Por Redacción
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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron este domingo dos nuevos ataques con misiles balísticos en el este del océano Pacífico, dejando seis muertos. Según el secretario de Defensa, Pete Hegseth, las operaciones fueron autorizadas directamente por el presidente Donald Trump y formaron parte de la ofensiva contra el narcotráfico que Washington califica como una “guerra irregular” contra organizaciones criminales.
“Por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques con misiles balísticos contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, informó Hegseth en la red social X.
De acuerdo con el funcionario, las naves supuestamente estaban involucradas en actividades de contrabando de drogas y transitaban por una ruta conocida del narcotráfico en el Pacífico oriental. “Los seis individuos a bordo fueron neutralizados. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, añadió.
El Pentágono aseguró que ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y que las embarcaciones estaban “plenamente identificadas” como parte de redes de narcotráfico vinculadas a grupos armados. Sin embargo, no se presentaron pruebas públicas que respalden dichas afirmaciones ni se detalló el tipo de armamento utilizado.
Operaciones sin autorización del Congreso
Los recientes bombardeos elevan a 20 el número de ataques ejecutados por las fuerzas estadounidenses desde septiembre en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de 76 muertos. Las operaciones se han realizado sin una declaración formal de guerra ni autorización legislativa, lo que ha generado cuestionamientos en el Congreso y entre organizaciones de derechos humanos.
El primer ataque documentado tuvo lugar el 2 de septiembre en aguas internacionales del Caribe. En esa ocasión, la administración Trump justificó la operación al afirmar que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de la droga. Según su postura, las personas fallecidas fueron clasificadas como “combatientes ilegales”.
No obstante, hasta la fecha no se han presentado pruebas verificables de la presencia de narcóticos en las embarcaciones atacadas ni de su relación directa con los cárteles. Grupos de observadores internacionales y juristas estadounidenses advierten que el uso de esa categoría legal podría vulnerar las convenciones internacionales sobre conflictos armados y derechos humanos.
Fuentes del Departamento de Defensa señalaron que los ataques forman parte de la estrategia “Mares Seguros”, impulsada por el asesor de seguridad nacional Michael Flynn. El plan busca ampliar la autoridad militar para realizar operaciones “preventivas” en alta mar contra redes de narcotráfico y terrorismo.
Reacciones regionales y diplomáticas
El aumento de los ataques ha generado inquietud en América Latina y fue tema central durante la IV Cumbre CELAC-Unión Europea, celebrada este fin de semana en Santa Marta, Colombia.
El presidente colombiano Gustavo Petro expresó preocupación por lo que calificó como “acciones unilaterales” de Estados Unidos en aguas internacionales que podrían “desestabilizar la seguridad marítima regional”. Petro hizo estas declaraciones acompañado por el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas.
“América Latina y el Caribe no pueden aceptar operaciones militares extranjeras que se realicen sin consulta ni coordinación con los Estados ribereños”, declaró Petro al cierre del encuentro. “La lucha contra el narcotráfico debe basarse en la cooperación judicial, no en ataques que pongan en riesgo la vida de civiles”.
El canciller uruguayo, por su parte, subrayó que los ataques podrían tener consecuencias legales en el marco del derecho internacional marítimo, mientras que la Unión Europea instó a Washington a ofrecer transparencia y pruebas verificables sobre los supuestos vínculos de las embarcaciones con el narcotráfico.
De acuerdo con un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la ofensiva marítima de Estados Unidos podría estar relacionada con el refuerzo de su presencia militar en el Pacífico, coincidiendo con el aumento de las tensiones con China y el resurgimiento de rutas de tráfico marítimo entre América del Sur y Asia.
El informe también advierte que la falta de coordinación con gobiernos de la región podría derivar en incidentes diplomáticos o en la pérdida de apoyo político en América Latina, donde varios países han manifestado su rechazo a la militarización de la lucha antidrogas.
Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha emitido una declaración formal sobre las implicaciones legales de las operaciones ni sobre el destino de los restos de las embarcaciones atacadas. Se reporta que tres sobrevivientes fueron inicialmente detenidos por la Marina estadounidense y luego devueltos a sus países de origen, mientras que un cuarto individuo se presume muerto tras una búsqueda en aguas mexicanas.
Los ataques recientes, sumados a la ausencia de un mandato legislativo claro, han reavivado el debate en Washington sobre los límites del poder ejecutivo en materia militar. Algunos senadores demócratas han pedido que el Congreso revise las autorizaciones de uso de la fuerza aprobadas después del 11 de septiembre de 2001, las cuales aún sirven de base para operaciones contra grupos no estatales.
Mientras tanto, las comunidades costeras en América Central y Sudamérica observan con temor el avance de esta política de “ataques preventivos”, temiendo que las aguas internacionales del Pacífico se conviertan en un nuevo escenario de guerra.
