Por Agencias
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El gobierno de Estados Unidos inesperadamente comenzó a liberar a inmigrantes detenidos en Luisiana, mientras el país atraviesa la actual pandemia de coronavirus, informaron abogados inmigratorios.
Varios de los abogados dijeron que les notificaron que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) comenzaría a liberar a sus clientes, a algunos de los cuales les habían negado la libertad condicional. Nathalia Dickson, abogada en Baton Rouge, Luisiana, señaló que conoce a 16 personas que serán liberadas de una cárcel.
El vocero del ICE, Bryan Cox, indicó que la amenaza del coronavirus era un factor en un proceso actual de revisión de detención, pero negó que hubiera un “cambio de política”.
La agencia ha sido presionada para reducir su población de unos 36,000 reclusos, aproximadamente la mitad de los cuales están acusados de infracciones civiles, no penales. L
os expertos han advertido que el brote del coronavirus podría particularmente afectar a cárceles en donde el distanciamiento social y otras prácticas para controlar la propagación son difíciles de implementar.
El ICE señaló que se ha confirmado que seis detenidos tienen COVID-19, ninguno en Luisiana.
El 61 % de los inmigrantes en centros de detención del ICE nunca ha cumplido una condena, ni siquiera por un delito menor, datos que cobran relevancia en medio reclamos para que sean liberados ante el avance del coronavirus en Estados Unidos.
Un estudio dado a conocer este viernes indica que en octubre de 2017 el número de detenidos del ICE con expediente criminal alcanzó su pico, con menos de 20,000, cifra que disminuyó constantemente a menos de 15,000 durante cada uno de los últimos 5 meses, entre noviembre de 2019 y marzo de este año.
El estudio de los datos del ICE realizado por la Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, mostró que incluso entre los inmigrantes detenidos que tienen una condena, pocas son por lo que ICE califica como delitos graves, donde se cree que las personas representan una amenaza para la seguridad pública.
Solo uno de cada diez (10.7 %) detenidos, menos de 6,000 en todo el país, tienen una condena grave, de un mínimo de cinco años, registrada a partir de julio de 2019, indicó TRAC.
El estudio también reveló que la proporción de detenidos con antecedentes penales varía ampliamente en la red nacional de centros de detención del ICE, como los de detención familiar, donde el 100 % de los detenidos no tenían condenas.
En otros como los centros correccionales de los condados de Clinton, en Pensilvania, y de Wasco, en Oregón, casi todos los detenidos habían cumplido algún tipo de condena.
“A la luz de las preguntas sobre cómo manejar la detención durante la pandemia de coronavirus, estos hallazgos adquieren una nueva importancia”, indicó TRAC en un comunicado.
Advierte que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto repentino y profundo en casi todos los aspectos de la vida en este país y plantea importantes preguntas sobre cómo el ICE debería responder al riesgo para los no ciudadanos en los centros de detención.
Destaca que la agencia de inmigración no ha abordado directamente si usaría su facultad discrecional para liberar a los detenidos que no están sujetos a las pautas de detención obligatoria, o cómo lo haría
Advierte que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto repentino y profundo en casi todos los aspectos de la vida en este país y plantea importantes preguntas sobre cómo el ICE debería responder al riesgo para los no ciudadanos en los centros de detención.
Destaca que la agencia de inmigración no ha abordado directamente si usaría su facultad discrecional para liberar a los detenidos que no están sujetos a las pautas de detención obligatoria, o cómo lo haría
TRAC recuerda que algunos jueces federales ya están comenzando a instar al ICE a liberar a los detenidos en riesgo.
