Por Agencias
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Los gobiernos estatales liderados por conservadores en Arizona, Louisiana y Missouri han demandado a la administración del Presidente demócrata, Joe Biden, para evitar que los funcionarios federales pongan fin a una regla de salud pública que permite que muchos solicitantes de asilo, sean rechazados en la frontera sur del país.
La demanda se presentó durante el fin de semana en un tribunal federal de Luisiana que impugnaba el fin previsto para el 23 de mayo de los controles fronterizos conocido como Título 42.
La orden fue impuesta hace casi dos años por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por preocupaciones sobre el coronavirus.
Los gobernadores de Arizona y Missouri son republicanos, mientras que Luisiana tiene una legislatura dirigida por republicanos y un gobernador demócrata conservador.
La demanda señala que la orden es “la única válvula de seguridad que evita que las desastrosas políticas fronterizas de esta Administración se conviertan en un caos y una catástrofe absolutos”.
Señaló que varios Senadores demócratas, incluidos los de Arizona, Kyrsten Sinema y Mark Kelly han pedido a la Administración de Biden que posponga el levantamiento del Título 42, para prepararse mejor para un aumento esperado de solicitantes de asilo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ha dicho que hasta 18,000 migrantes podrían presentarse diariamente en la frontera sur cuando finalice la orden.
Los aumentos anteriores en la inmigración han puesto a prueba a las agencias policiales, y a las organizaciones sin fines de lucro en la frontera que intentan brindar seguridad y refugio.
Los grupos sin fines de lucro que trabajan con solicitantes de asilo abogan por el fin de la regla, que dicen que pone en peligro a las personas que huyen de la violencia de regreso a casa, mientras esperan en México.
La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que el Título 42 es una directiva de salud pública.
“No es una medida de aplicación de la ley de inmigración y migración y la decisión sobre cuándo levantar el Título 42 fue tomada por los CDC”, explicó.
La demanda que busca defender el Título 42 dice que, aunque el fin de la orden de salud pública se basa en una disminución de los casos de COVID-19, el gobierno de estadounidense no ha tomado otras medidas similares, como levantar el mandato de máscara para los viajes aéreos.
La acción también señaló algunos acuerdos que Arizona y Luisiana firmaron con el gobierno federal en los últimos días de la administración de donald trump, sobre futuros cambios en la política o la aplicación de la ley de inmigración.
Los gobiernos estatales encabezados por republicanos, en particular, han estado luchando cada vez más contra el retroceso de la administración demócrata en algunas políticas de inmigración.
En una demanda separada presentada el martes, los estados de Alabama, Georgia y Florida rechazaron una política de la Administración Biden, que permite usar la discreción, sobre si detener y deportar, a algunas personas que cometieron un delito mientras se encontraban clandestinamente en los EE. UU.
“La política de inmigración peligrosa e ilegal de la administración Biden fomenta los cruces fronterizos ilegales y representa una amenaza para los ciudadanos respetuosos de la ley en todo nuestro estado y nación”, expresó el fiscal general de Georgia, Chris Carr.
Por su parte, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Chris Magnus, recalcó el lunes que “probablemente enfrentaremos un aumento en los encuentros por encima de los altos niveles actuales” una vez que se levante el Título 42.
“Hay un número significativo de personas que no pudieron acceder al sistema de asilo durante los últimos dos años y que pueden decidir que ahora es el momento de venir”, aseveró el comisionado.
Magnus también indicó que su agencia empleará tecnología adicional, incluidos drones y apoyo personal adicional en la frontera.
También trabajará cada vez más con otras agencias federales como la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, informó.
Magnus dijo que CBP también ampliará la coordinación con grupos religiosos y otros grupos sin fines de lucro que trabajan con solicitantes de asilo en la frontera para ayudar con la atención y el transporte a corto plazo.
“Estamos haciendo todo lo posible para prepararnos para este aumento, asegurarnos de continuar procesando a las personas con humanidad e imponer consecuencias a quienes infrinjan la ley”, dijo.
