Por Redacción
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El periodista independiente y expresentador de televisión Don Lemon defendió públicamente su trabajo periodístico durante una protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una iglesia de St. Paul, Minnesota, un hecho que derivó en su arresto y en cargos federales que han generado un amplio debate sobre la libertad de prensa en Estados Unidos.
Durante una entrevista transmitida el lunes por la noche en un programa de televisión de alcance nacional, Lemon sostuvo que su presencia en la iglesia el pasado 18 de enero respondió exclusivamente a su labor informativa. Según explicó, acudió al lugar para documentar una manifestación que ya estaba en curso y transmitir lo que ocurría, sin participar en los actos de protesta.
“Hay una diferencia clara entre un manifestante y un periodista”, afirmó Lemon. “Yo estaba allí para observar, registrar y contar lo que estaba pasando”.
El arresto se produjo después de que decenas de manifestantes interrumpieran un servicio religioso en la Iglesia de las Ciudades, en St. Paul, en rechazo a la política migratoria federal. Los organizadores de la protesta aseguran que uno de los pastores del templo es un alto funcionario de ICE en el área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul, lo que motivó la acción directa durante el servicio.
Lemon y la periodista independiente Georgia Fort transmitían en vivo los acontecimientos cuando se produjeron momentos de tensión entre manifestantes y asistentes al culto. Ambos periodistas fueron posteriormente incluidos por fiscales federales entre los acusados, junto con algunos de los manifestantes.
Cargos federales y un arresto que genera controversia
Las autoridades federales acusan a Lemon y Fort de conspirar para violar derechos constitucionales y de infringir la Ley FACE, una normativa que prohíbe el uso de la fuerza, amenazas o intimidación para interferir con el derecho de las personas a practicar su religión, garantizado por la Primera Enmienda.
Los cargos han sido duramente cuestionados por expertos legales y defensores de la libertad de prensa, quienes señalan que es inusual que periodistas sean procesados penalmente por cubrir protestas, incluso cuando estas ocurren en espacios sensibles como iglesias.
Según Lemon, funcionarios de la administración del presidente Donald Trump habían solicitado su arresto en los días posteriores a la protesta. Ante esa situación, el periodista tomó medidas preventivas y contrató representación legal.
Su abogado se puso en contacto con la fiscalía para expresar la disposición de Lemon a entregarse voluntariamente si existía una orden judicial. Sin embargo, el periodista relató que, en lugar de permitirle presentarse por su cuenta, las autoridades enviaron a más de una docena de agentes federales para detenerlo en el vestíbulo de un hotel en Los Ángeles, donde se hospedaba mientras cubría los premios Grammy.
Lemon afirmó que fue empujado cerca de los ascensores, esposado y retenido mientras los agentes tardaban en identificarse y mostrarle una orden judicial. “Podía haber sido un proceso mucho más simple”, dijo, señalando que su abogado intentó coordinar una entrega voluntaria para evitar un operativo público.
“Quieren avergonzarte, quieren intimidarte, quieren infundir miedo”, sostuvo Lemon al referirse al arresto.
Los fiscales, por su parte, alegan que Lemon y Fort no se limitaron a documentar los hechos, sino que habrían participado activamente en una acción diseñada para intimidar a los feligreses. En una audiencia judicial reciente, un fiscal federal afirmó que Lemon explicó a su audiencia que el objetivo de la protesta era hacer que la experiencia resultara traumática e incómoda para quienes asistían al servicio religioso.
Lemon fue liberado sin fianza el viernes tras comparecer ante un tribunal federal. La fiscalía había solicitado una fianza de 100,000 dólares y restricciones adicionales, argumentando que era necesario evitar que repitiera conductas similares mientras espera el juicio. Finalmente, se acordó que no tenga contacto con testigos, presuntas víctimas o coacusados, y que obtenga autorización judicial para cualquier viaje internacional.
Libertad de prensa y apoyo desde la industria del entretenimiento
El caso ha despertado una fuerte reacción entre organizaciones defensoras de la Primera Enmienda y grupos de derechos civiles, que consideran que los cargos representan un intento de criminalizar la labor periodística.
El Comité para la Primera Enmienda, recientemente restablecido y vinculado a la actriz Jane Fonda, emitió un comunicado en el que señaló que “arrestar a periodistas por hacer su trabajo es un ataque a nuestras libertades y a la democracia”.
El respaldo a Lemon también se ha hecho visible en la industria del entretenimiento. Durante una gala previa a los premios Grammy organizada por el ejecutivo musical Clive Davis, el periodista recibió una ovación parcial de pie, gesto que fue interpretado como una muestra de solidaridad por parte de figuras influyentes de Hollywood.
Tras su arresto, Lemon asistió a la ceremonia de los Grammy como invitado y no en su rol habitual de cobertura periodística, debido a las restricciones legales que enfrenta.
Mientras tanto, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y otros funcionarios de la administración Trump han defendido los arrestos. Bondi afirmó que las personas que ingresaron a la iglesia violaron la Ley FACE y deberán rendir cuentas ante la justicia.
“Estas personas cometieron un delito y serán responsables”, declaró en una entrevista televisiva.
Consultado sobre el caso, el presidente Trump afirmó que no estaba al tanto de los detalles y luego lanzó insultos contra Lemon, sugiriendo que el arresto podría haberle beneficiado al aumentar su visibilidad pública.
Expertos legales coinciden en que el proceso judicial podría ser complejo para la fiscalía. “Los cargos contra periodistas en este contexto son altamente inusuales”, señaló un abogado constitucionalista. “Probar que estaban conspirando activamente, y no simplemente cubriendo un evento noticioso, será un desafío significativo”.
El caso de Lemon se inscribe en un clima de creciente tensión entre el gobierno federal, los medios de comunicación y los movimientos de protesta contra las políticas migratorias. A medida que el proceso avanza, defensores de la libertad de prensa advierten que su desenlace podría sentar un precedente clave para la cobertura periodística de manifestaciones en Estados Unidos.
Lemon tiene previsto comparecer nuevamente ante un tribunal federal en Los Ángeles la próxima semana, mientras sus abogados preparan una estrategia legal que, según el propio periodista, buscará no solo su defensa personal, sino también la protección del derecho de los periodistas a informar sin temor a represalias.
