tener una operación segura ahí».
El proyecto de viviendas a distancia se produce en un momento donde el ambiente de parte de la comunidad local ha estado no tan amigable contra los trabajadores huéspedes a sus vecindarios.
Muchos se sienten incómodos con la idea de que los campesinos sean en su mayoría hombres solteros o que dejan atrás a sus familias en México.
El programa H2-A permite que los cónyuges de los trabajadores vengan con ellos, pero no les da un permiso para trabajar en los Estados Unidos.
En abril, una estructura de viviendas para trabajadores agrícolas que se estaba construyendo en una zona residencial de viviendas unifamiliares en los alrededores de Nipomo fue incendiada, donde según las autoridades las causas fueron sospechosas.
Dicho complejo consistía en 7 casas de 3 dormitorios para albergar hasta 16 personas por vivienda.
La activista Dávalos acotó que podría haber una conexión con ese incendió y los edificios de Betteravia.
«Creo que lo que más me molesta sobre este proyecto, es que lo ubicaron lejos y así es como se puede decir respondieron a ese incendio. Lo que me dice que quien incendió el primero, ganó.»
Mientras tanto, cabe señalar que funcionarios de la Betteravia Farms no devolvieron las repetidas llamadas y correos electrónicos hechos por El Latino para saber su punto de vista para este artículo.
«Con el fin de satisfacer la demanda durante la temporada de primavera y verano, las Betteravia Farms necesita unos 1,000 empleados adicionales de campo temporales(1,600 a 1,800 en total)», escribió el CEO de la compañía, Joe Leonard en una carta a la Comisión de Planificación y al Departamento de Desarrollo Urbano del Condado.
«Por lo general, aproximadamente unos 1,200 a 1,400 empleados del total se contrataban a nivel local, pero ese número ha ido disminuyendo en los últimos años. Dependiendo de la producción de los cultivos, la escasez de empleados varía de entre unos 200 a 600 por cosecha».
De acuerdo con el Fondo de la Vivienda del Condado de SB, la Ciudad de Santa María alberga el 55 por ciento de la población de trabajadores agrícolas del Condado, es decir unos 20,000 trabajadores en temporada alta.
Según la misma fuente, hay una necesidad estimada de 5,735 unidades de viviendas de empleados agrícolas en dicha ciudad,.
CAMPESINOS VIAJEROS
El programa H2-A, que se utiliza ampliamente en otras partes del país, tales como el estado de Washington, está empezando a crecer en las áreas agrícolas ricas de la Costa central de California.
Para participar en la H-2A, se requiere que las fincas de cultivo pongan anuncios locales buscando esa mano de obra antes de poder utilizar los trabajadores invitados extranjeros.
Un puesto de trabajo por una granja de Santa María fue publicado en un sitio de empleos de Arizona, que muestra cómo exigente y agotador son esas posiciones son en realidad.
El anunció ofrecía $11.89 de pago por hora, que los trabajadores puedan ser capaces de levantar «hasta 50 libras con frecuencia… Capaces de trabajar en condiciones donde la piel y la ropa quedarán muy sucias debido al barro, el agua, la grasa, etc., deben ser capaces de trabajar al aire libre en condiciones climáticas adversas, incluyendo la lluvia, el frío, fuertes vientos, etc. Las obras comprenden agacharse frecuentemente y trabajar en una posición doblada o sin moverse».
Los críticos sugieren que el programa H-2A es defectuoso porque no requieren que los agricultores paguen impuestos de seguridad social y desempleo, lo que frena el empleo de los ciudadanos de Estados Unidos. Además, los grupos de defensa dicen que la administración Bush recortó los salarios de los trabajadores agrícolas en el 2009, cediendo a la presión de las compañías poderosas.
También, dicen los trabajadores a menudo pagan grandes sumas de dinero a los reclutadores, incluso antes de salir de sus países de origen, lo que también crea un sistema de sobornos y estafas en sus países.
Por último, las regulaciones para las condiciones de vida son obsoletas, como por ejemplo el requisito de espacio para vivir de 50 pies cuadrados por trabajador.
Para justificar las reglas actuales, las comparaciones se hacen a menudo a décadas pasadas, cuando los trabajadores agrícolas soportaron condiciones de vivienda casi inimaginables hasta la actualidad.
Pero incluso con algunas regulaciones federales mejoradas, dichas normas son susceptibles a no ser cumplidas debido a la falta de recursos del Estado.
Dávalos, quien desea llevar un proyecto de ley de derechos del trabajador agrícola ante la Junta de Supervisores de SB, espera que este no sea el caso del proyecto de las Betteravia Farms.
«Estamos muy al pendiente y vigilantes de qué podemos hacer como comunidad para asegurarnos para que los campesinos sean tratados con respeto y dignidad», acota Davalos.
Por último el Supervisor del Primer Distrito del Condado de SB, Salud Carbajal, manifestó que el programa H-2A es una solución a corto plazo.
«La mejor respuesta a la escasez de trabajadores en Santa María y otras áreas agrícolas es conseguir realmente que el Congreso apruebe una reforma migratoria integral», indicó Carbajal quien en noviembre peleará para Congresista para parte del Condado de Ventura y Santa Bárbara.
«Este proyecto está usando el programa de visas H-2A como una alternativa. Mientras las necesidades y los derechos de los trabajadores agrícolas sean protegidas, todo el mundo gana, pero tiene que ser un camino de dos vías donde todo el mundo prospere juntos.
ENGLISH
It’s harvest time. It’s also nearly time for a remote farm worker housing project to break ground just west of Santa Maria, built by one of the area’s oldest and biggest growers, Betteravia Farms.
Bringing fresh romaine, bok choy and broccoli to the family table, Betteravia is suffering a severe worker shortage due to recent crackdowns by U.S. immigration officials and an aging workforce.
