Por Redacción
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Un juez federal desestimó este martes una demanda presentada por el Gobierno de Donald Trump contra 15 jueces federales en Maryland, quienes habían emitido protecciones temporales para inmigrantes en riesgo de deportación expedita. La decisión marca un revés para el Departamento de Justicia, que buscaba limitar las facultades judiciales en estos casos.
El juez Thomas Cullen, designado por Trump y trasladado desde otro distrito para atender el caso, concluyó que la acción del Ejecutivo carecía de base legal y representaba un intento de generar un “caos constitucional”.
Juez rechaza intento de limitar facultades judiciales
En su fallo de 39 páginas, Cullen sostuvo que los jueces son inmunes a demandas presentadas por el poder ejecutivo y que el Departamento de Justicia carecía de legitimación para proceder contra ellos.
“Decir lo contrario contradeciría un precedente abrumador, se apartaría de la tradición constitucional de larga data y atentaría contra el Estado de derecho”, escribió el magistrado.
La demanda del gobierno se presentó en junio, luego de que el tribunal de Maryland estableciera una norma que bloqueaba temporalmente deportaciones automáticas si los inmigrantes detenidos habían recurrido a los tribunales para impugnar la medida.
Caso emblemático y revés para la administración Trump
El fallo se relaciona con el caso de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño deportado ilegalmente en marzo y que luego fue regresado a Estados Unidos. Al presentar una nueva demanda en Maryland, obtuvo protección judicial que impedía su expulsión inmediata.
El Departamento de Justicia alegó que estas órdenes automáticas eran ilegales porque no incluían la evaluación habitual de un juez. Sin embargo, Cullen rechazó el argumento y subrayó que una demanda del Ejecutivo contra el Judicial por ejercer sus funciones es “extraordinaria”.
“Aunque el Ejecutivo se opone a esta caracterización, una demanda del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial por el ejercicio del Poder Judicial no es algo común”, señaló.
La decisión representa un golpe a los esfuerzos de la administración Trump por acelerar deportaciones y limitar la intervención de jueces federales en procesos migratorios.
