Por Redacción
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Organizaciones de derechos humanos, encabezadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), denunciaron esta semana que mujeres embarazadas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos están siendo sometidas a condiciones inhumanas, negligencia médica y malnutrición. En una carta dirigida al director de la agencia, Todd Lyons, exigieron el fin inmediato de estas detenciones, prohibidas desde 2021.
El documento, firmado también por el Women’s Refugee Commission (WRC) y otras entidades defensoras de los derechos de las mujeres, describe una serie de abusos que incluyen el uso de esposas durante el transporte, encierro en aislamiento, atención médica sin consentimiento y abortos espontáneos sin tratamiento adecuado. “Estas prácticas ponen en riesgo la vida de las madres y sus bebés, y violan las propias normas del ICE”, señala la misiva.
Testimonios de mujeres detenidas
Entre los casos documentados figura el de Ana, una joven de unos 20 años recluida en el centro de detención de Basile, Luisiana, con seis meses de embarazo. En su primer mes detenida no recibió vitaminas prenatales ni atención médica adecuada, pese a sufrir vómitos y dolores intensos. Según los informes, el único medicamento que le fue suministrado fue Tylenol, mientras apenas lograba ingerir los alimentos que se le proporcionaban.
Otro testimonio es el de Lucía, una migrante detenida en el Centro de Procesamiento de Stewart, en Georgia. Pese a estar embarazada, no recibió atención médica oportuna y sufrió un aborto tras una hemorragia severa. Relató que fue trasladada esposada de pies y manos al hospital, donde perdió a su bebé y debió recibir una transfusión de sangre.
También está el caso de Alicia, quien vivía en Luisiana con sus dos hijos —uno de ellos ciudadano estadounidense— y sufrió un aborto mientras estaba recluida en Basile. Denunció que se le practicó una prueba invasiva sin su consentimiento, lo que le provocó un dolor insoportable. Permaneció dos meses más en el centro con sangrado y fiebre antes de ser deportada. Una vez en su país, fue diagnosticada con una infección grave producto de la falta de atención médica.
Las organizaciones aseguran que estos casos no son aislados. Según la ACLU, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en enero, el ICE ha intensificado las detenciones de mujeres gestantes como parte de su meta de alcanzar “la mayor deportación masiva de la historia”.
En 2021, bajo la administración de Joe Biden, se había emitido una orden interna para evitar la detención de embarazadas y madres lactantes, salvo en circunstancias excepcionales que representaran una amenaza a la seguridad nacional. Sin embargo, las denuncias recientes evidencian que las nuevas directrices han sido revertidas o ignoradas por los agentes de inmigración.
Falta de transparencia y violaciones reiteradas
Actualmente no existen datos oficiales sobre el número de mujeres embarazadas bajo custodia del ICE, ya que la agencia no ha cumplido con el mandato del Congreso de reportar semestralmente esta información desde 2019. Ante la opacidad, el Women’s Refugee Commission lanzó en septiembre una herramienta para recopilar denuncias de manera independiente.
Zain Lakhani, directora de derechos y justicia migratoria del WRC, declaró que “el sistema de detención se ha convertido en una caja negra” y que las nuevas herramientas buscan “devolver transparencia y responsabilidad al proceso”. Según sus reportes, las detenidas embarazadas carecen de acceso a alimentos básicos como leche o fruta, viéndose obligadas a comprar productos ultraprocesados a precios altos.
El informe del WRC también menciona casos de mujeres deportadas tras dar a luz o sufrir abortos, muchas de las cuales llegan a sus países de origen con desnutrición severa y secuelas médicas sin tratar. “Algunas madres lactantes estaban tan desnutridas que sus cuerpos dejaron de producir leche”, indica el documento.
Los señalamientos de negligencia médica no son nuevos. El senador demócrata Jon Ossoff presentó el año pasado una investigación del Congreso que documentó 14 casos de maltrato a mujeres embarazadas bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo falta de atención prenatal, ausencia de controles médicos, alimentación deficiente y hacinamiento extremo.
El DHS respondió que “la detención de mujeres embarazadas es poco frecuente y está sujeta a una revisión rigurosa” y negó que alguna detenida haya sido obligada a dormir en el suelo. Sin embargo, los legisladores demócratas consideran la respuesta insuficiente.
La senadora Patty Murray, junto a otros 27 senadores, envió una carta el mes pasado a la secretaria del DHS, Kristi Noem, solicitando información sobre el número de embarazadas detenidas y exigiendo que se respete la política de no detención, salvo en circunstancias excepcionales. “Las investigaciones médicas vinculan la detención con complicaciones graves en el embarazo y riesgos para la salud fetal y materna, agravados por el hacinamiento y la falta de atención médica”, advirtieron los senadores. Hasta ahora, no han recibido respuesta.
Activistas y médicos coinciden en que los centros de detención no están preparados para atender a mujeres embarazadas. Denuncian que la falta de control médico, la alimentación deficiente y el estrés extremo generan un ambiente propicio para complicaciones como abortos espontáneos, partos prematuros y daños permanentes en la salud reproductiva.
Las organizaciones instan al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional a implementar de inmediato mecanismos de supervisión externa, liberar a las embarazadas bajo custodia y proporcionar atención médica integral a quienes aún permanecen detenidas.
Mientras tanto, mujeres como Ana, Lucía y Alicia continúan siendo el rostro de un sistema que, según las organizaciones, “castiga la maternidad en lugar de protegerla”.
