Defensores de DACA buscan asegurar el programa en medio de batalla legal

Por Redacción
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En el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. en Nueva Orleans, tres jueces de apelaciones escucharon argumentos sobre los esfuerzos recientes de la administración Biden para convertir DACA en una regulación federal, con la esperanza de aumentar las posibilidades del programa de sobrevivir a los desafíos legales en el futuro.

El programa de la era Obama fue impugnado por primera vez en 2018, cuando Texas y otros ocho estados liderados por republicanos intentaron poner fin al programa después de que fracasaran los esfuerzos del entonces presidente Donald Trump por terminarlo. 

Un fallo de la Corte Suprema, sin embargo, mantuvo vigente a DACA.

Desde que se puso en marcha hace 12 años, DACA ha permitido que los adultos jóvenes elegibles que llegaron al país. cuando eran niñ@s pero carecen de estatus migratorio legal trabajen y estudien sin temor a la deportación. 

Los estados republicanos han argumentado que han sufrido daños y perjuicios por gastar millones de dólares en los beneficiarios de DACA.

Pero Nina Perales, vicepresidenta de litigios del Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Americano y abogada que representa a los beneficiarios de DACA, explicó que los Estados en realidad no han podido probar esto.

«Por eso, argumentamos que Texas no tiene legitimidad para demandar y que el caso debe ser desestimado», aseguró Perales a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

Los jueces de apelación no dieron ninguna indicación de cuándo o cómo decidirán. Perales ha dicho que podrían decidir de diferentes maneras. 

El tribunal puede desestimar el caso, remitirlo a un tribunal inferior o fallar en contra de DACA, que luego podría ser apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El jueves, cientos de manifestantes se reunieron fuera del juzgado en apoyo del programa.

María Rocha-Carrillo, de 37 años, de Nueva York, viajó a Nueva Orleans para unirse a la manifestación y asistir a la audiencia. A los 3 años, fue traída al país por familiares que habían emigrado de México, donde ella nació. 

Tener DACA le permitió obtener un certificado de enseñanza y construir una carrera en educación.

“Vivo aquí. Trabajo aquí. Soy dueña de una casa aquí”, asumió Rocha-Carrillo.

Gaby Pacheco, Directora de defensa, desarrollo y comunicaciones de TheDream.Us, una organización que ayuda a jóvenes inmigrantes a completar sus estudios universitarios, también asistió a la audiencia.

“Cuando nos pidieron que nos pusiéramos de pie, miré a mi izquierda, miré a mi derecha y pude ver a todas esas personas que alguna vez fueron niños y hoy son adultos y jóvenes con tanto deseo de seguir perteneciendo a su comunidad, al país que han llamado hogar durante mucho tiempo”, dijo Pacheco.

El beneficiario promedio de DACA tiene entre 30 y 39 años y ha vivido en los EE. UU. durante más de 16 años, según United We Dream, la red liderada por jóvenes inmigrantes más grande del país. 

Casi la mitad de los beneficiarios de DACA están casados ​​y el 50% de ellos tienen un hij@.

Los partidarios de DACA han dicho durante mucho tiempo que es una de las políticas más exitosas para la integración de los inmigrantes.

«Son estadounidenses en todos los sentidos, excepto en el papel», indicó Pacheco.

Aunque Trump no pudo poner fin a DACA cuando era presidente, las demandas de los estados republicanos han limitado su expansión.

Un juez federal en Texas ha dictaminado que DACA es ilegal varias veces a lo largo de los años, pero se ha abstenido de terminarlo por completo.

Según su fallo más reciente, el pasado mes de septiembre, solo los actuales beneficiarios de DACA o aquellos cuyo estatus de DACA expiró hace menos de un año pueden seguir renovándolos cada dos años. Pero DACA sigue cerrado a nuevos solicitantes.

Aproximadamente 580.000 beneficiarios pueden renovar su estatus de DACA. Pero desde que DACA fue cerrado para nuevos solicitantes, se estima que 400.000 personas que habrían sido elegibles han quedado fuera del programa, incluyendo casi 93.000 solicitantes primerizos que han quedado en el limbo durante tres años después de haber presentado la documentación necesaria.