This year, the company had already begun expanding its use of legal guest workers using a federal program known as H-2A.
But in March the company nevertheless found itself having to fire 291 workers who were found by Immigrations and Customs Enforcement to be using false social security numbers.
The new 100-acre project, approved by the Santa Barbara planning commission in June, is coming just in time.
Located west of Santa Maria near Highway 1 and Black Road, it would provide shelter for up to 600 guest workers in 30 bunkhouses of 20 workers each.
But before the unanimous approval, one or two eyebrows were raised as far as how humane the project really is.
Number one, it’s two miles from town.
Number two, while it provides 70 square feet of living space per worker, greatly exceeding H-2A guidelines of at least 50 square feet of personal living space, that’s still less than general Housing and Urban Development guidelines, which specify anything less than 165 square feet per person as overcrowding.
Nationwide critics of the H-2A guest worker program have suggested for years that the way it’s set up leaves workers vulnerable to abuse.
Local critics have made it clear they don’t want the required housing to be anywhere near residential communities.
The location of this new camp seems to be a nod to their concerns.
“That camp will be located a two-hour walk from town,” said Hazel Davalos, organizing director for the local advocacy group CA– USE.
“And it’s out next to a golf course, a sewage plant, outside of the city where from a planning perspective, they put undesirable uses.”
Planning commissioner Mary Ellen Brooks had initial reservations, but helped devise some changes to the plans, adding soccer fields, additional restrooms and internet access.
“We added some conditions such as recreational opportunities. From a federal standpoint, the project met all the criteria,” she said.
Other concerns were expressed by the Santa Barbara Sheriff’s Department.
In a letter to the planning commission in late May, North County Commander Craig Bonner expressed concern that the project would drain the resources of the police department if a public safety plan was not put in place.
So the planning commission ordered Betteravia Farms to submit a public safety plan to the sheriff’s department before beginning operations.
Since then, the company has fully cooperated, Bonner said.
“We’re working on things that can help so that … if law enforcement is going to have to make an emergency response, that they have protocols where everybody goes back into their house to that you minimize the situations that law enforcement has to deal with when they arrive on scene,” he told El Latino.
“They’ve been extremely open to addressing our concerns. For good reason, they want to have a safe operation out there.”
The remote housing project comes at a time when community attitudes have been less than welcoming toward guest workers within their neighborhoods.
Many are uncomfortable with the idea that the workers are mostly men who are either single or who leave their families behind.
The H2-A program allows workers’ spouses to travel with them, but not to work in the United States.
In April, a farm worker housing structure that was being built in a single-family neighborhood in nearby Nipomo burned down, with arson suspected.
It consisted of seven 3-bedroom homes set to house up to 16 people per dwelling.
Community activist Davalos said there is a connection.
“I think what upsets me the most about this project and where it’s being located is you can tell that they responded to that arson,” she said.
“What that says to me is whoever burned down that housing project, won.”
Betteravia Farms officials did not return repeated calls and e-mails by El Latino for comment on this story.
“In order to meet demand during the spring summer season, Betteravia Farms needs an additional 1,000 field hand employees (1,600-1,800 total) on a temporary basis,” wrote CEO Joe Leonard in a letter to the Santa Barbara Planning and Development department.
“Typically approximately 1,200-1,400 of the total have been found locally but that number has been declining over the last few years. Depending on crop production, the shortage of employees ranges from 200-600 per harvest.”
According to the Housing Trust Fund of Santa Barbara County, the City of Santa Maria houses 55 percent of the county’s farm-worker population, or 20,000 workers at peak season. There is an estimated need for 5,735 units of farm-worker housing in Santa Maria, according to the same source.
TRAVELLING FARM WORKERS
The H2-A program, used widely in other parts of the country such as Washington State, is starting to grow in the farm-rich areas of the California Central Coast.
To participate in H-2A, farms are required to advertise for local workers before they can use foreign guest workers.
A job ad for a Santa Maria farm was published on an Arizona jobs site, showing how demanding and back-breaking these jobs really are.
For $11.89 an hour, workers should be able to lift “up to 50 pounds frequently…. Must be able to work under conditions where skin and clothing become heavily soiled with mud, water, grease, etc. Must be able to work outdoors in inclement weather conditions, including rain, cold, high winds, etc. Work involves frequent bending and working in bent or stooped positions.”
Critics suggest the H-2A program is flawed in that does not require farmers to pay social security and unemployment taxes, thereby discouraging the employment of U.S. citizens. Further, advocacy groups say the Bush administration slashed farm worker wages in 2009, bowing to pressure from growers.
In addition, they say workers often pay large sums of money to recruiters before even leaving their countries of origin. Creating a system of bribes an scams in their countries.
Finally, regulations for living conditions are outdated, with one example being the less-than-adequate space requirement of 50 square feet per worker.
To justify current rules, comparisons are often made to decades past, when farm workers endured nearly unimaginable housing conditions to today.
But even with some improved federal regulations, those rules are susceptible to not being enforced due to lack of state resources.
Davalos, who wants to bring a farm worker Bill of Rights before the Santa Barbara Board of Supervisors, hopes this is not the case in Santa Maria.
“We’re keeping our eyes open and being vigilant and doing what we can as a community to make sure that these workers are being treated with respect and dignity,” she said.
Santa Barbara County Supervisor Salud Carbajal said the H-2A program is a short-term solution.
“The best answer to worker shortages in Santa Maria and other agricultural areas is to really get Congress to pass comprehensive immigration reform,” he said.
“This project is using the H-2A visa program as an alternative. As long as the needs and rights of farm workers are protected, then everybody wins. But it has to be a two-way street where everybody prospers together.”
