EE.UU. asume el control del petróleo venezolano y agrava la disputa con China por una deuda clave

Por Redacción
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La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, afecta directamente los cargamentos de crudo que Venezuela utilizaba para pagar parte de su deuda con Beijing, un esquema que durante años permitió al país sudamericano cumplir compromisos financieros incluso en medio de sanciones internacionales y restricciones severas al acceso a los mercados.


Expertos en deuda soberana advierten que el control estadounidense sobre los ingresos petroleros venezolanos podría dificultar seriamente cualquier intento futuro de reestructurar la deuda externa del país, estimada en unos 150.000 millones de dólares, y generar fricciones duraderas con China que trasciendan el caso venezolano.


Aproximadamente una décima parte de esa deuda corresponde a préstamos otorgados por Beijing, muchos de los cuales se pagaban mediante envíos de petróleo. Sin embargo, ese mecanismo quedó interrumpido luego de que Estados Unidos confiscara buques vinculados al gobierno venezolano a comienzos de este mes, alterando el flujo tradicional de exportaciones.


Hodge subrayó que, aunque Washington controla formalmente solo los ingresos petroleros, estos representan la principal —y prácticamente única— fuente significativa de divisas para Venezuela, lo que amplifica el impacto de la medida.


Durante la última década, China se consolidó como uno de los principales aliados financieros de Venezuela, otorgándole préstamos millonarios a cambio de petróleo en condiciones preferenciales. Documentos internos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) indican que al menos tres superpetroleros realizaron de forma regular la ruta entre Venezuela y China durante los últimos cinco años para cubrir pagos de intereses, bajo un acuerdo temporal alcanzado en 2019.


No obstante, esos envíos representaban solo una fracción del total de las exportaciones venezolanas hacia China. De acuerdo con AidData, un centro de investigación de la Universidad William & Mary que monitorea préstamos internacionales, parte de los ingresos en efectivo provenientes de ese comercio se depositaban en cuentas controladas por Beijing y se destinaban al pago de deuda, incluso mientras otros acreedores permanecían bloqueados por las sanciones y el default declarado en 2017.


La nueva política estadounidense modifica de raíz ese esquema. La Casa Blanca informó que los ingresos generados por la venta del crudo venezolano se canalizarán a una cuenta con sede en Qatar bajo control de Washington, una decisión que, en la práctica, otorga al gobierno estadounidense una influencia considerable sobre el destino de esos fondos y el orden de pago a los acreedores.


En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China reiteró su rechazo al desvío de las exportaciones petroleras venezolanas. Durante una conferencia de prensa el 7 de enero, Beijing afirmó que deben protegerse “los derechos e intereses legítimos de China y de otros países en Venezuela”.


Desde Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, defendió la medida y aseguró que el acuerdo petrolero negociado por Trump “beneficiará tanto al pueblo estadounidense como al venezolano”.


Funcionarios estadounidenses precisaron que China aún puede comprar petróleo venezolano, pero ya no a los precios preferenciales que, según Washington, estaban por debajo del valor de mercado. En ese contexto, las ventas actuales a refinerías chinas se realizan a través de intermediarios privados y no están destinadas al pago de deuda.


“El pueblo de Venezuela obtendrá un precio justo por su petróleo”, afirmó un funcionario estadounidense, sin ofrecer detalles adicionales.


El gobierno venezolano no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el impacto del nuevo esquema en su relación con China ni sobre el futuro de sus compromisos financieros.


Asesores especializados en reestructuración de deuda advierten que la intervención estadounidense podría alterar profundamente la jerarquía de acreedores y sentar un precedente controvertido.


“Estas medidas tienen el efecto práctico de subordinar las reclamaciones de los acreedores existentes”, explicó Lee Buchheit, uno de los principales expertos mundiales en deuda soberana. Buchheit señaló que no está claro si Estados Unidos tiene el derecho legal de decidir quién cobra primero.


Venezuela mantiene en incumplimiento cerca de 60.000 millones de dólares en bonos desde 2017. Sin una reestructuración formal, el país enfrenta serias limitaciones para acceder a financiamiento internacional y atraer inversiones que permitan reactivar su economía y su deteriorada industria petrolera.


En procesos de reestructuración tradicionales, los acreedores bilaterales suelen coordinarse a través del Club de París para acordar condiciones comparables, estableciendo un marco que luego se extiende a los acreedores privados. Sin embargo, la situación venezolana se complica debido al peso de China, que no forma parte del Club, y al nuevo rol de Estados Unidos como administrador de los ingresos petroleros.


“La comparabilidad del trato será un desafío enorme”, advirtió Mark Walker, asesor con experiencia en procesos de deuda venezolana. “Especialmente si Estados Unidos controla el uso de los ingresos del petróleo”.


Analistas coinciden en que el margen de maniobra inmediato de China es limitado. Históricamente, los países evitan llevar disputas de préstamos soberanos a tribunales internacionales y prefieren resolverlas mediante negociaciones diplomáticas.


No obstante, China conserva una herramienta clave: su cooperación en reestructuraciones de deuda de otros países en desarrollo. Beijing es el mayor prestamista bilateral del mundo emergente y su participación ha sido crucial en acuerdos recientes bajo el llamado Marco Común, como los alcanzados con Ghana, Zambia y Etiopía.


Si China considera que ha sido tratada de manera injusta en el caso venezolano, podría endurecer su postura en futuras negociaciones multilaterales, ralentizando procesos de alivio de deuda en otros países.


Para Venezuela, el escenario es especialmente delicado. Una confrontación prolongada entre Washington y Beijing podría retrasar por años una salida ordenada del default y prolongar la fragilidad económica del país, limitando su capacidad de recuperación incluso si logra aumentar la producción petrolera.


Jean-Charles Sambor, director de deuda de mercados emergentes de TT International, advirtió que este conflicto podría mantener al país “en una situación extremadamente difícil en el futuro previsible”, reduciendo aún más lo que Caracas puede destinar al pago de bonos y otros compromisos.


Mientras tanto, el petróleo venezolano —históricamente una herramienta de poder geopolítico— se ha convertido en el eje de una disputa entre las dos mayores economías del mundo, con consecuencias que podrían redefinir no solo el futuro financiero de Venezuela, sino también las reglas del juego para la deuda soberana en los mercados emergentes.